Informe CIDH 2012

-2012-

Durante el año 2012, los elementos más complejos ocurrieron en torno a la vigencia de la Ley Habilitante dictada por la saliente Asamblea Nacional en diciembre 2010, con forme a la cual el Presiden Chávez reformó el Código Orgánico Procesal Penal por vía de decreto. Así mismo se dieron procesos de elecciones presidenciales y para elegir gobernadores. Al respecto la Comisión señaló que “las elecciones presidenciales para el período 2013-2019, se llevaron a cabo el 7 de octubre de 2012 y las regionales el 16 de diciembre siguiente.  Del proceso electoral presidencial resultó reelecto el Presidente Hugo Chávez Frías para un tercer mandato consecutivo. El margen de diferencia fue de once puntos (55,08% – 44,30%) por encima de Henrique Capriles Radonski. Respecto de las elecciones regionales, los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela ganaron todas las gobernaciones con excepción de cuatro municipios de los estados Aragua (2) y Carabobo (2).”[1]

Adicionalmente, este año el Estado informó (como en efecto lo hizo) que denunciaría la Convención Americana de Derechos Humanos. Como fue reseñado por la Comisión el año anterior, ya el Tribunal Supremo de Justicia había declarado “inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1º de septiembre de 2011, que condenó al Estado venezolano” En el caso respecto a las inhabilitaciones administrativas impuestas por la Contraloría General de la República contra el señor Leopoldo López Mendoza, y que le impidieron inscribirse como candidato en el proceso electoral de 2008.

El 23 de enero de 2013, conforme a su práctica habitual la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar, y le solicitó que remitiera sus observaciones dentro del plazo de un mes.  El 22 de febrero de 2013, el Estado contestó, cuyas observaciones como indica la Comisión “en lo pertinente, fueron incorporados” al informe.

Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión

  1. Agresiones y Amenazas contra Medios y Periodistas[2]

Entre noviembre de 2011 y en enero de 2012, el periodista Luis Carlos Díaz para entonces coordinador del Área de Comunicación y Redes del Centro Gumilla, una institución de investigación y acción social de la Compañía de Jesús, en Venezuela recibió, amenazas motivadas por su actividad en redes sociales y sus comentarios acerca de los ataques informáticos que habrían recibido diversas personalidades venezolanas, que fueron reflejados pro la CIDH en el informe del año 2011. El 7 de enero un supuesto grupo de hackers denominado N33 e identificado como simpatizante del Presidente Chávez, habría anunciado en la cuenta de Díaz en Twitter el ataque dejándole un mensaje de voz con tono intimidatorio en el cual aseguraban que “lo iban a reventar”. El 20 de noviembre, desde una supuesta cuenta de un canal estatal, Díaz habría recibido mensajes en los que le decían “estás fichado” y ¿Te gustó la sorpresita?”, seguidas por una llamada telefónica en la que le insultaron.

El 28 de enero, las cuentas en Twitter del director de la versión digital del semanario Sexto Poder, Alberto Rodríguez (@AlbertoRoPa), y el periodista Orian Brito (@OrianTV) habrían sido intervenidas por el grupo N33 y los periodistas perdieron el acceso a las mismas. El 31 de enero, habrían comenzado a aparecer archivos personales de Brito en la misma cuenta, así como mensajes agresivos contra periodistas que han sido críticos del presidente Hugo Chávez. Los hechos habrían ocurrido después de que los comunicadores denunciaran que el Gobierno venezolano estaría reclutando menores de edad para actividades armadas.

El grupo de hackers N33 habría intervenido el 7 de marzo la cuenta en la red social Twitter del director del diario El Nuevo País, Edgar C. Otálvora (@ecotalvora), y desde allí enviaron imágenes y mensajes insultantes contra el candidato presidencial opositor Henrique Capriles.

El 8 de febrero de 2012 la corresponsal de Globovisión en el estado Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, fue agredida por el denominado grupo “Brigadas Integrales Comunitarias”, cuando cubría la visita de una comisión de la Fiscalía General de la República que investigaba las muertes de varios recién nacidos en un hospital de Maracay.

