Informe CIDH 2013

-2013-

El año 2013, la Comisión realizó sus consideraciones sobre la inclusión de Venezuela bajo la premisa de su nuevo reglamento, que entró en vigencia 1ro de agosto de 2013 el cual establece como criterio para la inclusión de un Estado Miembro en el capítulo V: la existencia de “a. una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida […]”.

Derechos políticos

El año 2013, estuvo además marcado por la crisis política a raíz del anuncio del fallecimiento del Presidente Chávez, quien había sido reelecto el 7 de octubre de 2012, para el período 2013-2019. Conforme al artículo 231 de la Constitución venezolana, la toma de posesión del Presidente Hugo Chávez para el nuevo período presidencial, debía realizarse el 10 de enero de 2013 ante la Asamblea Nacional, sin embargo, el presidente Chávez se había retirado a Cuba en diciembre de 2012, para tratar su enfermedad, e indicando en cadena nacional que “en caso de quedar inhabilitado para el ejercicio de sus funciones, su sucesor debía ser Nicolás Maduro, quien para ese momento ejercía el cargo de Vice-Presidente” El 21 de diciembre de 2012, y ante la ausencia del Presidente por motivos de salud, se interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una demanda de interpretación constitucional acerca del contenido y alcance del artículo 231, que fue resuelto el 9 de enero de 2013 de la Sala Constitucional, en la cual determinó que:

  1. no era necesaria una nueva toma de posesión, porque se trataba de un Presidente reelecto y por lo tanto, no existía interrupción en el ejercicio del cargo;
  2. el artículo 231 establecía un término para la juramentación ante la Asamblea Nacional, no así en el caso de presentarse un “motivo sobrevenido”; y
  • el Poder Ejecutivo debía seguir ejerciendo sus funciones, con fundamento en el “principio de la continuidad administrativa” de los Poderes Públicos, y el de la “preservación de la voluntad popular.

El 05 de marzo de 2013, fue anunciada la muerte del Presidente Chávez. Luego el 6 de marzo se interpuso ante la Sala Constitucional del TSJ una solicitud de interpretación del artículo 233 de la Constitución, que regula las faltas absolutas del Presidente de la República.

El 8 de marzo de 2013 el TSJ estableció que, de acuerdo a lo dispuesto en la sentencia de 9 de enero, “el mandato presidencial había iniciado el 10 de enero de 2013, ya que si bien no se había juramentado el Presidente “continuaba en funciones”. En ese sentido, la Sala consideró que era aplicable lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución, en cuanto a que la falta absoluta del Presidente se produjo “durante los primeros cuatro años del período constitucional” (…) correspondiendo asumir la Presidencia temporal al Vice-presidente Ejecutivo. Por lo que se “dispuso que se convocara a una elección universal, directa y secreta”. Adicionalmente, la Sala indicó que “la prohibición de ser elegido Presidente para “quien esté en ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo […]” declarada la falta absoluta del Presidente en funciones, y al asumir dicho cargo el Vicepresidente Ejecutivo, no se actualizaba la prohibición contenida en el artículo 229, para el ciudadano Nicolás Maduro, y por tanto éste no debía separarse de su cargo como Presidente encargado.”

Las elecciones presidenciales fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 14 de abril de 2013. Tras la jornada electoral, el CNE informó que “el candidato Nicolás Maduro había obtenido el 50.66% de los votos, y el candidato de oposición, Henrique Capriles, el 49.071%”. El 15 de abril Nicolás Maduro, fue proclamado y el 19 de abril, tomó posesión para completar el período presidencial 2013-2019.

El resultado electoral devino en una situación de tensión entre la oposición y seguidores del Presidente Nicolás Maduro, tras el anuncio del candidato de oposición, Henrique Capriles, de no reconocer los resultados hasta tanto no se hiciera un reconteo del total de votos escrutados. Al respecto, la CIDH ha señalado que “Varias organizaciones de la sociedad civil, se pronunciaron sobre el resultado electoral, indicando que “dado el estrecho margen de diferencia entre los dos principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias por parte de los actores políticos, presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten justificar la activación de los mecanismos previstos en la legislación nacional para una revisión detallada de los mismos […] Así mismo la coalición de organizaciones denominada Foro por la Vida, denunció públicamente que los hechos de violencia registrados y la actuación de los cuerpos estatales, constituía “una suspensión de garantías constitucionales de facto”.

