-2014-

Introducción

El año 2014, algunos de los hechos más graves de la crisis política estuvieron reflejados en una serie de protestas masivas, ocurridas a partir de febrero, y los excesos en el uso de la fuerza por parte de las autoridades para responder a estos eventos. Otro dato relevante de este año tuvo que ver con diferentes estrategias de censura contra las opiniones críticas o la difusión de información en el contexto de manifestaciones.

Al igual que en el año anterior, en el año 2014, la Comisión realizó sus consideraciones sobre la inclusión de Venezuela bajo la premisa de su nuevo reglamento, que entró en vigencia 1ro de agosto de 2013 conforme al cual ha constatado la existencia de:

“a. una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los derechos humanos, entre ellos: i. si hubiera acceso discriminatorio o un ejercicio abusivo del poder que socave o contraríe el Estado de Derecho, tales como la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial o la falta de subordinación de las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida […]”.

Así mismo el 12 de enero de 2015, la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de esta sección de su Informe Anual de 2014 de acuerdo con el artículo 59 inciso 10 de su Reglamento, y le solicitó que remitiera sus observaciones dentro del plazo de un mes. El Estado no respondió.

Durante una audiencia sobre ‘Situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información’ realizada el 28 de octubre durante el 153 Periodo de Sesiones la CIDH, recibió información por parte de las organizaciones participantes donde indicaron que “la venta de medios de comunicación a nuevos propietarios – cuya identidad permanecería desconocida – habría generado la salida de numerosos trabajadores despedidos o forzados a renunciar. Indicaron que en el caso Globovisión, a raíz del cambio de patronos fueron eliminados espacios informativos y de opinión, y al menos 60 trabajadores habrían salido de la planta televisiva, despedidos o forzados a renunciar. Mucho de estos casos habrían tenido lugar en el contexto de las manifestaciones de 12 de febrero pasado. En el caso del Grupo Últimas Noticias, informaron que a partir de su compra personas vinculadas al gobierno nacional y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela habrían sido designadas en puestos claves del grupo. Informaron que, en este contexto, los trabajadores “han denunciado una escalada en los hechos que vulneran su fuero profesional, a través de la censura de sus textos y malos tratos por parte del patrono, teniendo como consecuencia la salida de al menos 51 periodistas”. En este periodo también habría sido desarticulada la Unidad de Investigación del medio impreso. En cuanto a la compra del diario El Universal por parte de un grupo de origen español, indicaron que “una de las primeras decisiones de la nueva directiva fue la restructuración de los espacios de opinión. La empresa prescindió de los servicios de al menos 40 articulistas críticos al Gobierno”. El Estado, por su parte, indicó que en Venezuela la legislación no prohíbe la venta de medios de comunicación y que el gobierno no puede impedir este tipo de transacciones. Fue enfático al afirmar que “el Estado no puede tener parte en eso […] y no puede fijar la política comunicacional” de estos medios. En este sentido, el representante del Estado mostró titulares críticos de los principales diarios del país y afirmó que en Venezuela “ningún periódico se ha clausurado”. Explicó que, por el contrario, debido a la importancia de la pauta publicitaria de la empresa privada, en Venezuela el contenido de los medios sigue siendo favorable al empresariado opuesto al proyecto socialista.

Contexto de manifestaciones y hechos relativos a los derechos políticos, democracia y la participación en la vida pública

En este período, la Comisión identificó

“[El] aumento sustancial de las declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de altos voceros del Gobierno en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición, y que a juicio de la Comisión recrudecen el delicado ambiente de polarización que es favorecido por las alegadas represalias al disenso político. (…) La CIDH ha reiterado su preocupación sobre cómo las expresiones de intolerancia política por parte de las autoridades políticas, en ocasiones pueden hacerse eco entre grupos civiles, algunos de los cuales las llevan al extremo y actúan al margen de la ley como grupos de choque para amedrentar a quienes consideran enemigos del proyecto político del gobierno”.

La Comisión analiza los graves hechos de violencia registrados durante los primeros meses de 2014 en Venezuela, en el contexto de manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad de Caracas y distintos estados del país. En este contexto, un tema de especial preocupación para la CIDH fueron las denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes en varias ciudades del país.

Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil indicaron se registraron recurrentes denuncias de actos de hostigamientos e incluso “disparos indiscriminados” en las zonas donde se desarrollaban las protestas, incluyendo áreas residenciales. Indicaron que la actuación de estos grupos se realizaba de manera conjunta o con supuesta aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública. Por su parte, el Estado venezolano presentó información muy preocupante sobre la supuesta presencia de “francotiradores” en edificios desde donde supuestamente de efectuaban disparos contra personas civiles y funcionarios militares presentes en las manifestaciones.

La Comisión Interamericana resume los principales hechos registrados, a partir de la información recabada en diversas notas de prensa, pronunciamientos de autoridades y organizaciones de la sociedad civil, así como aquélla puesta directamente en conocimiento de la CIDH.

Las primeras manifestaciones ocurrieron los días 4 y 5 de febrero, convocadas inicialmente por el movimiento estudiantil para protestar por la situación de inseguridad, y se habrían extendido tras hechos ocurridos en el estado Táchira en los cuales varios estudiantes y dos adolescentes de 16 y 17 años de edad, habrían sido detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), por haber supuestamente causado daños a la residencia oficial del Gobernador de esa entidad.

En este contexto, el movimiento estudiantil realizó una convocatoria pública para realizar una manifestación a nivel nacional el 12 de febrero, fecha en que se celebra el “Día del estudiante” en Venezuela. A este anuncio, se sumó la convocatoria que venían realizado dirigentes de oposición, entre ellos Leopoldo López y el partido del cual es fundador Voluntad Popular, de realizar las denominadas “asambleas populares” en diferentes ciudades del país, para que las personas expresaran su opinión sobre “la salida” a la crisis económica, política y social en la que estos dirigentes alegan que se encontraría el país. Específicamente, el señor López junto a la diputada María Corina Machado, el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y otros voceros de la oposición, anunciaron el 23 de enero de 2014, una concentración para ese mismo 12 de febrero en las inmediaciones de la Plaza Venezuela en Caracas.