El 19 de febrero de 2012 el periodista del diario Visión Apureña, Mario Castillo, habría sido agredido por un presunto miembro de la Guardia Nacional en un hospital de la ciudad de San Fernando de Apure. Según la información recibida, el periodista habría intentado fotografiar el ingreso al hospital de un militar herido de bala en un pie de manera accidental, cuando el efectivo de la Guardia Nacional le habría insultado y amenazado.

El 5 de marzo de 2012, varias decenas de presuntos funcionarios del Estado y miembros de un grupo llamado Los Motilones, se habrían presentado a la emisora La Barinesa 92.7 FM, de Barinas mientras se transmitía el programa Punto y Coma, conducido por el periodista y candidato a la Alcaldía de Bolívar, Adolfo Superlano. De acuerdo con lo informado, la presencia del grupo en la emisora habría tenido la finalidad de amedrentar al director de la emisora, después de que durante varios días un programa transmitiera información relacionada con la posible contaminación del acueducto de Barinitas. Superlano habría denunciado la situación ante el Ministerio Público y solicitado protección.

El 11 de marzo de 2012 desconocidos habrían incendiado la casa del periodista José Ramón González, secretario general de la seccional Apure-Amazonas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). De acuerdo con la información recibida, durante la madrugada los perpetradores habrían entrado violentamente a la casa, rociado gasolina en el interior y prendido fuego. Días antes del incidente, González habría recibido amenazas e intentos de extorsión.

La caricaturista del diario El Universal, Rayma Suprani, habría recibido una serie de mensajes denigrantes e intimidatorios después de que el 14 de marzo de 2012 el conductor del programa “La Hojilla”, de la televisión estatal, Mario Silva, la habría calificado como “racista” y “clasista”. El 20 de marzo la caricaturista habría denunciado las ofensas y agresiones ante el Ministerio Público. El programa “La Hojilla” es transmitido en un canal de televisión público, y se ha caracterizado por cuestionar a críticos u opositores del Gobierno Nacional.

A inicios de junio los periodistas del diario El Universal, María Isoliett Iglesias, Deivis Ramírez, Tomás Ramírez González y Luis García habrían presentado una denuncia al Ministerio Público debido a un mensaje anónimo amenazante recibido en el periódico que advertía acerca de un ataque contra los periodistas que han reportado la crisis carcelaria que se produjo en el centro penal de La Planta.

El 1 de agosto presuntos agentes de la Guardia Nacional habrían despojado de su cámara fotográfica al reportero gráfico del Diario De Frente, Huanis Alfaro, y le habrían borrado las imágenes. Al parecer, el comunicador habría registrado hechos violentos que ocurrían en un lugar público, en la ciudad de Barinas.

El 22 de agosto, la periodista Delvalle Canelón y un camarógrafo que la acompañaba, ambos de Globovisión, habrían sido agredidos por particulares, cuando intentaban informar acerca de hechos violentos que ocurrían en esa prisión.

El 12 de septiembre a la periodista Haydeluz Cardozo y al fotógrafo Jairo Nieto, ambos del diario El Impulso, fueron agredidos por presuntos funcionarios militares cuando buscaban información acerca de un decomiso de camiones de alimentos de la gobernación del estado Lara. Según lo informado, los comunicadores habrían sido golpeados, y su equipo fotográfico dañado, cuando forcejeaban para intentar ingresar a las instalaciones donde se efectuaba la diligencia.

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido y despojado de sus equipos de trabajo a camarógrafos de los canales Gobovisión y DAT TV, cuando intentaban filmar una acción de los guardias contra participantes en una protesta estudiantil relacionada con el mal estado del viaducto La Cabrera, estado Carabobo.

El 20 de septiembre, presuntos agentes de la Guardia Nacional habrían hostigado al reportero gráfico del periódico Notitarde, Raúl Araque, cuando intentaba cubrir el incendio en la refinería El Palito, estado Carabobo. Según lo informado, el fotógrafo hacía su trabajo cuando habría sido abordado por un grupo de guardias que le encañonaron y le obligaron a entregar su equipo.

El 24 de octubre, el periodista del canal público ANTV, César Aponte, habría sido agredido por miembros de la seguridad de la Universidad Central de Venezuela, cuando intentaba cubrir información del Consejo Universitario.

En sus observaciones al informe, el Estado indicó que, la información reportada sobre agresiones y amenazas contra medios y periodistas se encuentra sustentada en “publicaciones de medios de comunicación venezolanos y de ONG’s venezolanas”, cuando “los únicos medios de prueba, según la legislación venezolana, en caso de agresiones son las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, única forma para que se inicie una investigación penal”.

