América
América del Norte
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Canadá
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional desde 1874, Canadá trató de asimilar a los niños indios obligándolos a asistir a los llamados Internados Indígenas (IRS, en sus siglas en inglés). Más de 150.000, arrebatados a sus familias y comunidades, fueron enviados a escuelas en las que eran corrientes los abusos físicos, sexuales y emocionales. Se les prohibía hablar su lengua materna y practicar sus tradiciones.
En 1920 los niños indígenas canadienses ya tenían que asistir obligatoriamente a un IRS. Año tras año, la resistencia fue poco a poco incrementándose. Al final, esos centros acabaron desacreditados y dejaron de inaugurarse, aunque el último no se cerró hasta 1996. A partir de la década de 1990, antiguos alumnos de estos Internados Indígenas comenzaron a denunciar los abusos sufridos en ellos, iniciándose un masivo movimiento de denuncias ante los tribunales.
En 2006, después de años de negociaciones, el Gobierno federal, las iglesias y las asociaciones indígenas acordaron destinar 2.000 millones de dólares a un paquete de medidas para los alrededor de 80.000 supervivientes de esos centros.
El paquete incluía la constitución de una Comisión de la Verdad—la primera de la historia creada por orden judicial—y Reparaciones para los supervivientes.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (TRC), constituida en junio de 2008, tiene como mandato descubrir qué ocurrió realmente en los internados e informar a todos los canadienses de sus hallazgos. Cuando se formó la comisión, el Gobierno canadiense se disculpó oficialmente ante los pueblos indígenas por la política de «Matar al indio que hay en el niño». Leer más…
Fuente: Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la justicia en periodos de transición.
América Central
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El Salvador
Los Acuerdos de Paz de Chapultepec fueron un conjunto de acuerdos firmados el jueves 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a doce años de guerra civil en el país.
Las primeras negociaciones entre gobierno y guerrilla fueron acercamientos al diálogo, sin obtener verdaderos acuerdos que derivasen en el fin del conflicto.
Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. En 1989, tras la intervención de Naciones Unidas, se iniciaron negociaciones que arrojaron acuerdos concretos para la salida consensuada al conflicto. Se nombraron comisiones negociadoras por ambas partes y se estableció una agenda para tratar los puntos álgidos por resolver.
Como resultado de la negociación, se produjeron varios acuerdos y modificaciones de la Constitución de la República, que permitieron que ambas partes cedieran hasta lograr un consenso, en parte forzados por factores internos y externos que influyeron en las decisiones.
El documento final de los acuerdos se dividió en 9 capítulos que abarcan 5 áreas fundamentales: Modificación de las Fuerzas Armadas; creación de la Policía Nacional Civil; modificaciones al sistema judicial y a la defensa de los Derechos Humanos; modificación en el sistema electoral y adopción de medidas en el campo económico y social. El cumplimiento de los acuerdos se dio bajo la tutela de una misión especial de Naciones Unidas, la cual dio un finiquito tras 3 años de gestión.
MISIÓN DE OBSERVADORES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL SALVADOR – ONUSAL
Establecida para verificar la aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Los acuerdos incluían una cesación del fuego y medidas conexas, la reforma y la reducción de las fuerzas armadas, la creación de un cuerpo de policía, la reforma de los sistemas judicial y electoral, los derechos humanos, la posesión de la tierra y otros asuntos económicos y sociales
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Guatemala
La historia de Guatemala está marcada por una gran injusticia estructural, por la marginación de la población indígena y por 36 años de enfrentamiento armado entre el Gobierno y los insurgentes.
En 1996, unos acuerdos de paz patrocinados por la ONU pusieron fin a la guerra, prometiendo un futuro de verdad, reparaciones y reformas que abordaran arraigados problemas.
Dentro de este marco, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) situó la cifra total de muertos y desaparecidos en 250.000. Su informe de 1999—en su momento pionero, por centrarse en factores históricos y estructurales—reveló que las operaciones militares del Estado contra las comunidades mayas constituían un genocidio. Anteriormente, la Iglesia católica había promovido una de las comisiones de la verdad no oficiales más ambiciosas de la historia.