Según el seguimiento, realizado por la CIDH a la situación “cerca de 60 personas habrían resultado heridas, al menos 135 habrían sido detenidas y se habría registrado la muerte de varias personas en el contexto de las manifestaciones.”

El 18 de abril de 2013 la Presidenta del CNE anunció que había recibido una solicitud del candidato Henrique Capriles para “culminar la auditoría de verificación ciudadana […] de las cajas de resguardo del comprobante del voto”. Dicha autoridad aclaró que el ente electoral no había recibido una “solicitud de reconteo de votos” y que “un nuevo escrutinio automatizado solo [podía solicitarse] mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Con ocasión de dicha solicitud, el CNE acordó “en el marco de lo permitido por la normativa electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana […] para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección”.

El 11 de junio de 2013, el CNE anunció que había culminado el proceso de verificación ciudadana sin discrepancia alguna entre las actas de escrutinio y el 99.98% de los comprobantes de votación auditados. El 2 de mayo de 2013, se presentó un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del TSJ, solicitando la “nulidad total del proceso electoral para la elección presidencial” del 14 de abril de 2013.

El 20 de junio de 2013, la Sala Constitucional del TSJ, decidió avocarse y tomar para sí el conocimiento de las demandas de impugnación en contra de las elecciones presidenciales de abril. El 7 de agosto de 2013, la Sala Constitucional declaró inadmisible el recurso contencioso electoral, en su decisión basada en la consideración que dicha demanda, “debe ser declarada inadmisible, por contener conceptos ofensivos e irrespetuosos en contra de esta Sala y otros órganos del Poder Público” refiriéndose a una serie de consideraciones sobre la falta de imparcialidad de varios órganos del Poder Público y por ese mismo motivo impuso al impugnante: Henrique Capriles Radonsky, una multa en vista de la gravedad de las ofensas y términos; además de remitir el asunto al Ministerio Público.

Adicionalmente, la Sala Constitucional del TSJ declaró inadmisibles otros 9 recursos contencioso electoral interpuestos por diferentes organizaciones políticas y particulares, relacionados con el proceso electoral del mes de abril.

El 8 de diciembre de 2013, se llevaron a cabo elecciones regionales en Venezuela para la elección de autoridades en 335 municipios, dos alcaldías metropolitanas y 986 parroquias del país.[1]

En este contexto electoral, la CIDH reflejó en su informe la detención arbitraria e ilegal del dirigente de oposición Alejandro Silva, el 29 de noviembre de 2013. Igualmente, el asesinato de José Chirinos en Venezuela, candidato a Concejal por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el Estado Zulia;

La Comisión, reflejó igualmente en este contexto electoral la “tendencia hacia acciones de represalia contra personas que públicamente manifiestan o asumen una postura de disenso con las políticas del gobierno y, las supuestas afectaciones tanto a las autoridades de la oposición como a ciudadanos que ejercen su derecho a expresar su disconformidad con las políticas adelantadas por el gobierno” y como esta “esta tendencia preocupante habría continuado, y habría tenido su punto más álgido durante el contexto relacionado con la salud y el fallecimiento del Presidente Chávez, la jornada electoral sobrevenida y con posterioridad al nombramiento de Nicolás Maduro como Presidente de la República”.

Estos eventos incluyeron “el aumento sustancial de declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de altos voceros del Gobierno en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición, y que a juicio de la Comisión recrudecen el delicado ambiente de polarización que es favorecido por las alegadas represalias al disenso político.”