  1. Agresiones en el Contexto Electoral

El 14 de febrero de 2012 presuntos oficiales de la Policía de Aragua habrían sometido físicamente y despojado de su equipo de trabajo al reportero gráfico Luis Rivas, del diario El Aragüeño, cuando cubría los disturbios relacionados con la incautación de actas de votación de las elecciones internas de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, en el municipio Mario Briceño Iragorry. Posteriormente, los oficiales le habrían devuelto los equipos, pero sin la tarjeta de memoria.

El 3 de marzo de 2012, presuntos simpatizantes oficialistas del estado Táchira habrían agredido a la periodista Luz Dary Depablos de Globovisión, único canal de televisión que mantiene una posición crítica del Gobierno, cuando en un acto político intentó acercarse a varios ministros de Gobierno.

El 4 de marzo, en el barrio San José de Cotiza, en Caracas, hombres vestidos con camisas rojas rodearon y robaron los equipos y las imágenes grabadas por la periodista Sasha Ackerman y el camarógrafo Frank Fernández, ambos de Globovisión, después de haber filmado un incidente en el que desconocidos dispararon al aire durante una caminata que realizaba el candidato presidencial de oposición, Henrique Capriles.

El 12 de marzo de 2012 en el municipio de Cabimas presuntos simpatizantes de la oposición política habrían agredido al periodista del canal Catatumbo TV, Fidel Madroñero y a su camarógrafo, Ricardo Carrillo, cuando intentaban grabar imágenes de personas que apoyan al presidente Hugo Chávez. De acuerdo con lo informado, los presuntos agresores habrían intentado arrebatar los equipos de grabación y habrían tomado objetos personales del periodista.

El 17 de marzo, presuntos integrantes del Consejo Comunal de San Agustín de Maracay, estado Aragua, habrían agredido a la periodista Julie Arévalo y al camarógrafo Fernando Peña, de la televisora TVS, y a la periodista Lourdes Maldonado y al fotógrafo Javier Troconiz, del diario El Siglo, cuando intentaban cubrir una manifestación de un partido político opositor. Los perpetradores habrían agredido a Troconiz y lanzado piedras hacia el equipo de TVS, obligando a ambos equipos a retirarse.

El 19 de marzo de 2012, la periodista del canal Ávila TV, Llafrancis Carolina Colina Petit habría presentado una denuncia ante el Ministerio Público contra el diputado de la oposición y candidato a la gobernación de Aragua, Richard Mardo, por una supuesta agresión física en su contra sucedida durante un acto proselitista en La Victoria, Aragua.

El 21 de marzo, presuntos seguidores del candidato presidencial Henrique Capriles, habrían agredido a la periodista de la emisora estatal Venezolana de Televisión, Carolina Zapata, que grababa las declaraciones del candidato durante una caminata en San Cristóbal, Táchira.

El 17 de abril, el camarógrafo de Televen, Oneiver Rojas, habría sido golpeado por un dirigente de la oposición, que también habría intentado agredir al presentador Jorge Amorim, del programa ’La Hojilla’ de Venezolana de Televisión, mientras cubrían un acto político de Henrique Capriles en Anzoátegui.

El 10 de mayo, el camarógrafo de Venezolana de Televisión, Danny Vargas, habría sido golpeado y despojado de su equipo de trabajo cuando filmaba una actividad proselitista convocada por el candidato a la alcaldía del municipio de Pedraza en Barinas.

El 26 de julio, participantes en una reunión política de la oposición en Guárico habrían empujado a la periodista del canal público Venezolana de Televisión (VTV), Giovanina Guillén, e intentado arrebatar el equipo de filmación al camarógrafo que la acompañaba.

El 4 de septiembre, miembros del equipo de prensa y seguridad del candidato Henrique Capriles habrían agredido a las periodistas Carolina Zapata y Blanca Castejón, corresponsales de Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela, cuando intentaban entrevistar al aspirante presidencial en un acto político en Ureña, estado Táchira.