Ambas comisiones llegaron a la conclusión de que la guerra había cobrado un número desproporcionado de víctimas entre las comunidades indígenas y que más del 90 por ciento de las violaciones de derechos humanos—entre ellas más de 600 masacres—las había perpetrado el Estado, que negó haberlas cometido.
Las asociaciones de víctimas exigieron reparaciones, pero tuvieron que pasar casi diez años después de los acuerdos de paz para que se iniciara el Programa Nacional de Resarcimiento. En teoría, este incluye múltiples medidas, tanto de mejora de las condiciones materiales de la población como de reconocimiento simbólico del sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, en la práctica, lo que ofrece son pequeños pagos individuales que han generado una gran insatisfacción.
Después de años de esfuerzos de las víctimas, sólo unos pocos casos han sido juzgados; decenas de ellos están empantanados en una maraña que se nutre del desinterés institucional, la pérdida de pruebas y prácticas judiciales dilatorias. Varios casos han sido denunciados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y han servido para poner de relieve la negligencia y la corrupción del sistema judicial nacional.
El Gobierno ha hecho caso omiso de la exigencia de información sobre la suerte de unos 40.000 desaparecidos. Leer más…
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América del Sur
Como bien señala el Centro Internacional para la Justicia Transicional, América Latina es un continente pionero en la aplicación de enfoques de justicia transicional. Desde los 80 hasta la fecha, varios países han optado por establecer comisiones de la verdad, otorgar reparaciones a las víctimas y, en algunos casos, juzgar a quienes violaron los derechos humanos. A pesar de los avances, algunas democracias en la región son frágiles y diversos problemas del presente tienen su explicación en un legado mal asumido del pasado.
A continuación se describen brevemente las experiencias más importantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y Perú.
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Argentina
Entre 1976 y 1983, una serie de juntas militares produjo la desaparición de más de 30.000 personas, dentro de una campaña de terror, tortura y secuestros. Desde la caída de la última junta en 1983, Argentina ha hecho un gran esfuerzo por enfrentarse al legado de esos abusos y para consolidar el Estado de derecho.
La búsqueda de la verdad, los juicios y las reparaciones han sido factores esenciales. En 1983 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Nunca más, versión abreviada del informe de dicha comisión sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar se convirtió en un superventas en el país.
Ante la agitación imperante entre los militares de menor graduación, que temían ser sometidos a juicio, el Gobierno de Alfonsín decidió bloquear los procesos de rendición de cuentas penales, aprobando leyes que limitaban la responsabilidad legal de los soldados y el periodo de presentación de denuncias. Pocos años después, la sociedad civil asistió al desmantelamiento del buen trabajo realizado en los juicios anteriores cuando el presidente Menem decidió indultar a los miembros de las juntas condenados.
En la actualidad, las autoridades argentinas manifiestan su apoyo al enjuiciamiento de crímenes pasados. Hasta 2010, 800 acusados se habían enfrentado a causas penales, de los cuales 200 habían sido condenados. Los procesos actuales afectan a importantes dirigentes, autores directos de crímenes y cómplices civiles de los mismos, entre ellos sacerdotes, jueces y exministros.
Por otra parte, las asociaciones de defensa de los derechos humanos han presentado miles de solicitudes de quienes desean recibir las reparaciones aprobadas por el Congreso a comienzos de la década de 1990. Aunque las reparaciones fueron criticadas por considerarlas una herramienta política destinada a ocultar la impunidad que conllevaban los indultos, al final supusieron un importante programa que ayudó a consolidar la idea de responsabilidad del Estado y que sigue siendo un ejemplo para otras medidas de justicia reparadora en el mundo. Leer más…
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Brasil
Entre 1964 y 1985, los brasileños vivieron una dictadura militar que reprimió a sindicalistas y a jóvenes militantes políticos. Unas 400 personas resultaron muertas o desaparecidas, y miles fueron torturadas o sometidas a otros graves abusos.
Mientras estaba en el poder, el régimen intentó protegerse. En 1979 una Ley de Amnistía que permitió el regreso de militantes exiliados, fue también utilizada para impedir las denuncias contra culpables de violaciones de los derechos humanos. Esos criminales nunca han comparecido ante la justicia. Ha habido iniciativas limitadas de reparación y de búsqueda de la verdad, pero queda mucho por hacer.
