RESUMEN

Una de las grandes deudas del Estado venezolano con las víctimas ha sido el incumplimiento del derecho a la justicia, lo cual responde a muchas variables: impunidad, ausencia de políticas públicas, crisis social y política, sistema de justicia viciado, entre otros.

En ese sentido, la justicia transicional en Venezuela, está cumpliendo un rol de gran envergadura aún sin instaurarse por completo. Uno de los actores involucrados en este proceso son los activistas o defensores de derechos humanos, que adquieren protagonismo debido al reconocimiento y legitimidad en sus comunidades y también a la importancia de su voz para denunciar violaciones y reclamar derechos colectivos. Por esta razón, se convierten en blancos de aquellos que quieren tratar de acallar las luchas de las poblaciones a través del silenciamiento de sus líderes.

La planificación de estrategias de prevención debe incluir acciones para visibilizar los riesgos que sufren las personas defensoras.  Para esto, es considerable los resultados de acuerdo a monitoreos y verificación de casos, por medio de un estudio se puede aproximar o reflejar la realidad en el que se encuentra el país en materia de afectación a la vida.

La noción de justicia, reparación de las víctimas y garantías de no repetición, constituyen compromisos de ejecución inmediata que deben ser asumidos por el Estado, conforme a los tipos de responsabilidad en materia de derechos humanos, ya sea por acción u omisión. Ante incesantes marchas, abusos de poderes, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, coacción a la libertad de expresión, crímenes de lesa humanidad, entre otros, la sociedad ha estado expuesta y desamparada de la protección que supone debe proporcionar el Estado.

Los sectores más vulnerables, como poblaciones indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad afrodescendientes, privados de libertad, entre otros, todo esto siguiendo una directriz política donde la responsabilidad estatal es sustancial y por ser una política estatal, las comunidades y sus liderazgos deberían contar con garantías de seguridad, promoviendo la prevención, sensibilización, y seguimiento a la política pública.

En tal sentido, es necesaria la voluntad de actuar y proteger la vida de las comunidades, la construcción de políticas públicas para la protección de líderes sociales y para el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos. El enfoque participativo y garantía del derecho a la vida e integridad física, debe promoverse y garantizar los mecanismos necesarios para su cumplimiento, otorgándole protección a la víctima y a su dignidad humana.

Con una víctima empoderada, acompañada no sólo de asesoramiento jurídico sino de ayuda psicológica-social y preparada de forma integral; asumirá y potenciará sus exigencias en los derechos, reduciendo así posibles daños que puedan surgir por parte del Estado. El acompañamiento que se le brindará a la víctima responderá más, a las necesidades de éstas que a las de las instituciones del Estado.

En aras de procurar mejores y adecuadas medidas, se plantean propuestas para el escenario venezolano a futuro con la intención y el rescate, de la defensa de los derechos humanos, siendo obligación del Estado frente a las personas y pueblos para el goce de los mismos. La no discriminación, adoptar medidas para garantizar el respeto, protección y cumplimiento del derecho, posibilidad de interponer un recurso efectivo ante las autoridades administrativas o de otra índole para hacer valer el derecho y contar con una decisión que proteja, es la finalidad para el efectivo y pleno goce de los derechos humanos.

Autora: Martha Tineo R. Abogada – Defensora de DDHH. Coordinadora General de Justicia Encuentro y Perdón.

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Justicia Transnacional. Las Víctimas del conflicto social-político en Venezuela.