El 9 de septiembre, presuntos miembros de la oposición habrían agredido a la periodista Lorena Benítez, del Sistema Nacional de Medios Públicos. De acuerdo con lo informado, la periodista cubría una actividad proselitista del candidato opositor en un barrio de Caracas cuando los agresores la habrían insultado y arrojado un líquido al cuerpo. Al intentar fotografiar el hecho, la periodista habría sido golpeada.

El 12 de septiembre al fotógrafo de la Agencia Francesa de Prensa (AFP), Geraldo Caso Bizama, habrían agredido De acuerdo con información recibida, presuntos simpatizantes del presidente Hugo Chávez, cuando intentaba fotografiar la llegada del candidato opositor Henrique Capriles al aeropuerto de Puerto Cabello.

El 30 de septiembre, el reportero gráfico Cristian Hernández, del diario Tal Cual de Caracas, habría sido agredido verbal y físicamente por unas 30 personas con camisetas rojas, cuando regresaba a su casa después de cubrir la marcha de cierre de campaña del candidato de la oposición.

Los días 4 y 7 de octubre, grupos de personas identificadas con los colores e insignias del partido oficialista se habrían acercado a la sede del canal Globovisión, de línea editorial crítica del Gobierno, en actitud intimidante. En este contexto, el periodista estadounidense Kelvin Charles, de Martí TV y Mega TV de Miami, habría sido golpeado en una pierna el 4 de octubre, mientras grababa el conglomerado frente a la sede de Globovisión.

El 7 de octubre de 2012, habría sido agredido el reportero gráfico Demetrio Caraindro, del diario Correo del Caroní, por presuntos efectivos militares habrían insultado e intentado golpear y arrebatar el equipo fotográfico al reportero, mientras este registraba un conflicto durante el cierre de las mesas de votación en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El 7 de octubre, un equipo del diario Últimas Noticias habría sido agredido y amenazado con un arma de fuego por personas que se habrían identificado como “comunicadores comunitarios”, cuando intentaban cubrir información acerca de un hecho de violencia ocurrido afuera de un centro de votación en la urbanización Kennedy, en Macarao.

El 8 de octubre habrían sido retenidos temporalmente, cuando se disponían a abandonar el país tras cubrir las elecciones presidenciales, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el periodista argentino Jorge Lanata y su equipo periodístico de Canal 13. Según lo informado, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) habrían dejado incomunicado al periodista y a su equipo por varias horas y le habrían decomisado su material periodístico. Según Lanata, los agentes le habrían interrogado individualmente y acusado de “espionaje”. A su ingreso al país, tanto el periodista como su equipo reporteril habrían reportado una situación similar de retención e interrogatorios, el día 3 de octubre.

El director de la organización de la sociedad civil Convite, Luis Alfonso Cabezas, habría recibido amenazas telefónicas el 11 de octubre, tras publicar el 7 de octubre en el diario El Nacional, un artículo sobre la calidad de la atención hospitalaria en el país. Según lo informado, en el fondo de las amenazas telefónicas recibidas, se escuchaba música de la campaña electoral del PSUV.

Agresiones, amenazas y condicionamientos previos en el contexto de las denuncias por contaminación del agua

El 19 de enero de 2012, la periodista Giselle Almarza, de Globovisión y su camarógrafo, Dalí Gómez, habrían captado imágenes de un presunto derrame petrolero ocurrido en la localidad de La Pica, estado Monagas. Campesinos de la zona advirtieron a los comunicadores que efectivos de la GNB iban a detenerlos. La periodista habría sido retenida durante unos 40 minutos por la GNB y funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que le pedían la entrega del material grabado por carecer de autorización para realizarlas. Finalmente le permitieron continuar con su trabajo .

El 14 de febrero de 2012, la reportera Florantonia Singer y del fotógrafo Carlos E. Ramírez, del periódico Últimas Noticias, de Cadena Capriles, presuntamente fueron detenidos cuando buscaban información acerca de un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas. De acuerdo con lo informado, efectivos militares habrían abordado a los comunicadores y los habrían retenido mientras llegaban a ese lugar funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El 15 de marzo de 2012, presuntos integrantes de un consejo comunal de la región de Isla de la Culebra, estado Carabobo, interrumpieron de manera agresiva una transmisión en vivo del programa ‘Radar de los Barrios’, de Globovisión, e intentaron arrebatar el micrófono al periodista, cuando vecinos denunciaban problemas con la calidad del agua en el lugar.