La CIDH destaca los señalamientos de altas autoridades del Gobierno en contra de la organización PROVEA. En este caso, el 18 de abril de 2013 PROVEA emitió un comunicado mediante el cual informó que “tras un exhaustivo arqueo en medios digitales e informativos estatales […] no consiguió ninguna evidencia acerca de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) que supuestamente habían sido incendiados por partidarios de la oposición […]” El 19 de abril siguiente, PROVEA informó a través de su portal en Internet, que el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, había solicitado información a la organización sobre la información publicada. El mismo día, PROVEA emitió otro comunicado mediante el cual denunciaba que durante la tarde del 19 de abril, el Ministro Villegas había difundido “a través de su cuenta Twitter varios mensajes descalificando e instigando el odio” contra la organización. En ese sentido, PROVEA denunció que tales mensajes criminalizaban el trabajo de la organización en defensa de los derechos humanos, e instigaban “el odio público”, lo que resultaba particularmente grave en el contexto de polarización y “crisis signada por expresiones anómicas de violencia, fanatismo e intolerancia”.

Además, la CIDH reflejó la restricción a los derechos políticos a ejercer su derecho de palabra en las sesiones de debate de la Asamblea Nacional. Específicamente, se reporta que el Presidente de la Asamblea Nacional, no habría permitido el uso de la palabra a los diputados de oposición que no reconocieran a viva voz a Nicolás Maduro como presidente, así como la suspensión del pago de su salario. Estos hechos habrían propiciado una delicada situación de tensión que desembocó en ataques violentos ocurridos el 30 de abril de 2013, en la sede de la Asamblea Nacional, en los que varias personas habrían resultado heridas.

Igualmente, se señaló los intentos de procesar penalmente a los diputados opositores Richard Mardo, Juan Carlos Caldera y María Aranguren. Asimismo, la Asamblea Nacional habría aprobado el allanamiento de inmunidad parlamentaria a Mardo y Aranguren.

Durante el acto de presentación por el Presidente de la República de una solicitud de Ley Habilitante para que le sean otorgados poderes especiales para legislar, los diputados de oposición Nora Bracho y Julio Borges habrían intentado interrumpir la intervención del Presidente ante el Parlamento, cuando hacía referencia a supuestas denuncias de corrupción vinculadas al partido político al cual pertenecen. Por estos hechos, los diputados habrían sido suspendidos de su derecho de palabra por parte del presidente de la Asamblea Nacional.

Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión. Detenciones y destrucción de material periodísticos

El 20 de febrero el reportero gráfico del diario La Voz, Jaime Manrique, habría sido agredido y detenido en una unidad militar mientras cubría una protesta de personas que reclamaban por la falta de viviendas. Los presuntos efectivos le habrían quitado su cámara fotográfica y habrían roto su memoria de almacenamiento.

El 21 de febrero, presuntos funcionarios de la Milicia Nacional Bolivariana, habrían retenido e interrogado al reportero gráfico Cristian Hernández y a la periodista Eliscartt Ramos, del diario local 2001 y habrían borrado el material fotográfico que poseían, mientras los reporteros investigaban un supuesto desabastecimiento de alimentos.

El 25 de febrero el reportero Serge Boire, corresponsal para América del Sur de La Presse de Montreal, habría sido interrogado y retenido, por presuntos funcionarios de seguridad cuando hacía unas filmaciones del Palacio de Miraflores. Minutos más tarde, habría sido abordado por dos civiles que se identificaron como funcionarios de inteligencia, quienes le habrían preguntado sobre las imágenes que tenía en la cámara. Luego, habrían llegado dos presuntos agentes de la Policía Nacional Bolivariana, quienes habrían obligado al periodista Boire a vaciar sus bolsillos y habrían verificado su celular y revisado su documentación. Cuando el periodista regresó al hotel donde se hospedaba habría sido solicitado en recepción por presuntos funcionarios de inteligencia.

El 1 de marzo habría sido detenido el periodista Víctor Manuel García Hidalgo, editor y director del portal de noticias Informe Cifras, quién hasta la fecha de cierre de este informe se encontraría preso en la penitenciaría de delitos comunes, Yare III. Según la información recibida, la Fiscalía General de la República le habría imputado el delito de “rebelión civil”, luego de que este expresara su opinión en medios de comunicación luego del golpe de estado de abril de 2002. Además, la acusación se basaría en la existencia de fotografías que lo mostrarían en las instalaciones de la Comandancia General del Ejército. La defensa ha manifestado que García Hidalgo se encontraba en el lugar junto a otros comunicadores, reportando los hechos.