Cuando la dictadura brasileña llegó a su fin en 1985, la sociedad civil y las asociaciones religiosas trataron de investigar las violaciones de derechos humanos. La archidiócesis de São Paulo estudió cientos de expedientes de la justicia militar y en 1986 publicó un informe, “Brasil: Nunca Mais”, constatando la práctica generalizada de la tortura durante la dictadura.
La primera iniciativa institucional de relevancia respecto la rendición de cuentas fue la Ley 9140, aprobada en 1995, que reconocía la muerte de 136 desaparecidos.
Esta ley de 1995 también instituyó una Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, que, en su informe final de 2007, documentó 479 casos de desapariciones forzosas, proclamó la responsabilidad del Estado y creó un marco para compensar a las familias de las víctimas.
En 2001, se encargó a la Comisión de la Amnistía la concesión de reparaciones a las víctimas de abusos no abordados por la primera comisión. A mediados de 2010 se habían concedido indemnizaciones monetarias en más de 12.000 casos.
En los últimos años, Brasil ha asistido a un creciente debate público sobre las violaciones de los derechos humanos sufridas en el pasado. En 2010 el Congreso Nacional comenzó a debatir la creación de una comisión de la verdad. Ese mismo año, el debate se vio impulsado cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que la ley de amnistía brasileña de 1979 vulneraba las obligaciones regionales de Brasil en materia de derechos humanos. Leer más…
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Chile
La Transición a la democracia se refiere al proceso de restablecimiento democrático de Chile luego de la última dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. El mayor hito lo marcó el traspaso del poder político desde las Fuerzas Armadas de Chile, encabezadas por el comandante en jefe del Ejército, hacia el presidente elegido democráticamente, Patricio Aylwin, finalizando de este modo el régimen militar comenzado tras el golpe de estado de 1973.
Aún no existe consenso entre los historiadores respecto a si este periodo continúa hasta la actualidad o si ya ha finalizado. Su visión más acotada se refiere al período comprendido entre 1988 y 1990 cuando se realizaron las primeras elecciones libres a través del plebiscito, la elección presidencial, y luego el cambio de mando hacia Patricio Aylwin.
Algunos de los hitos más importantes de la transición han sido el plebiscito de 1988, las elecciones presidenciales de 1989, el cambio de mando y gobierno de Patricio Aylwin, el Arresto de Augusto Pinochet en Londres, la reforma a la constitución de 1980 durante el gobierno de Ricardo Lagos, el recambio en la coalición de gobierno entre la Concertación y el Gobierno de Sebastián Piñera, el fin del sistema binominal, y actualmente el proceso de creación de una nueva constitución para Chile encabezada por Michelle Bachelet.
Sin embargo, hay quienes aseguran que la Transición no existe como período histórico. Entre ellos está el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, quien postula que aún se vive en dictadura, al estar regidos por la Constitución de 1980, forjada durante el Régimen Militar, y validada además (mediante reformas) por los gobiernos de la Concertación, garantizando de este modo la supremacía del poder militar aún bajo el título de democracia.
En 1990 se crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación bajo el mandato del presidente Patricio Aylwin Azócar, mediante el Decreto Supremo n.° 355, del Ministerio del Interior con el objeto de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, periodo correspondiente al régimen militar del General Augusto Pinochet, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que pudieran dar lugar tales hechos. Leer más…
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Colombia
Colombia inició conversaciones de paz con las FARC para poner fin al conflicto armado y desde 2005 está implementando mecanismos para establecer la responsabilidad de los paramilitares desmovilizados, así como para adjudicar reparaciones. Otros procedimientos han tenido lugar con respecto a militares y políticos. En Colombia, el Centro Internacional para la Justicia Transicional trabaja con el Gobierno y la sociedad civil para promover la verdad y la justicia.
En su afán por reducir la capacidad militar de sus adversarios e imponer su control sobre la sociedad civil, la violencia de los grupos armados —tanto paramilitares como militares y guerrilleros— ha generado durante más de medio siglo más de 5,5 millones de víctimas, lo que equivale al 13% de la población.