De acuerdo a cifras oficiales, las manifestaciones en Caracas del 12 de febrero culminaron en hechos de violencia con al menos tres personas fallecidas por heridas de armas de fuego, varias lesionadas y detenidas. Según declaraciones de la Fiscal General de la República, la marcha habría llegado hasta las inmediaciones del Ministerio Público y se habría tornado violenta por la acción de supuestos “operadores políticos [que] se unieron al grupo de estudiantes […] entre ellos encapuchados […]”.

Tras los hechos ocurridos el 12 de febrero, altos voceros del Gobierno se pronunciaron condenando las acciones de violencia y haciendo señalamientos en contra de dirigentes de oposición por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas. Por ejemplo, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello afirmó sobre los acontecimientos ocurridos en el país que el “cobarde derechista” Leopoldo López no había “dado la cara a la justicia venezolana tras los hechos violentos que [había] promovido en el país desde el 12 de febrero […]”.

Por su parte, el Ministerio de Interior Justicia y Paz, en una rueda de prensa el día 13 de febrero, anunció que luego de las primeras investigaciones se podía concluir que la violencia registrada en Caracas se debía a que los estudiantes habían sido “sin duda manipulados”, que se había utilizado “la movilización de los estudiantes para introducir infiltrados, una vanguardia entrenada, adiestrada y preparada para generar actos de caos y violencia […]” .  En días posteriores, el Ministro también denunció en su programa de radio “A toda Vida Radio” que aunque la manifestación del 12 de febrero se habría convocado de forma pacífica, los dirigentes de oposición Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros, habían llevado “grupos violentos para preparados para generar una vanguardia violenta que raya en el ‘terrorismo’”.

A su vez, el Presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional del 16 de febrero de 2014, anunció que existe un “guion hecho por quienes mandan y pagan” desde Estados Unidos, y que los hechos de violencia eran generados por “bandas fascistas”. Denunció que desde ese país se habían recibido “presiones” para defender “los derechos de la derecha” venezolana y en particular frente a la eventual detención de Leopoldo López. Al respecto, indicó que: “no acepto amenazas de nadie en este mundo […] no habrá fuerza que nos detenga a los bolivarianos al hacer justicia […]”. Anunció que la investigación sobre las muertes ocurridas estaban “muy avanzadas” y cuestionó el accionar de un supuesto grupo de funcionarios del SEBIN que supuestamente no habían cumplido la orden de acuartelamiento que se había emitido ese día.  En días posteriores, el Presidente también denunció públicamente que en Venezuela se estaba “aplicando una forma de golpe de Estado continuado […] para llenar de violencia el país […] y luego justificar […] el llamado a una intervención extranjera militar en los asuntos internos de Venezuela, que es llevar al país al caos social, político y militar”. También señaló que los dirigentes de la oposición tenían que “llamar a que cese la violencia que ha promovido uno de los suyos. Porque nadie me va decir a mí que Leopoldo López no tiene que ver con la [Mesa de la Unidad Democrática]. No. Es uno de los suyos […]”.

El miércoles 12 de febrero, el Tribunal 16 de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió una orden de aprehensión No. 007-14, ordenando al Servicio Bolivariano de Inteligencia la detención de Leopoldo López y el allanamiento de su residencia. La medida se habría acordado tras una petición presentada por el Ministerio Público y el inicio de una investigación en su contra, por los delitos de asociación para delinquir, instigación a delinquir, delitos de intimidación pública, incendio a edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración y terrorismo.

El 17 de febrero de 2014, supuestos funcionarios del SEBIN se presentaron en la sede del partido Voluntad Popular en Caracas, y procedieron a realizar un allanamiento sin mostrar orden judicial y de forma violenta. El 18 de febrero siguiente, Leopoldo López fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lo trasladaron en una tanqueta militar a una cárcel militar (Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como “Ramo Verde”) a las afueras de Caracas, en compañía del Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El 5 de junio de 2014, fue admitida la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del señor López Mendoza y se ordenó el pase del proceso a juicio. El Tribunal también ratificó la medida privativa de libertad en su contra y que la misma siga siendo cumplida en la cárcel de Ramo Verde.

Asimismo, otras cuatro personas fueron vinculadas al proceso penal del señor Leopoldo López, como los estudiantes que habrían causado los daños en la sede del Ministerio Público supuestamente influenciados por el primero. Estas personas fueron aprehendidas el 12 de febrero y posteriormente, a dos de ellos se les otorgó una medida cautelar sustitutiva consistente en presentación periódica cada ocho días. Los otros dos jóvenes estarían detenidos en la sede de la Policía Municipal de Chacao en Caracas. El Tribunal 16 de Control de Caracas habría ordenado el enjuiciamiento de dos de ellos como autores de los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento. Las otras dos personas estarían siendo acusadas del delito de instigación para delinquir. En el mes de septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas emitió la resolución No. 26/2014, en la cual calificó que la detención del señor López era arbitraria y recomendó al Gobierno venezolano a disponer su libertad inmediata.

Igualmente se habían iniciado procesos penales contra dirigentes de oposición y dos Alcaldes en Venezuela, de los Municipios San Cristóbal y San Diego, en los estados Táchira y Carabobo, respectivamente[1]. Ambos funcionarios habrían sido objeto de una condena penal y la destitución de sus cargos mediante una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al resolver una medida de amparo constitucional. Al respecto, el Estado venezolano informó que “los Alcaldes de oposición [han promovido] manifestaciones violentas” y que dicha decisión se dictó tras establecer que éstos habían “desacatado” una orden del TSJ que buscaba proteger el derecho al libre tránsito, entre otros derechos. Además, informó que el Consejo Nacional Electoral convocaría a elecciones en dichos municipios.