El 6 de marzo, en Caracas, habrían sido detenidos e interrogados los reporteros Jesús Alberto Yajure, de Últimas Noticias, y Andrew Rosati, corresponsal del Miami Herald, mientras se encontraban realizando su labor en la capilla del Hospital Militar tras el fallecimiento de Hugo Chávez. Los funcionarios habrían acusado al reportero del Miami Herald de ser “un espía”, lo habría interrogado y habrían revisado su teléfono y su cámara fotográfica. Al reportero de Últimas Noticias le habrían borraron algunas fotografías que había tomado días pasados.

El 14 de abril, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, la reportera Ana María Paz, de la emisora comunitaria del Zulia Azul FM habría sido detenida por más de una hora después de denunciar supuestas irregularidades durante el proceso de votación en un centro electoral del municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia.

El 15 de abril un equipo de prensa del diario La Verdad habría sido detenido por presuntos funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco mientras cubría las protestas ocurridas luego de las elecciones presidenciales del 14 de abril. Los reporteros Juan José Faría y Eduardo Méndez y el conductor Yolman Bejarano habrían estado 12 horas detenidos y se les habría quitado sus teléfonos y herramientas de trabajo.

El 24 de abril habría sido detenido el cineasta norteamericano Timothy Hallet Tracy, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía640, por su presunta vinculación en los hechos de violencia ocurridos luego de las elecciones presidenciales de Venezuela, celebradas el 14 de abril de 2013. Posteriormente se le habrían imputado los cargos de “conspiración, favorecimiento material, asociación para delinquir y uso de documento público falso”, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y se habría dictado una medida privativa de libertad para el imputado. Finalmente, el 5 de junio, Tracy fue liberado y deportado con destino a Miami.

El 27 de abril habría sido detenido el ex general de las Fuerzas Armadas venezolanas, Antonio Rivero, presuntamente por declaraciones públicas que según algunas autoridades lo vincularían con los hechos ocurridos tras la jornada electoral del 14 de abril. El 29 de abril Rivero habría sido imputado por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir.

El 18 de mayo un estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes habría sido detenido por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en La Fría, municipio García de Hevia, Táchira. Leonardo Sánchez Cárdenas se encontraba tomando fotografías frente a la sede del organismo de inteligencia, para una nota periodística sobre la detención de unas personas, cuando presuntos oficiales del SEBIN lo habrían detenido y le habrían obligado a borrar las fotografías que había tomado.

El 7 de noviembre habría sido detenido por las autoridades venezolanas el periodista Jim Wyss del diario Miami Herald mientras recababa información sobre las próximas elecciones municipales y el supuesto desabastecimiento de ciertos productos básicos en Venezuela. El periodista, jefe del buró del Miami Herald para la región andina, habría sido detenido por la Guardia Nacional en la ciudad San Cristóbal y luego trasladado y dado en custodia a la inteligencia militar venezolana.

El 10 de enero la periodista Eleonora Delgado, corresponsal en el estado Táchira del diario El Nacional, habría sido agredida física y verbalmente por presuntas funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando cubría una manifestación protagonizada por estudiantes de diferentes universidades en la ciudad de San Cristóbal.

El 20 de febrero presuntos funcionarios de la Milicia Nacional Bolivariana habrían agredido a los periodistas Gabriela Salcedo y Felipe Lugo, de Globovisión, en las instalaciones del Hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en Caracas, mientras cubrían una manifestación de los trabajadores del centro asistencial. Además, los presuntos funcionarios habrían impedido el acceso al Hospital al reportero Félix Pirela y al camarógrafo, Rogelio Coronado, de Televen.

El 24 de febrero Rocío San Miguel, presidenta de la ONG de derechos humanos Control Ciudadano habría sido amenazada de muerte a través de una llamada telefónica anónima y habría recibido mensajes intimidatorios y descalificaciones a través de la red social Twitter. San Miguel señaló que desde septiembre de 2011 habría sido víctima de acciones de intimidación y agresiones a través de las redes sociales y habría recibido amenazas de muerte contra ella y su familia. El 18 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la activista y ordenó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de San Miguel y su hija.