El conflicto ha causado el desplazamiento forzado de millones de personas, más de 100 mil homicidios, miles de desapariciones forzadas, delitos sexuales y violencia de género, y el reclutamiento forzoso de menores.
El país lleva más de diez años aplicando medidas para desmovilizar combatientes y conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas. Entre 2003 y 2006, después de un pacto político liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, se desmovilizaron, según datos del Gobierno, más de 35.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero muchas de estas estructuras han resurgido como bandas criminales.
Para facilitar la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil se promulgó la Ley 975/2005, que dio origen al proceso de Justicia y Paz, un modelo especial de judialización que prevé pena alternativas para aquellos desmovilizados que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. A junio de 2013, 2.000 paramilitares están en proceso judicial ante los tribunales de Justicia y Paz y se han proferido 14 sentencias.
Debido a las crecientes demandas de las víctimas, el gobierno de Juan Manuel Santos apoyó la expedición de la Ley 1448, o Ley de Víctimas, que establece un programa de reparación integral y restitución de tierras, al considerar que el despojo ha sido causa y consecuencia del conflicto armado. Para implementar estos programas se crearon la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras y el Centro de Memoria Histórica.
Luego de su toma de posesión en agosto de 2010, el presidente Santos inició acercamientos con las FARC, con el fin de encontrar una salida negociada al conflicto armado. Esto supuso un cambio significativo con respecto a la postura del Gobierno previo, que se había centrado en vencer a la guerrilla a través de la confrontación y la fuerza militar. Durante el Gobierno de Santos, el Congreso aprobó una reforma constitucional conocida como “Marco jurídico para la paz”, que establece instrumentos de justicia transicional con enfoque integral para facilitar la negociación y contribuir a una paz estable y duradera. Esto ha abierto en el país un debate sobre los mecanismos para el esclarecimiento de la verdad y la necesidad de crear modelos para la rendición de cuentas que operen de manera integral y complementaria.
El actual proceso de paz en curso entre las FARC y el gobierno ha generado gran expectativa entre la población colombiana, pues abre las puertas para una sensible disminución de la violencia y la consolidación de la democracia. Leer más…
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Perú
Después de dos décadas de conflicto armado interno, el Perú ha logrado importantes avances, entre ellos la creación de una comisión de la verdad, la aprobación del plan de reparaciones y la condena del ex presidente Alberto Fujimori.
Entre 1980 y 2000, un violento conflicto interno asoló el Perú, ocasionando un número de muertos o desaparecidos que se cifra en 69.280 personas.
La insurgencia violenta de Sendero Luminoso afectó a amplias zonas rurales del país. En 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició su propia lucha armada contra el Gobierno. Ambos grupos cometieron atrocidades contra los civiles.
El Estado peruano también desató una campaña sistemática de abusos, amparándose en una ley de emergencia de 1981. Las comunidades rurales y los pueblos indígenas andinos y amazónicos fueron los más afectados por la violencia, viviendo bajo un régimen de terror y tortura.
En la década siguiente, el régimen represivo del presidente Alberto Fujimori socavó aún más el Estado de derecho, dando lugar a leyes de amnistía y de impunidad que beneficiaron a los escuadrones de la muerte gubernamentales.
En 2000 Fujimori abandonó el país y un Gobierno de transición abrió la puerta a la verdad y la justicia después de dos décadas de masivas violaciones de los derechos humanos.
Tres años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú emitió su informe final, recomendando que se juzgara a varias personas. Desde 2003 se ha juzgado a miembros de los escuadrones de la muerte, policías y militares implicados en torturas, asesinatos y desapariciones.
Fujimori, acusado de corrupción y de violaciones de los derechos humanos, fue posteriormente detenido en Chile. Después de su extradición al Perú, en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel.
La CVR también recomendó un Plan Integral de Reparaciones (PIR) que, aprobado prácticamente en su totalidad mediante una ley de 2005, ha comenzado a aplicarse lentamente. Leer más…
Fuente: Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la justicia en periodos de transición.