La Asamblea Nacional aprobó el 20 de marzo de 2012 una solicitud de uno de sus miembros, mediante la cual se requiere a la Defensoría del Pueblo realizar una investigación por la emisión de un supuesto mensaje racista en una caricatura publicada en el diario Tal Cual. Dicha caricatura, relativa a las denuncias por el derrame de petróleo en varios sectores de Venezuela, un hombre con boina militar similar a la utilizada por el presidente Hugo Chávez, abre el grifo, del que sale agua oscura, y explica a dos niños: “Basta de supremacía blanca… ahora tenemos aguas afrodescendientes”.

El 21 de marzo de 2012, el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas acogió una solicitud del Ministerio Público para exigir “a los medios de comunicación nacionales y regionales impresos; así como a los noticieros de radio, televisión y digitales que actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano, debiendo contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente”. El 20 de marzo de 2012, un día antes de que la decisión judicial fuese adoptada, el presidente Hugo Chávez habría instado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia a investigar a quienes habían divulgado información acerca de la presunta contaminación. Al respecto, el presidente Hugo Chávez habría afirmado: “Yo no soy juez ni nada, pero soy jefe de Estado y tengo que hacer un llamado a los entes del Estado a asumir cada quien su responsabilidad. La Fiscal General de la República, yo la insto, la exhorto, a la doctora Luisa Ortega, a que asuma su responsabilidad; a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Luisa Estela Morales, la exhorto, con todo respeto, a que asuma su responsabilidad. No podemos estar cruzados de brazos ante tales campañas”.

El 15 de agosto en el municipio Freites, los reporteros Argel Fernández, Sergio Salazar, del diario El Tiempo, así como a Susana Quijada y al fotógrafo José González, de Mundo Oriental, fueron detenidos por parte de presuntos efectivos del Ejército Bolivariano y del departamento de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, cuando regresaban de cubrir un derrame de petróleo en esa comunidad y habrían alegado que los comunicadores habrían “sustraído información de una zona petrolera privada” y por eso debían dar una declaración. Los comunicadores habrían sido liberados una hora y media después.

Retenciones e Incautación de Material Periodístico

El 8 de febrero de 2012, funcionarios de las Milicias Bolivarianas habrían retenido dentro de un hospital de Caracas a los periodistas Abrahán Carvajal y Jesús García, del diario Últimas Noticias, cuando obtenían información para una campaña preventiva de accidentes de tránsito. De acuerdo con la información recibida, los periodistas tenían autorización de un jefe de traumatología, pero aun así los milicianos los habrían llevado a la oficina de seguridad del hospital, les habrían confiscado los equipos y notas, y los habrían obligado a quitarse parte de su ropa en busca de memorias de video. Después de mantenerlos incomunicados unas tres horas, los funcionarios de la milicia les habrían dejado salir con sus pertenencias.

El 30 de abril de 2012, agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían retenido a dos técnicos de la cadena Globovisión, y confiscado temporalmente sus equipos de transmisión. De acuerdo con la información recibida, la agresión ocurrió en el contexto de la cobertura de un conflicto en la penitenciaría La Planta, en Caracas. Antes de la retención, la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, habría declarado al canal del Estado VTV que Globovisión hacía un “show” e intentaba generar zozobra, además de advertir a esa emisora para que se retirara de las cercanías de la prisión y amenazar con confiscar los equipos.

El 17 de mayo de 2012 la presunta detención de Daniel Guillermo Colina, periodista de Globovisión, y de su camarógrafo y asistente, así como de la retención del material periodístico obtenido por el referido equipo por agentes de la Policía de Caracas mientras cubrían enfrentamientos ocurridos en el centro de internación judicial de La Planta. Otros incidentes de características similares que involucrarían al personal de Globovisión en cubrimiento de hechos noticiosos en el mismo centro penitenciario habrían ocurrido el 30 de abril y el 8 de mayo.

El 28 de agosto, supuestos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana habrían retenido durante al menos media hora a la periodista Adriana Rivera y al fotógrafo Raúl Romero, del periódico El Nacional, cuando intentaban informar acerca del incendio en el Complejo Refinador de Amuay, estado Falcón.