El 14 de febrero presuntos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana habrían agredido al reportero de Televen Olivier Fernández y a los reporteros gráficos Esaúd Olivares, del El Universal y Juan Camacho, de la agencia internacional News Report y obstaculizado su labor cuando cubrían una manifestación de estudiantes de varias universidades del país en la sede de la Embajada de Cuba en Venezuela, en Caracas, para exigir información sobre el estado de salud del entonces presidente Hugo Chávez. Además, al reportero Daniel Guillermo Colina, de Globovisión, le habrían ordenado que se retirara del lugar.

El 5 de marzo, la periodista colombiana, Carmen Andrea Rengifo, corresponsal de RCN Noticias en Venezuela y el camarógrafo Samuel Sotomayor, habrían sido agredidos por un grupo de personas que se encontraban fuera del Hospital Militar, cuando realizaban la cobertura periodística de la muerte del presidente Hugo Chávez. De acuerdo con información recibida, los manifestantes habrían golpeado a la periodista y proferido insultos contra ella y el camarógrafo. Ese mismo día, el reportero David De Matteis y el camarógrafo César Fuentes, quienes colaboran desde Caracas con la cadena hispana estadounidense Univisión, habrían sido agredidos físicamente por personas identificadas como simpatizantes del oficialismo, en la Plaza Bolívar de Caracas. Fuentes habría sido despojado de su cámara y de su equipo de trabajo. El hecho ocurrió cuando los periodistas cubrían las concentraciones de los ciudadanos tras el anuncio del fallecimiento del Presidente Chávez.

La Comisión Interamericana fue informada sobre caricaturistas, periodistas, escritores y artistas habrían sido objeto de amenazas de muerte, insultos y descalificaciones a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto a sus teléfonos móviles y mediante la red social Twitter. Las agresiones habrían comenzado el 15 de marzo y estarían vinculadas a la posición crítica de los comunicadores con la situación política del país. Según la información recibida, las víctimas de las agresiones habrían sido la caricaturista Rayma Suprani, el escritor Leonardo Padrón, el humorista Laureano Márquez, la conductora de televisión Mariela Celis y los periodistas Francisco Bautista, Ibeyise Pacheco, Ana Beatriz (Nitu) Pérez Osuna, Mary Montes, Milagros Socorro, Berenice Gómez y Alfredo Federico Ravell. Asimismo, a partir del 20 de marzo el bloguero Guillermo Baena habría comenzado a recibir llamadas amenazantes. En su blog el comunicador ha expuesto su opinión crítica respecto a la situación política en el país.

El 2 de abril, en el marco de un evento de campaña electoral, un grupo de supuestos simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), habría agredido al reportero gráfico David Puertas, del diario local El Informador y al camarógrafo Ángel López y al reportero Rafael Riera, ambos de la televisora Promar TV, de Barquisimeto, estado Lara.

El 10 de abril el periodista José Gerardo Lozada Rojas, director del diario La Opinión, habría sido agredido físicamente por un presunto funcionario del Plan República cuando cubría la instalación de las máquinas de votación en un centro electoral de la ciudad de San Carlos.

El 12 de abril desconocidos habrían incendiado el vehículo de la periodista Lilia Giménez, corresponsal del diario El Anaquense, en el municipio Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Según lo informado, la línea editorial del medio es crítica de las autoridades gubernamentales.

El 14 de abril Emir Fernández, camarógrafo de la red de canales de televisión comunitarios Barrio TV de El Valle y trabajador de la radio comunitaria Alí Primera, en Caracas, habría sido herido en el pecho y en un brazo al recibir dos impactos de bala, cuando se encontraba entrevistando a miembros de un consejo comunal durante el proceso electoral. Asimismo, Raúl Galindo, reportero gráfico del diario Notitarde, en Valencia, estado de Carabobo, habría sido amenazado por un presunto miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado, quien además le habría arrebatado la cámara fotográfica, la credencial de prensa que le entregó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y su carnet del medio para el que trabaja. Además, el periodista Daniel Cáceres, locutor de la estación radial La Mega 102.1 FM, en San Cristóbal, estado Táchira, habría sido perseguido e intimidado por un grupo de personas a bordo de motocicletas, identificados como simpatizantes del candidato oficialista, Nicolás Maduro.