En relación con las detenciones de manifestantes, la CIDH ha sido informada sobre un supuesto contexto de “detenciones masivas” y un alto número de detenciones que se habrían llevado a cabo sin orden judicial, con falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, y con el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares. La Comisión también recibió información que indica que varias de las detenciones se realizaron en un contexto en el cual agentes de la fuerza pública realizaron supuestos allanamientos ilegales y arbitrarios en la búsqueda de personas supuestamente involucradas en las protestas, y se denunció una supuesta práctica de “imputaciones genéricas” de delitos a personas que eran detenidas de forma grupal y sin que existiera una descripción individualizada de la conducta que presuntamente acarrearía su responsabilidad penal .

Según cifras ofrecidas públicamente por la Fiscal General de la República, desde el 12 de febrero y hasta el 23 de abril de 2014, se habrían registrado alrededor de 2.626 detenciones. De acuerdo a la información disponible, la mayoría de las personas fue puesta en libertad, pero con la imposición de medidas restrictivas en virtud de procesos penales iniciados en su contra, y en algunos casos se otorgó libertad plena. Teniendo en cuenta dicha información, el 29 de abril de 2014, la Comisión envió una solicitud de información al Estado sobre la situación de personas privadas de libertad, incluyendo la situación de adolescentes que habrían sido detenidos, los lugares y las condiciones de su detención.

El 5 de mayo de 2014, el Estado venezolano informó a la CIDH que hasta el 30 de abril se habían registrado un total de 40 personas fallecidas (32 civiles y 9 funcionarios policiales y militares), en su mayoría por heridas de arma de fuego, y que 785 habían resultado lesionadas “en eventos relacionados con manifestaciones violentas”, de las cuales 510 eran civiles y 275 funcionarios policiales y militares. En dicha oportunidad, el Estado señaló que la cifra de personas detenidas era de 2.730, de las cuales 2.372 eran personas mayores de edad y 358 adolescentes. Informó que sólo 197 permanecían privadas de libertad y que el Ministerio Público había iniciado 142 investigaciones por “presunta vulneración de derechos por parte de funcionarios policiales” (139 por “trato cruel”, “2 casos por homicidio consumado”, y 1 caso de tortura). El Estado informó que por estos hechos, 17 funcionarios se encontraban privados de libertad, 3 con medida sustitutiva de libertad y 5 con “órdenes de aprehensión por ejecutar”. El Estado solicitó a la CIDH una prórroga adicional de 8 días para presentar información adicional.

La madrugada del 8 de mayo, se reportó el desalojo de “campamentos de manifestantes” en distintas zonas de la ciudad de Caracas. Según cifras ofrecidas públicamente por el Ministro de Interior, Justicia y Paz, un alto número de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la “Guardia del Pueblo” realizaron operativos en los distintos puntos de la ciudad donde se encontraban estos “campamentos”, y habrían detenido a un total de 243 personas, incluyendo menores de edad. Según las declaraciones del Ministro, todas las personas detenidas fueron trasladadas al Comando Regional de la Guardia Nacional No. 5 (CORE 5) para proceder a su identificación y determinar “cuáles esta[ban] involucrados en actos violentos”, cuáles debían ser libertadas de manera inmediata, y las que debían ser presentadas ante los tribunales. De acuerdo a lo informado por el Ministro, el desalojo de los “campamentos” fue realizado luego de adelantar “labores de inteligencia, vigilancia, observación e infiltración, y recibir denuncias de vecinos de la zona [donde se ubicaban] expresando preocupación por lo que pasaba en los campamentos”.

Cifras recabadas por organizaciones nacionales, indican que entre los meses de febrero y mayo de 2014, se habrían detenido a más de 3.120 personas. La información disponible indica que la mayoría de las personas detenidas solo lo habrían estado por períodos breves. No obstante, según cifras de la Fiscalía General de la República, para el mes de junio de 2014, 174 personas continuaban detenidas y sometidas a procesos penales por los hechos relacionados con su detención mientras participaban en las protestas. Asimismo, hasta el mes de junio, se contabilizaron un total de 43 personas fallecidas, y 878 que resultaron lesionadas.

La Comisión recibió información sobre supuestos actos de tortura y malos tratos en contra de personas detenidas en el marco de las manifestaciones, y la supuesta falta de asistencia médica adecuada. Al respecto, organizaciones como el Foro Penal (que prestó asistencia jurídica a varias de las personas detenidas durante las manifestaciones) ha denunciado públicamente y presentado información a la CIDH, sobre el caso de un joven que declaró ante las autoridades judiciales, el haber sido violado “con un fusil de la Guardia Nacional” luego de haber sido detenido por participar en las manifestaciones. Asimismo, la organización recabó denuncias sobre otros alegatos de tortura y vejaciones tales como “descargas eléctricas” en contra de las personas detenidas. Asimismo, la organización COFAVIC presentó información a la CIDH sobre casos en los que los manifestantes habrían recibido disparos de goma y plomo a corta distancia, denuncias sobre personas detenidas que habrían sido obligadas a desnudarse y se les habría amenazado de muerte, de lesionar a algún familiar, o de llevarles a cárceles de alta peligrosidad, la utilización de sustancias tóxicas como gasolina y gas pimienta, descargas eléctricas, así como amenazas de violencia sexual principalmente en el caso de las mujeres, entre otros . Adicionalmente, la Comisión fue informada que las personas detenidas que habrían sido objeto de lesiones, no habrían contado con una asistencia médica adecuada, lo que impidió la documentación de las supuestas lesiones de conformidad con los procedimientos legales internos y los estándares internacionales en la materia.

Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que durante las protestas registradas entre febrero y mayo, se configuró un supuesto:

[…] patrón de acciones de intimidación, acoso y agresión igualmente sistemáticas contra los habitantes y residentes de barrios y urbanizaciones, casas y edificios, hacia cuyas adyacencias se confinaron las manifestaciones y se cerraron vías de acceso, como consecuencia del riesgo de ser atacados o detenidos por salir a manifestar.

Durante el tiempo en el que se ejecutaron estos ataques, las zonas fueron sometidas a control militar y a estados de excepción no declarados, con el pretexto de estar aplicándose medidas de orden público, y en ellas se concentró una fuerza represiva extrema e indiscriminada. En estos hechos tuvieron participación grupos de agresores civiles que, en muchas ocasiones, actuaron en coordinación y bajo el amparo de funcionarios militares y policiales, causando violaciones colectivas y múltiples de derechos humanos con daños físicos, psicológicos y materiales a las personas.

En el mes de mayo de 2014 altos voceros del Gobierno hicieron denuncias públicas sobre la existencia de un supuesto plan de “conspiración y hostilidad de Estados Unidos hacia Venezuela”. En este contexto, el Ministro de Interior y Justicia y Paz, Rodríguez Torres, en una rueda de prensa afirmó tener información sobre “supuestos planes insurreccionales nacionales e internacionales contra el Gobierno de Nicolás Maduro” y presentó una lista de las personas que estarían involucradas, en la que se incluyen dirigentes de oposición y estudiantiles  como Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori, David Smolansky (alcalde del Municipio El Hatillo), Diego Arria (ex precandidato presidencial por la Mesa de la Unidad Democrática), Antonio Ledezma (Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas), Gaby Arellano (dirigente estudiantil), María Corina Machado, Humberto Prado, entre otros.

En igual sentido, el Alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez denunció la existencia de un supuesto “plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, elaborado por representantes de la oposición y empresarios venezolanos con el apoyo del Departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en Colombia”. El Alcalde presentó en una rueda de prensa supuestos correos electrónicos de dirigentes como María Corina Machado y Diego Arria, cuyo contenido daría cuenta de un plan para “asesinar” al Presidente, y también “[…] planes para atacar las unidades del transporte público, instituciones educativas y demás acciones terroristas que se han realizado en el país desde el pasado 12 de febrero en el marco de planes golpistas”.

La CIDH observa también que estos hechos ocurrieron en un contexto en el cual continuaron declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación por parte de algunas autoridades venezolanas en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. En ese sentido, la Comisión reitera que expresiones de intolerancia política de la autoridad estatal, no sólo son contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos, sino que además pueden ubicar a un sector de la población en una posición de mayor vulnerabilidad y riesgo ante posibles ataques de distinta naturaleza. Asimismo, la Comisión exhorta nuevamente al Estado a generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de manera efectiva en observancia del principio de igualdad y no discriminación en Venezuela.

La CIDH expresa su más enérgico rechazo ante cualquier medida que, por acción u omisión, propicie la repetición de los hechos reportados, que tenga como objetivo censurar la expresión de opiniones críticas o que favorezca la confrontación entre manifestantes, agentes de seguridad, grupos simpatizantes del Gobierno, aquellos que son identificados como de oposición, y cualquier otro actor involucrado. La Comisión destaca en particular que en los últimos años, los órganos del sistema interamericano han advertido que el agudo clima de polarización en Venezuela requiere de medidas reforzadas por parte de los funcionarios estatales desde las más altas esferas, para que sus actuaciones y pronunciamientos coadyuven a crear un ambiente de tolerancia en razón de su posición de garante de los derechos fundamentales de las personas.

Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión

La CIDH recibió con especial preocupación la información de la muerte de José Alejandro Márquez el 23 febrero. De acuerdo con la información recibida, Márquez habría fallecido luego de ser atacado como represalia por haber grabado imágenes de las manifestaciones del 19 febrero en Caracas y con el objetivo de quitarle su teléfono celular y así impedir la reproducción del correspondiente material. Según lo informado, en medio de las protestas, Márquez habría grabado con su teléfono celular la reacción de la fuerza pública frente a una de las barricadas de la ciudad. Por esta razón y para evitar que pudiera difundir dichas imágenes, un presunto funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lo habría detenido y le habría exigido la entrega de su teléfono. Para evitarlo, Márquez habría intentado evadirse, pero al caer habría recibido una golpiza por parte de presuntos efectivos de la GNB. Los presuntos agentes le habrían quitado su teléfono para evitar la reproducción de las imágenes. Márquez habría sido llevado a un hospital donde habría permanecido en coma y posteriormente habría sido declarado con muerte cerebral hasta el día de su fallecimiento el 23 de febrero. La noche del 24 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habría señalado a Márquez como un sicario quien habría sido asesinado por “sus propios compañeros […] porque no cumplió con el trabajo que le encomendaron”, que, de acuerdo con Cabello, sería asesinar al presidente Nicolás Maduro. En su alocución, Cabello habría mostrado fotos del Facebook de Márquez, las cuales serían pruebas de que el joven ingeniero recibía entrenamiento paramilitar en el exterior . En declaraciones a CNN en Español la familia de Márquez habría rechazado las afirmaciones de Diosdado Cabello y habría aclarado que las fotos en las que se veía con armas se trataban de una práctica deportiva que realizaba Márquez llamada airsoft, un deporte de estrategia basado en simulación militar. La Federación Venezolana de Airsoft también habría emitido un comunicado rechazando las acusaciones en contra de Márquez y habría aclarado que aunque él no estaba registrado en la FVA “fue un joven venezolano, trabajador y practicante de la actividad deportiva, la cual en ningún momento tiene reparación ni orientación militarista” . De acuerdo con la información recibida, siete miembros de la GNB estarían vinculados a la muerte de Márquez. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tendrían en su poder material audiovisual que captó la agresión que habría permitido la identificación de los responsables.