Responsabilidades ulteriores

El 10 de octubre, el concejal Nelson Urbina del municipio de Carirubana fue hallado culpable de difamación e injurias en perjuicio del alcalde de esa localidad y condenado a tres años de prisión. El proceso penal en su contra habría iniciado en 2007, cuando el alcalde presentó una denuncia con base en materiales críticos de su gestión, que el concejal habría publicado en una columna de opinión. Urbina habría sido trasladado al Internado Judicial de Coro, estado de Falcón, para servir su condena.

Garantías para la independencia judicial, el debido proceso legal y el acceso efectivo a la justicia

Durante 2012 la Comisión ha continuado recibiendo información sobre la situación del Poder Judicial en Venezuela y la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial frente al poder político, así como sobre presuntas injerencias del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales.

Remoción y persecución de jueces con connotaciones políticas

Durante el año 2012, la Comisión continuó recibiendo información sobre la situación de la Jueza 31 de Control del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni Mora, quien decidió sustituir el 10 de diciembre de 2009 la medida privativa de libertad del ciudadano Elegio Cedeño por una medida cautelar menos gravosa , ya que para la fecha había permanecido privado de libertad por más de dos años en violación del plazo máximo de detención preventiva contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal que establece un plazo máximo de dos años , basándose en la Opinión No. 10/2009 (Venezuela) emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de 1˚ de septiembre de 2009.  En dicha opinión, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria declaró la privación de libertad del señor Cedeño como arbitraria, con base en su prolongada detención provisional.

En marzo de 2012, los abogados de la defensa de la jueza, José Amalio Graterol y Thelma Fernández denunciaron ante los medios de comunicación que estarían recibiendo presuntas amenazas por parte de funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial.  En sus declaraciones, José Amalio Graterol denunció que había recibido la advertencia de que “en el Ministerio Público se estaba cocinando una maldad en su contra, siembra de drogas o armas, con la finalidad de privarlo de libertad y que no se siga con el caso Afiuni”.

El 4 de junio de 2012, José Amalio Graterol fue detenido en la sede del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, mientras se encontraba en funciones de representación judicial de un procesado en el Tribunal Cuarto de Juicio de la misma Circunscripción.  La información disponible indica que el abogado se habría negado a realizar un juicio sin la presencia de su defendido.  Según declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la detención se habría efectuado porque José Amalio Graterol “pretendía evitar la condena” de su defendido y tratado de obstaculizar la justicia con “prácticas dilatorias” .  Diversas ONGs nacionales e internacionales se pronunciaron para condenar el hecho y exigir la liberación de José Amalio Graterol.

El 8 de junio de 2012, el Tribunal Primero de Control de Vargas acordó continuar el proceso de juicio en contra de José Amalio Graterol por el delito de “obstrucción a la justicia” establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la audiencia de presentación, el Tribunal otorgó la libertad bajo fianza con presentación cada 15 días, prohibición de salida del país y de hablar a los medios de comunicación sobre los casos que lleva a su cargo en el Estado Vargas.  El 12 de junio de 2012, fue emitida la boleta de excarcelación y José Amalio Graterol fue puesto en libertad.  El 18 de diciembre de 2012 el juez Tercero de Juicio del Circuito Judicial de Vargas, dictó condena de 6 meses de prisión contra el representante legal de la jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol, por el delito de “obstrucción a la justicia”.

El 16 de septiembre de 2012 se conoció que el edificio donde se encuentra recluida, la jueza Afiuni, fue atacado con más de 20 disparos de un presunto fusil.  El inmueble y centro de reclusión de Afiuni no sufrió mayor daño a diferencia del apartamento de arriba que recibió varios disparos en la ventana. Por otro lado, a más de tres años de haberse decretado la detención preventiva contra la jueza Afiuni, los procesos judiciales aún continúan, sin una decisión final sobre su situación.

Según informó el Estado a la CIDH el proceso contra la jueza Afiuni “se se trata de un caso de “prevaricación” que se ha retardado porque la doctora Afiuni se ha negado por espacio de dos años ha presentarse en las audiencias y hasta la reforma del Código Órganico Procesal Penal de fecha 15 de julio de 2012, nuestro sistema procesal penal impedía la realización de la audiencia pública sin la presencia de la persona imputada.  Con la nueva reforma se puede realizar la audiencia con presencia del defensor de la imputada, y eso contribuye a que ese juicio se pueda adelantar.