El 15 de abril, Joel Páez, productor del canal Globovisión en Barinas, denunció que un presunto efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), le habría impedido continuar con su trabajo mientras cubría una protesta postelectoral. El camarógrafo del canal Globovisión, Alejandro Ledo, habría sido golpeado por un vehículo, que lo impactó cuando daba cobertura a una manifestación cerca de la sede del Consejo Nacional Electoral de Aragua. Ledo se encontraba con su cámara captando imágenes de los manifestantes, cuando habría sido impactado por el vehículo.

Asimismo, el 15 de abril habrían sido agredidos los reporteros gráficos Carlos Barrios, del diario El Periódico de Monagas – quien habría recibido una pedrada en la espalda – y Alberto González, del Diario El Sol, en Maturín, estado de Monagas. También el 15 de abril, Rosana Villa, periodista del diario Los Andes de Mérida habría sido amedrentada por un grupo de personas identificadas como pertenecientes al Movimiento Revolucionario Tupamaro, mientras fotografiaba una concentración de ciudadanos frente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Ese día también habrían sido heridos varios reporteros que se encontraban cubriendo una manifestación de ciudadanos en la sede de la dirección regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Barquisimeto, estado Lara. La agresión habría sido propiciada por presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los reporteros gráficos Ricardo Marapacuto y Juan Carlos Leal, del diario local El Impulso; el periodista independiente Héctor Andrés Segura y Héctor Azuaje, del Diario de Lara, habrían resultado heridos. Asimismo, Richard Lameda, reportero de El Impulso y Marla Prato, corresponsal en el estado Lara del diario El Universal, denunciaron que presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían disparado contra ellos. Los reporteros no llegaron a ser impactados por las balas. Lameda denunció que un presunto efectivo le habría disparado pese a que él se identificó como periodista680. También habrían sido agredidos, mientras cubrían una manifestación frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Mérida los reporteros Saíd Rivas, Johana Briceño y Ramón Fajardo de la emisora YVKE Mundial los Andes, el periodista Adalberto González, de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) y Annel Mejías, periodista del Correo del Orinoco.

El 16 de abril dos reporteros gráficos del diario El Carabobeño, en Valencia, habrían sido amenazados por parte de un presunto efectivo policial mientras cubrían los disturbios que ocurrieron tras la concentración de la oposición a las afueras del Consejo Nacional Electoral, para exigir al organismo electoral la auditoría total de los votos de las elecciones presidenciales del 14 de abril. Asimismo, presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían intentado obstruir el trabajo de la periodista Ana Isabel Rodríguez, del diario Sol de Monagas y corresponsal de IPYS Venezuela en Monagas, cuando cubría una manifestación de ciudadanos en la sede regional del Consejo Nacional Electoral (CNE). También presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían disparado contra el reportero gráfico Eduard Martínez, del diario La Prensa de Lara, mientras cubría las protestas.

El 16 de abril, la reportera Mariha Morales y el camarógrafo Moisés Vargas, de la televisora comunitaria LaraTvec, de Barquisimeto, estado Lara, habrían sido agredidos por un grupo de personas identificadas como simpatizantes del candidato presidencial opositor, que participaban en una protesta.

El 20 de abril Idania Chirinos, periodista venezolana y directora de NTN24, canal de noticias de Colombia, denunció que presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la habrían vigilado cuando se disponía a abordar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La periodista regresaba a Bogotá luego de haber pasado dos semanas en Caracas trabajando y transmitiendo su programa ‘La Tarde’, difundido por NTN24, donde abordó la situación sociopolítica de Venezuela durante el proceso electoral y los días posteriores.

El 1 de mayo la periodista María Gabriela Rondón, corresponsal de Venevisión, habría sido atacada verbalmente mientras realizaba la cobertura de una marcha por el Día del Trabajador en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

El 22 de mayo, la reportera del diario 2001, Isayen Herrera, habría sido golpeada en la cara por una persona no identificada durante una marcha de estudiantes y profesores universitarios, en la ciudad de Caracas.