La CIDH recibió información sobre agresiones, amenazas y detenciones y/o robo, decomiso o destrucción del material de trabajo de periodistas y/o trabajadores de medios de comunicación que se encontraban realizando su labor informativa en el marco de estas protestas sociales. Entre los casos registrados se encuentran:

Ángel Matute, productor de radio y estudiante de Comunicación Social de la Universidad Santa María;

Domingo Díaz, profesor Comunicación Social de la Universidad Santa María;

Arianna Bueno Avellaneda , trabajadora de prensa;

Inti Rodríguez, coordinador de medios Provea;

Mariana Cadenas, corresponsal de la Agence France-Presse (AFP);

Juan Camacho y Lewis Díaz, fotorreporteros independientes;

Alejandro Hernández y Fernando Prieto de El Nacional;

Jilfredo Alejandro Barradas, camarógrafo de la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del estado Mérida;

Mayra Cienfuegos, de Venezolana de Televisión (VTV);

Rafael Hernández, fotorreportero de la revista Exceso;

Lorena Arráiz del diario El Universal y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad;

Juan Pablo Bieri, Periodista colombiano y su compañero de la cadena Red Más Noticias;

María Iginia Silva y su equipo reporteril de Globovisión;

Carlos Arturo Albino de Globovisión;

Gabriel Osorio, fotógrafo de Orinoquiaphoto;

Maisdulin Younis y Clavel Rangel del diario Correo del Caroní;

Diogelis Pocaterra y el fotógrafo Wilmer González;

Jesús Hernández, periodista independiente;

Carlos Suniaga, junto al camarógrafo José Medina y el asistente de cámara Pedro Caña;

Carla Ochoa del diario Primicia;

Jesús Manuel Avendaño y Maikol Labrador del canal comunitario Jaureguina TV;

Eduardo Galindo, reportero de Radio Fe y Alegría;

Miguel Cardoza del diario Visión Apureña y corresponsal de El Universal;

Karl Penhaul y su equipo de reporteros de CNN Internacional;

Oliver Fernández, periodista del canal Televen;

Jesús Olarte, camarógrafo de Univisión;

Adrián Salas, periodista ciudadano;

José Manuel Luengo y Jesús Contreras del diario Panorama;

Elita Barroso del diario Primicia;

Oriana Faoro y María Ramírez Cabello del diario Correo del Caroní;

Reporteros gráficos del diario Sol de Margarita;

María Alejandra Salas, y dos corresponsales chilenos;

Leonervis Hernández, Rebeca Maricuto y el fotógrafo César Flores;

Francisco León Martínez, de Radio Fe y Alegría;

Tim Pool, productor y periodista del portal internacional Vice.com;

Luis Carlos Vélez, de Noticias Caracol y el diario El Espectador;

Andrea Jiménez, productora audiovisual y periodista

Pier Di Silvestri, estudiante;

Wilfredo Farías, fotógrafo del diario El Siglo;

María Fernanda García, comunicadora social y fotógrafa independiente;

Manuel Cardozo del Grupo Radial González Lovera;

Gianfranco Di Giacomantonio, periodista del medio italiano Abruzzo 24;

Ronald Muñoz, periodista de Venezolana de Televisión (VTV);

Karelys Lovera del diario Visión Apureña;

Francesca Commissari, fotógrafa italiana colaboradora del diario El Nacional;

Andrew Rosati, del diario The Miami Herald;

Jesús Tovar del diario Avance;

Aura Marina Rodríguez y el fotógrafo Juan Brito de El Impulso;

Alexander Sánchez foto-reportero de El Informador;

Amny Pérez Matos y el reportero gráfico Hugo Pachano de La Prensa de Lara;

Julio Materano, periodista de El Universal;

Adriana Núñez de Televen;

Amberlys Hernández y la reportera gráfica Ana Lucía García Nueva Prensa de Oriente;

Carlos Eduardo Martínez de Televen;

David Rondón, corresponsal del diario El Carabobeño;

Raíza Vargas y el equipo reporteril del canal D Televisión;

Javier Castillo, corresponsal de Miami Diario;

Esteninf Olivarez de Globovisión;

Madelyn Palmar, corresponsal de Globovisión;

Cristian Dubó de Canal 13 de Chile;

Carlos Suniaga, corresponsal de Globovisión;

Carlos Eduardo Ramírez, reportero gráfico del diario La Nación;

Dayana Méndez y Luis Rodríguez del diario Notitarde;

Gabriela García de El Nacional;

Israel Ruiz periodista independiente;

Jeanfreddy Gutiérrez y César Bracamonte, del diario El Periodiquito;

Vicelyz Fadul, periodista independiente;

Nairobi Pinto, jefa de corresponsales del canal Globovisión;

Ludmila Vinogradoff, del diario español ABC, y el fotógrafo David Maris;

Gabriela González, periodista independiente; y Johana Álvarez, corresponsal del canal mexicano Cadena 3;

Jonathan Manzano, reportero gráfico del diario Correo del Caroní;

Pableysa Ostos, de Notidiario y la Agencia Venezolana de Información (AVI);

Gonzalo Ruiz, reportero y camarógrafo corresponsal de NTN24;

Antonio Posteraro, del diario La Patilla.com

Andrés Rodríguez del Diario de Los Andes;

Pascuale Giorgio y Félix Santamaría, reportero gráficos;

Anne Córdova del diario El Oriental;

Víctor Almarza y Kevin Barrios del diario El Carabobeño;

Ángel Sánchez de Mundo Noticias;

Víctor Delgado de Reporte Valencia;

José Alejandro Ces de Global Noticias;

Javier García, periodista independiente;

Celina Carquez, del multimedio Contrapunto .

El 20 de febrero el periodista Eduardo Galindo habría presentado una demanda ante la Fiscalía Superior de San Fernando de Apure por las amenazas y hostigamientos que habría estado recibiendo a través de Facebook por parte de un usuario conocido como “El Maquiavelo”. De acuerdo con la información recibida, el usuario habría señalado a Galindo y a su colega Miguel Cardoza de ser los responsables de pagarles a los estudiantes para que protestaran.

