Informe CIDH 2005

-2005-

El año 2005, estuvo marcado, por las crecientes denuncias de discriminación basada en motivos, políticos, en particular derivado del uso de los datos de las personas que apoyaron con sus firmas la solicitud de referéndum revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez y las correlativas denuncias de despidos de la administración pública, la negativa de acceso a la función pública y la limitación en el acceso a programas sociales derivados del ejercicio de los derechos políticos de las víctimas. Sobre este aspecto la Comisión señaló que:

“A pesar de que el último año en Venezuela disminuyó la conflictividad social caracterizada por violencia y enfrentamientos en manifestaciones públicas, preocupa a la Comisión el debilitamiento de los controles democráticos al poder público.  Principalmente a las garantías básicas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y la oposición política. La Comisión también fue alertada sobre la existencia de un creciente número de incidentes discriminatorios por parte de entes del Estado y sectores privados en el otorgamiento de trabajo y servicios públicos por motivos ideológicos u otras razones conexas.”

Debilidad del Poder Judicial

Entre las situaciones de especial preocupación destacó la destitución de los miembros las Cortes de lo Contencioso Administrativo, cuyos jueces fueron destituidos después de haber emitidos varios pronunciamientos contrarios al Poder Ejecutivo, este caso sería posteriormente conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las Cortes Contenciosas, son los tribunales a los que corresponde controlar decisiones del Gobierno Nacional, las cuales estarían afectadas por la provisionalidad de sus miembros.

En septiembre de 2003, cuatro de los cinco magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fueron destituidos y una de las magistradas fue jubilada. Posteriormente una de las magistradas destituidas y la jubilada serían designadas juezas del Tribunal Supremo de Justicia.

Debido a la destitución, el tribunal dejó de funcionar, hasta que fueron nombrados jueces temporales, nuevamente el 27 de septiembre de 2005 la Comisión Judicial decidió la remoción de los jueces temporales (principales y suplentes) que integraban las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, motivado a que los mismos no aprobaron la evaluación institucional que les fuera aplicada, al respecto la Comisión señaló que “es altamente problemático que un tribunal que debe analizar asuntos de tanta importancia –y, en particular, muchos actos del poder ejecutivo- lleve ya varios años sin contar con jueces de carrera.  Los funcionarios evaluados estaban en sus cargos desde agosto de 2004 y nuevamente son vinculados otros funcionarios.”

Discriminación por motivos políticos:

La Comisión, en su informe señala que durante el año 2005 recibió: “un creciente número de denuncias e información que denotan una tendencia preocupante hacia acciones discriminatorias contra personas que hacen público su disenso con las políticas del gobierno o aquellos que se pronunciaron por la destitución del Presidente Hugo Chávez Frías en el referéndum revocatorio del mandato presidencial celebrado el 15 de agosto de 2004.” En este sentido las personas que expresaron discrepancias políticas con el gobierno serían las que en mayor proporción se encuentran desempleadas o afectadas por acciones discriminatorias.

Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña funcionarias destituidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron requeridas a que retiraran sus firmas de la convocatoria al referéndum revocatorio presidencial, caso contrario fueron destituidas. El caso de las señoras San Miguel, Chang y Peña fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia se espera para el año 2018.

Tulio Álvarez, fue condenado a dos años y tres meses de prisión por difamación durante su ejercicio profesional como abogado representando a trabajadores del Parlamento, en una demanda civil en contra del diputado William Lara, del partido oficialista y presidente del Parlamento. Álvarez, también había sido un vocero importante de la organización opositora al gobierno (Coordinadora Democrática) durante el referéndum revocatorio.

Patricia Poleo, Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País, fue demandada por difamación por el entonces Ministro del Interior con motivo de la información publicada por Poleo sobre el caso del asesinato del Fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Poleo fue condenada el 12 de marzo de 2005 a seis meses de prisión.

Los periodistas Marianella Salazar, Patricia Poleo, Napoleón Bravo e Ibeyise Pacheco, recibieron imputaciones de parte del Ministerio Público durante el año 2005, relacionadas con su ejercicio periodístico y sus opiniones críticas al gobierno.

 

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