La periodista Lisbeth de Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas, habría denunciado que supuestos funcionarios de inteligencia policial la habrían estado siguiendo durante los meses de junio y julio del 2013. La periodista sospecharía que los seguimientos responden a las declaraciones que habitualmente realiza en representación del CNP sobre los problemas que enfrentan los comunicadores en el país.

El 16 de julio el periodista Eduardo Galindo, corresponsal de Globovisión y de El Nacional y secretario de la seccional regional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), denunció ante la Fiscalía Superior de San Fernando de Apure que a través de un video que circulaba en las redes sociales se le acusaría de “desestabilizador” y de “operador psicológico del imperio”. Posteriormente, el 30 de julio, presuntos funcionarios de la Policía habrían agredido al periodista cuando cubría una protesta de refugiados en la ciudad de San Fernando de Apure, estado Apure.

El 29 de octubre la periodista Karolina Olivo y el camarógrafo Rodolfo Urbina, de HCTV, habrían sido agredidos por presuntos simpatizantes del oficialismo cuando cubrían una actividad de la campaña electoral de la candidata a la alcaldía por un partido de oposición, en el municipio Páez, en el Alto Apure.

El 1º de noviembre, Eliscart Ramos, Jorge Leonardo Santos y Dayana Escalona, periodistas del diario 2001, habrían sido golpeados y detenidos por presuntos efectivos militares, mientras cubrían una Feria Navideña en Los Próceres, Caracas.

El 26 de septiembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría acusado al periodista Nelson Bocaranda de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos [Central Intelligence Agency] (CIA) y le habría advertido que sus “traiciones” se encontrarían “con la justicia”. El mandatario habría asegurado que su Gobierno presentaría “las pruebas que demuestran que Bocaranda trabaja para la CIA y para el Departamento de Estado estadounidense”.

El 24 de mayo el periodista y locutor de Studio 102.7 FM, Héctor Horacio Contreras habría recibido copia de una demanda interpuesta por el gobernador del estado Mérida en su contra, por presunta instigación a la violencia durante los hechos ocurridos en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 14 de abril. El 13 y el 15 de mayo el gobernador del estado Mérida había informado en ruedas de prensa que demandaría al periodista por presunta instigación a la violencia. El 15 de abril grupos de individuos armados habrían atacado con armas de fuego y objetos contundentes, a personal médico, pacientes y personas que se encontraban en el Centro Médico Asistencial de la Universidad de Los Andes (Camiula). A raíz de estos hechos, Contreras habría hecho un llamado al gobernador del estado recordándole su función de garantizar la seguridad ciudadana. Contreras habría recibido dos amenazas de muerte en su teléfono celular.

El 23 de julio, el Tribunal Primero de Juicio del estado Bolívar habría admitido parcialmente una demanda penal interpuesta el 15 de julio por un empresario contra el presidente del diario Correo del Caroní, David Natera, por los presuntos delitos de difamación e injuria, ordenado una medida cautelar, prohibiendo al diario informar sobre las investigaciones adelantadas contra el empresario, imputado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con hechos de corrupción en una empresa estatal de distribución de alimentos.

La Comisión señala desde 2013 que la información refleja “dificultades en el acceso a alimentos y productos de primera necesidad y se habría generado una situación de alegada escasez -y en algunos casos se alega desabastecimiento- con mayor incidencia en algunas zonas del país.” Al respecto la Comisión también señaló que “las autoridades han sostenido que el problema sería de distribución y tendría lugar, entre otras razones, por el denominado “acaparamiento” de los productos por parte de particulares y empresas privadas distribuidoras. En virtud de ello, se han adoptado acciones específicas en algunas zonas del país donde se han implementado planes como el de la “Seguridad Alimentaria”, en el cual se actuaría articuladamente con las autoridades a cargo del “Plan Patria Segura”.

En dicho contexto, a finales del mes de agosto de 2013, el Gobierno anunció la creación del Estado Mayor de Salud, definido como un equipo superior de Gobierno para coordinar toda la política de salud.