El 21 de febrero la periodista y presentadora de CNN en Español Patricia Janiot denunció que habría sido víctima de un “incidente de hostigamiento” en el aeropuerto de Caracas cuando se disponía a regresar a Estados Unidos luego de que el gobierno venezolano le hubiera retirado su permiso para trabajar como periodista en ese país.

El 21 de febrero agentes de las fuerzas de seguridad le habrían impedido al periodista alemán Marc Koch, corresponsal de Deutsche Welle DW, servicio de radiodifusión de Alemania, realizar su trabajo como reportero en Caracas. De acuerdo a lo informado, los agentes le habrían impedido su entrada a un centro universitario. En otra oportunidad, Koch y su equipo de trabajo habrían sido retenidos por una hora y posteriormente  habrían sido obligados a borrar el material grabado.

El 4 de marzo varios fotógrafos y periodistas habrían sido agredidos por manifestantes mientras cubrían las protestas que tenían lugar alrededor de la Plaza Altamira en la ciudad de Caracas. Según lo informado, el fotógrafo Cristian Hernández habría sido agredido con un tubo de metal mientras que Dagne Cobo y otros periodistas habrían sido agredidos por defender a su colega. Los reporteros habrían publicado sus denuncias en Twitter. Cobo aseguró en su perfil de Twitter “AFP, EFE, Reuters, Cadena Capriles, Bloque Dearmas, TODOS agredidos por los q les hemos hecho fotos durante 3 semanas de protestas”  [sic].

En la noche del 10 de marzo, un grupo de personas habría incendiado las instalaciones de ULA FM 106.5, emisora de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Según lo informado, desconocidos habrían lanzado artefactos incendiarios contra las instalaciones de la emisora, lo que habría generado la propagación de las llamas en las cabinas de la estación donde se encontraban los equipos de grabación. El hecho no habría dejado heridos debido a que en el momento no había personal. El rector de la universidad, Mario Bonucci, habría pedido una “investigación seria” sobre la situación .

Durante las manifestaciones del 10 de marzo en el estado Carabobo, el equipo reporteril del diario El Carabobeño habría sido amenazado y luego agredido verbalmente por un agente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) .

El 15 de marzo el equipo reporteril del partido político de oposición Voluntad Popular habría sido amenazado de muerte por parte de sujetos que se habrían identificado como miembros del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros cuando los comunicadores se disponían a cubrir una protesta pacífica convocada por el mismo partido. Según lo informado, los reporteros habrían sido acusados de asesinos y empleados de la ultra derecha, y les habrían exigido retirarse del lugar. Los periodistas señalaron que junto a ellos se encontraban un reportero de nacionalidad portuguesa y la periodista Ingrid Bravo, de FM Center, a quien habrían agredido verbalmente por el uso de chaleco antibalas y máscara antigás.

El 22 de marzo funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habrían allanado el apartamento de Mildred Manrique, periodista del diario 2001, y luego la habría detenido tras encontrar en éste objetos como un casco, una máscara antigás, y un chaleco antibalas, que habrían sido catalogados por uno de los funcionarios como “terrorismo”. Según relató Manrique cuando llegó a su apartamento habría encontrado que su puerta había sido violentada y que presuntos funcionarios de la GNB estaban a punto de ingresar en busca de supuestas personas que estarían resguardas allí, sin embargo, el apartamento se encontraría vacío. Una vez adentro, los funcionarios habrían encontrado los elementos que señalaron de “terrorismo” y se los habrían llevado junto a otros equipos electrónicos de la periodista, como su computador, tablets, y algunas fotografías. También le habrían pedido que los acompañara hasta un destacamento en calidad de testigo. La periodista habría sido liberada después de dos horas y media. Asimismo, Manrique habría señalado que los elementos encontrados en su apartamento no solo los utilizaba para cubrir manifestaciones, sino que por la cercanía de su residencia a la plaza Altamira, lugar de la mayor cantidad de concentraciones, y a que vive con una persona en situación de discapacidad, tendría que hacer uso de estos elementos constantemente.

El 23 de marzo un grupo de periodistas, fotógrafos, camarógrafos y trabajadores de la comunicación habrían protestado frente a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Caracas en rechazo a las agresiones que el gremio habría sufrido durante la cobertura de las manifestaciones que han tenido lugar en el país desde febrero. Los comunicadores se habrían organizado luego de la detención de los periodistas Mildred Manrique e Israel Ruiz. El grupo se habría reunido con el general Manuel Quevedo y el comandante Justo Noguera, quienes habrían recibido de parte del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) la información de que hasta ese día se habrían presentado 74 casos de comunicadores agredidos por la GNB. Por su parte, los funcionarios habrían reconocido que se habrían cometido excesos, se habrían comprometido a minimizar la violencia contra los periodistas y habrían asegurado que existe una prohibición a nivel nacional para detener periodistas.

La sede del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) habría sido atacada por tercera vez en el estado de Táchira en la madrugada del 29 de marzo. De acuerdo con la información recibida, desconocidos habrían intentado incendiar la sede del canal y habrían disparado con armas de fuego contra las instalaciones. La ministra de Comunicación de Venezuela, Delcy Rodriguez, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter, que “opositores violentos” eran responsables por el ataque.

La Comisión también recibió información sobre la retención preventiva de cinco personas que viajan por el aeropuerto de la Ciudad de Santo Domingo, por presuntamente por grabar al personal militar que llegaba a la Base Aérea Buenaventura Vivas Guerrero vecina del aeropuerto del estado Táchira, el 31 de marzo.

El 12 de junio, un vehículo del diario Primicia habría sido impactado por un mortero durante la cobertura de un enfrentamiento entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Puerto Ordaz, estado Bolívar ninguno de los ocupantes del automóvil resultaron heridos.