Situación de los alegados presos políticos

Reforma del Código Orgánico Procesal Penal

La reforma al COPP fue dictada mediante el Decreto No. 9.042 con rango, valor y fuerza de ley del Presidente de la República, con base en la “Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en las Materias que se Delegan”, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.009, Extraordinario, del 17 de diciembre de 2010, conocida como “Ley Habilitante”.  Mediante decisión de 15 de junio de 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la “constitucionalidad del carácter orgánico” del Decreto. La decisión fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N1 6.078, de fecha 15 de junio de 2012.

Diversas organizaciones han denunciado que la reforma plantea cambios significativos en relación con las garantías del debido proceso en el sistema procesal penal, tales como la supresión del derecho de las víctimas a ser oídas por el tribunal antes de que éste dicte cualquier decisión que ponga fin al proceso o lo suspenda condicionalmente.  Indicaron que aun cuando se reconoce el derecho de informar a las víctimas de los avances y resultados del proceso sólo cuando lo hayan solicitado, no obliga de oficio al Poder Judicial a informarles, lo cual limita el derecho de acceso a la justicia.   Asimismo, se ha eliminado la posibilidad de que las víctimas deleguen la representación de sus derechos a una organización de derechos humanos, dado que podrán delegar dicha representación sólo en la Defensoría del Pueblo o en el Ministerio Público, lo cual impide la participación de organizaciones no gubernamentales en la atención a las víctimas. Este nuevo Código ha eliminado también la posibilidad de que las organizaciones presenten querellas contra agentes del Estado en casos de violación de derechos humanos.

Por otra parte, el nuevo COPP ha limitado los derechos de las personas imputadas, que ya no tienen la posibilidad de comunicarse con una organización de asistencia jurídica para informar sobre su detención y denunciar violaciones de derechos humanos y se ha suprimido el derecho a no ser juzgado en ausencia. Esto podría agravar la situación de las personas privadas de libertad, respecto a sus traslados a los tribunales, dado que ahora en defecto de la presentación del procesado con su defensa, el juicio podría celebrarse en su ausencia y con la defensa que el Estado asigne.

Al respecto, en sus observaciones al Proyecto de Informe sobre la Situación General de Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela correspondiente al año 2012, el Estado indicó que con el nuevo Código la no asistencia del procesado no será obstáculo de suspensión del juicio como pasaba en el viejo Código, pues su defensa podrá representarlo y garantizar el debido proceso.  Agregó que el nuevo COPP garantiza efectivamente el derecho a la defensa de los ciudadanos y eliminará en el corto plazo los retardos procesales, contribuyendo al descongestionamiento de las cárceles.

Asimismo, el nuevo COPP ampliaría las excepciones al principio de publicidad del proceso penal estableciendo como excepción adicional “[c]ualquier otra circunstancia que a criterio del Juez o la Jueza, perturbe el normal desarrollo del juicio”, con lo cual se podría generar una violación al artículo 8.5 de la Convención Americana. El nuevo COPP eliminaría la figura de los escabinos en el juicio penal y establecería la posibilidad de ordenar medidas definitivas de confiscación de los bienes de las personas que están siendo procesadas, sin sentencia condenatoria, con lo cual se podría violar el principio de presunción de inocencia, establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana.

El Estado indicó que la reforma del COPP se produjo porque el Código anterior no estaba adaptado a la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que generaba fuertes retardos procesales.  Respecto de los “jueces escabinos” sostuvo que “generaban retrasos en los procesos penales.  Este modelo fracasó porque las personas seleccionadas, siempre presentaban excusas y no se presentaban a los juicios”. El Estado indicó que, a partir de la reforma, el Tribunal Supremo de Justicia está encargado de constituir los tribunales de primera instancia municipal que tendrán funciones de control con competencia en delitos menos graves y tendrán un procedimiento expedito dependiendo de la gravedad del caso.

El COPP de 2012 extiende los plazos para el otorgamiento de penas alternativas a la prisión de los ya penados e incrementa los requisitos para el otorgamiento de las medidas sustitutivas de pena.