Cumplimiento de las decisiones de la CIDH

El 10 de septiembre de 2012 el Secretario General de la OEA recibió la nota formal de denuncia de la Convención Americana, por parte de la República Bolivariana de Venezuela. En la nota del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de fecha 6 de septiembre de 2012, dirigida al Secretario General de la OEA, la cancillería venezolana, en representación del Gobierno, manifiesta y solicita al Secretario General:

[L]a decisión soberana de la República Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual a tenor de lo dispuesto en su artículo 78, mucho apreciaré considere la presente nota como la Notificación de Denuncia para que, a partir del término establecido en la misma, cesen sus efectos internacionales, en cuanto a ella se refiere, y la competencia de sus órganos para nuestro país tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 de septiembre de 2012 la CIDH emitió un comunicado de prensa a través del cual lamentó la decisión de Venezuela y expresó su preocupación por los efectos de la decisión para los y las habitantes de Venezuela. La CIDH señaló asimismo que pese a la denuncia, el Estado venezolano –como miembro de la OEA- seguirá sujeto a la jurisdicción de la Comisión y las obligaciones que le imponen la Carta de la OEA y la Declaración Americana.

Situación de defensoras y defensores de derechos humanos

En 2013, la CIDH recibió información sobre amenazas y hostigamientos en contra del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien durante el 2012 y los primeros cinco meses de 2013, habría sufrido 17 ataques por razón de su activismo a favor de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Estos ataques consistirían en manifestaciones públicas de descrédito por parte de altos funcionarios, como la Ministra de Asuntos Penitenciarios y el Ministro de Relaciones Exteriores; campañas de descalificación a través de medios de comunicación oficiales; amenazas e intimidaciones directas a los miembros de la organización y sus familiares, así como supuestas intromisiones en sus cuentas de correo electrónico.

En fecha 5 de mayo de 2013, el General Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Interior y Justicia, se habría presentado a un programa televisivo de difusión nacional, acusando al señor Humberto Prado de ser parte de un “un movimiento de la derecha que se propone desestabilizar al Estado”. Según la información recibida, el General Rodríguez Torres acusó al señor Prado de estar involucrado en una conspiración, junto con otras Organizaciones No Gubernamentales, con el radicalizar a la juventud y finalmente dar un golpe de Estado.

En fecha 22 de julio el General Miguel Rodríguez Torres, Ministro de Interior, Justicia y Paz, habría acusado a Rocío San Miguel de ser una operadora del servicio secreto estadounidense, refiriendo: “(p)ersonas como Rocío San Miguel que en esto días la escuchaba yo (sic) hablando de derechos humanos y Fuerza Armada. De ella te puedo decir que es una operadora de la CIA en Venezuela, lo puedo comprobar.”

Asimismo, la Comisión, también en 2013, reseñó las preocupaciones de representantes de pueblos indígenas en Venezuela sobre “planes y proyectos de extracción de recursos naturales en territorios indígenas, que se estarían programando o implementando sin la consulta y en su caso, el consentimiento previo, libre e informado, que de ejecutarse afectarían gravemente los derechos de los pueblos indígenas.” Concretamente refiriéndose al proyecto “Arco Minero del Orinoco”.

Asimismo, la CIDH recibió información relacionada con presuntos actos que criminalizarían la protesta social y demás actividades de defensa de derechos humanos y que serían perpetrados como mecanismos para limitar la activad de defensores y defensoras de derechos humanos. Entre tales actos se encontrarían la aprobación y aplicación de leyes penales con términos ambiguos, detenciones en el marco de la aplicación de estas leyes, uso de la jurisdicción militar, así como restricciones y controles al derecho a la libertad de asociación.

 

[1] De acuerdo al Boletín Oficial emitido por el Consejo Nacional Electoral, sobre la totalización de los resultados informó que “el PSUV y sus alianzas obtuvieron 242 alcaldías (72.24%) de 335, con 5 millones 277 mil 491 votos. La MUD más sus alianzas obtuvieron 75 alcaldías (22.39%) con 4 millones 423 mil 897 votos”. CNE, Adjudicados todos los cargos electos el 8D, 13 de diciembre de 2013. Citado por la CIDH

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