El 20 de junio en Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría impedido realizar la cobertura de una protesta del partido Voluntad Popular frente a las instalaciones del Ministerio Público cuando exigían la liberación de su compañero Rosmit Mantilla. Mientras los dirigentes realizaban un pronunciamiento ante los medios de comunicación, los funcionarios habrían empujado y retirado a periodistas, camarógrafo y fotógrafos del lugar con sus escudos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) habría expresado su rechazo a los interrogatorios que se habrían realizado al menos a cuatro periodistas por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con la supuesta intención de obtener las fuentes informativas de los reporteros. Según lo informado, los comunicadores habrían sido interrogados sobre informaciones publicadas en los medios donde trabajan o en sus cuentas personales de Twitter. La SNTP habría denunciado los casos del periodista Deivis Ramírez, presuntamente interrogado el 11 de marzo por hechos de violencia ocurridos en Los Ruices, municipio Sucre. También se habrían presentado los casos de los reporteros del diario La Región de Los Teques, Daniel Murolo y Ronald Gil, quienes habrían sido buscados en la sala de redacción del diario y habrían sido llevados en calidad de testigos. Durante cuatro horas los habrían interrogado presuntamente con la intención de obtener las fuentes informativas que suministraron datos sobre el asesinato de la intérprete de señas del canal Venevisión, Adriana Urquiola. La periodista Altagracia Anzola habría sido sometida a dos interrogatorios sobre el mismo tema el 1 de abril.

La CIDH recibió información respecto a un exhorto de parte de la presidenta del Consejo Legislativo del estado Carabobo (CLBEC), Flor García, dirigido al Ministerio Público a citar a la periodista Charito Rojas por una información publicada en su cuenta de Twitter el 12 de marzo, donde la periodista habría publicado en la red social información sobre la muerte de una menor de edad presuntamente por un grupo de motorizados que habrían disparado en una urbanización del municipio Valencia. La periodista habría citado a una doctora como su fuente, la cual habría preferido mantenerse en el anonimato por seguridad. De acuerdo con García, la periodista debería rendir declaraciones ante los organismos competentes sobre la fuente que le habría dado esta información.

El 13 de febrero, el presidente del país, Nicolás Maduro, habría afirmado en cadena nacional que eliminar la señal de NTN24 de las empresas que ofrecen servicios de radio y televisión por suscripción había sido “una decisión de Estado” con el argumento de que incitaba a la zozobra. “Yo voy a defender el derecho a la tranquilidad de Venezuela y nadie va a venir desde el exterior a tratar de perturbar el clima psicológico de Venezuela” aseguró el mandatario . El director general de Conatel, William Castillo, en entrevista al canal Telesur habría dicho que “el fondo de esta decisión está en evitar una situación como la que ocurrió aquí en abril del 2002, cuando se diseñó en Venezuela un golpe de Estado inédito, que fue dirigido desde los medios de comunicación social, donde se montaron imágenes y se hizo una cobertura en tiempo y en tratamiento del lenguaje que promovía la intolerancia, el odio, el terror y un clima emocional de destrucción de la convivencia” . Posteriormente, el 17 de febrero, Castillo habría asegurado que la decisión de suspender la señal del canal obedecía a la protección de la soberanía “ningún país del mundo acepta que un canal internacional, con el cuento de la defensa de la libertad de expresión de sus dueños, desarrollando una línea política desde su línea editorial – sobre todo si es evidente su intención de dañar a Venezuela e irrespetar el pueblo venezolano – agreda desde otro país al nuestro. Eso no lo vamos a aceptar”.

El 13 de febrero, el presidente del país, Nicolás Maduro, habría acusado a la agencia de noticias Agence France Presse (AFP) de estar “en la cabeza de la manipulación” contra el pueblo venezolano. Según lo informado, el presidente Maduro habría instado a la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), Delcy Rodríguez, a que tome “medidas y le hable muy claro a los corresponsales de AFP en Venezuela; y a los jefes, dueños de esa agencia de noticias en el mundo”.

La cadena CNN en Español habría recibido diferentes acusaciones y críticas por parte del presidente Nicolás Maduro así como de otros funcionarios públicos relacionadas con su cobertura de las manifestaciones. El 14 de febrero, el canciller del país, Elías Jaua, habría señalado que “nuevamente el pueblo venezolano enfrenta una arremetida fascista” liderada por las cadenas de medios internacionales. “Todo el aparato propagandístico del mundo está ahora unido con una sola fuerza para atacar a Venezuela, liderizado por las principales cadenas de los medios internacionales llámese CNN y otras”, habría señalado el canciller Jaua, quien también habría acusado a los medios internacionales de tergiversar la información.

En cadena nacional del 20 de febrero el presidente Nicolás Maduro anunció la posible expulsión del país al equipo de la cadena CNN en Español. “¡Se va CNN de Venezuela, ya basta de propaganda de guerra! (…) ¡Si no rectifican, fuera de Venezuela!” habría dicho el mandatario, al tiempo que los habría acusado de incitar los hechos de violencia que se registraron en las manifestaciones durante los días previos . Según lo informado, luego de estas declaraciones medios estatales de televisión habrían incitado a los simpatizantes oficialistas a sumarse a la etiqueta en Twitter #FueraCNNdeVenezuela, lo cual habría sido apoyado por dirigentes gubernamentales y el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación (Sibci) . De acuerdo con la información recibida, el 20 de febrero Francisco Pérez, viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Información y Comunicación (Minci) habría notificado a los reporteros de CNN en Español Patricia Janiot, periodista y presentadora de noticias; Magdalena Cabral, productora; Rafael Romo, corresponsal de CNN Internacional; y Osmary Hernández, corresponsal, que su permiso para trabajar en el país había sido revocado. El 22 de febrero, la corresponsal Osmary Hernández y un camarógrafo habrían recuperado sus acreditaciones para trabajar en el país. El 16 de octubre, en una nueva visita al país, Janiot habría denunciado que el Minci habría negado el permiso de trabajo que solicitó ante el organismo para realizar reportajes sobre la situación del país.