El 10 de septiembre de 2012 el Secretario General de la OEA recibió la nota formal de denuncia de la Convención Americana, por parte de la República Bolivariana de Venezuela.  En la nota del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de fecha 6 de septiembre de 2012, dirigida al Secretario General de la OEA, la cancillería venezolana, en representación del Gobierno, manifiesta y solicita al Secretario General:

“[L]a decisión soberana de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual a tenor de lo dispuesto en su artículo 78, mucho apreciaré considere la presente nota como la Notificación de Denuncia para que, a partir del término establecido en la misma, cesen sus efectos internacionales, en cuanto a ella se refiere, y la competencia de sus órganos para nuestro país tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.”

Situación de defensoras y defensores de derechos humanos

La CIDH ha continuado recibiendo información acerca de ataques, amenazas y declaraciones que desprestigiarían el trabajo de defensores y defensoras y los expondrían a una situación de mayor riesgo.

La Ministra de Servicio Penitenciario, se habría referido al Sr. Humberto Prado el día 18 de octubre de 2012, en un enlace telefónico con el programa “La Hojilla” transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, llamándolo “mafioso” y afirmando que “el señor Pardo cuando fue director de Yare fue el que comenzó con la situación de creación de mafias, de la introducción de armas, de control y hasta de drogas, por lo que habría sido destituido. La misma funcionaria habría declarado, en una entrevista realizada el 08 de noviembre de 2012 a través de la emisora Actualidad Unión Radio, que “los presos han manifestado su rechazo hacia la ONG de Humberto Prado (Observatorio Venezolano de Prisiones) por la injerencia y la manipulación de los hechos ocurridos en las cárceles”.

El 05 de octubre de 2012, el señor Prado denunció ante la Fiscal General de la República para solicitar una investigación sobre la presunta intrusión informática y suplantación de identidad de su cuenta oficial de twitter y al día siguiente, el conductor del programa “La Hojilla” habría mostrado públicamente la bandeja de entrada de su correo electrónico.

Marianela Sánchez Ortiz, coordinadora del Observatorio Venezolano de Prisiones, recibió amenazas que involucraron a otros miembros de su familia. La Comisión reseñó que mientras se encontraba realizando el monitoreo de una serie de hechos violentos que se habrían suscitado en la cárcel “La Planta en la ciudad de Caracas, la señora Sánchez Ortiz habría observado que un hombre desconocido la siguió para tomarle fotografías sin hacer preguntas o identificarse como miembro de la prensa. Luego el 30 de mayo de 2012, entre las 11:00 y las 11:30 horas, cuatro hombres armados se habrían acercado a Hernán Antonio Bolívar, esposo de la señora Sánchez Ortiz, en el momento en que ingresaba a su vehículo, y uno de ellos, apuntándole con un arma de fuego en la cabeza, y según su testimonio, “lo habría amenazado de muerte, a él y a su familia, si su esposa continuaba denunciando las violaciones de derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Semanas después, el 22 de junio de 2012, mientras la señora Sánchez Ortiz volvía desde el Circuito Judicial de la Corte Penal de Caracas, dos sujetos se habrían acercado a ella, mientras otros dos la esperaban frente a la entrada del edificio donde se encuentran las oficinas del Observatorio Venezolano de Prisiones. Uno de los hombres le habría impedido la entrada, mientras que otro habría dicho en voz alta “ésa es”, mirándola en forma intimidante. Cuando el hombre se apartó, la señora Sánchez Ortiz habría aprovechado para entrar rápidamente en el edificio, asustada. La CIDH solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de la señora Sánchez Ortiz y su familia, las cuales fueron ordenadas el 06 de septiembre de 2012.

Rocío San Miguel recibió amenazas a través de su correo electrónico y de la red social Twitter. El 18 de enero de 2012 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rocío San Miguel y su hija, quienes habrían sido objeto de hostigamientos y amenazas, incluyendo presuntas amenazas de muerte recibidas en su domicilio. Las amenazas y hostigamientos tendrían relación, entre otras, con las actividades que San Miguel desarrolla como parte de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

 

[1] Nota: los resultados de las elecciones regionales no corresponden con lo reseñado en el informe de la CIDH, por ejemplo: el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 20 de las 23 gobernaciones, las gobernaciones de los estados Amazonas, Miranda y Lara, ganaron candidatos opositores, afiliados a la Coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).

[2] Algunos casos reseñados por la CIDH bajo este renglón no han sido incluidos, pues no coinciden claramente con el patrón de ataques relacionados con la crisis política.

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