En este contexto, la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, habría asegurado que “CNN podría estar incurriendo en propaganda de guerra”. El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, habría dicho que “CNN está haciendo exactamente lo mismo que hizo la radio hutu que llamaba cucarachas a los tutsis en Ruanda”. El 23 de febrero el presidente Nicolás Maduro habría insistido en sus acusaciones contra la cadena CNN en Español y habría criticado la transmisión de imágenes sobre los hechos de violencia registrados en el país. CNN “lo que quiere es que Venezuela se incendie y se destruya […] Destruir la patria para quitarnos el petróleo” habría dicho el mandatario.

Al mismo, tiempo el embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, habría denunciado ante esta entidad a diferentes medios internacionales de estar involucrados en campañas difamatorias. Durante su intervención el embajador habría señalado que estas difamaciones son presentadas “a través de la coordinación de la dictadura mediática con CNN a la cabeza”. También habría nombrado a otros medios como Clarín (Argentina), El Universo (Ecuador), Washington Post (Estados Unidos) y El País (España). También habría nombrado al canal internacional colombiano NTN24 a cuyos periodistas habría llamado “guerreristas, incendiarios y aliados con el ex presidente Álvaro Uribe”. Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el canciller de Venezuela, Elías Jaua, habría denunciado a medios internacionales y nacionales de llevar a cabo una “guerra psicológica” contra el país con el objetivo de “derrocar” el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

El 27 de marzo la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, habría solicitado investigar al diario del estado Aragua El Aragüeño por supuestos llamados a la conspiración a través de mensajes cifrados. Según lo informado, la funcionaria habría hecho la denuncia por su cuenta de Twitter al escribir “Diario El Aragüeño envía mensajes cifrados vinculados a la conspiración y la violencia en sus crucigramas! Hemos solicitado una investigación” . El diario habría publicado en su cuenta de Twitter una serie de tweets en los que habría señalado, entre otros temas, que consideraba no viable responder por medio de redes sociales a la denuncia hecha por la ministra y habría agregado que “[l]as puertas de este medio comunicación están abiertas para cualquier investigación que tenga a bien iniciar el Gobierno nacional…” .

El 8 de marzo, luego de una entrevista a CNN con la periodista Christiane Amanpour, que había sido transmitida el 7 de marzo, el presidente Nicolás Maduro habría atacado nuevamente a CNN en Español diciendo que pertenece a “la gusanera de Miami” y que estarían en campaña contra Venezuela .

El 8 de marzo el presidente Nicolás Maduro habría lanzado acusaciones contra Deivis Ramírez, periodista del diario El Universal y colaborador de Caracol Radio, a raíz de unas publicaciones que el periodista habría hecho  en su cuenta de Twitter. Según lo informado, Ramírez habría publicado una versión diferente a la oficial sobre la muerte de un motociclista durante una protesta. Según el periodista, habría sido asesinado por un funcionario de la Guardia Nacional. El presidente Maduro habría dicho públicamente que se trataba de una información falsa y criminal. “El primero que lanzó la falsa versión, yo diría criminal versión, fue un periodista del diario El Universal, Deivis Ramírez, estamos constatando si es verdad que él es dueño de ese Twitter donde se lanzó una versión criminal, ¡criminal!”, habría dicho el mandatario. El periodista habría expresado su preocupación por la reacción de personas oficialistas que podrían poner en riesgo su vida . De acuerdo con la información recibida, días después Ramírez habría sido citado en calidad de testigo de los hechos violentos sobre los que él había publicado información.

Durante un encuentro con periodistas el 14 de marzo, el presidente Nicolás Maduro habría señalado que el periodista de CNN en Español Fernando del Rincón promovía protestas violentas en el país. De acuerdo con la información recibida, el mandatario habría señalado que el periodista “alentaba” las “guarimbas” (término popular para identificar a los manifestantes que cierran las vías mediante el uso de escombros y otros materiales). El presidente también habría dicho que el periodista se encontraba haciendo “periodismo de guerra” y habría asegurado que le había mandado a decir que “si se pasa de la raya en el respeto de las normas internacionales, se tiene que ir de este país. Ahorita voy a evaluar qué hizo hoy”. Asimismo, el mandatario habría dicho que Del Rincón era un hombre “violento”, “psicótico” contratado para que hiciera “cualquier trabajo sucio”, y habría hecho alusión a una supuesta denuncia por violencia doméstica que tendría el periodista . Tras este señalamiento, la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, habría acusado al periodista en su cuenta de Twitter de “golpeador de mujeres” . El 22 de mayo el periodista habría llegado al país con el propósito de cubrir las elecciones municipales en San Cristóbal, pero el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información le habría negado el permiso de trabajo. Las razones de esta decisión no se habrían conocido .

El 17 de marzo la cadena Globovisión habría terminado su alianza de más de una década con RCN Televisión, grupo propietario del canal NTN24. Según lo informado, a los periodistas y sus equipos les habrían dado una semana para abandonar la sede de Globovisión. En un comunicado, el canal NTN24 expresó que continuarían con su labor informativa desde Venezuela. Hasta la fecha de cierre de este informe, el canal continúa fuera de las empresas que ofrecen servicios de televisión por suscripción en todo el país.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría ordenado la suspensión del programa radial ‘Plomo parejo’ dirigido por el productor independiente Iván Ballesteros a partir del 8 de mayo, “por presuntas violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos”. Según fue informada la CIDH, el Directorio de Responsabilidad Social habría solicitado a Conatel iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio luego de haber recibido una petición de varias organizaciones de usuarios de realizar una investigación al programa y a su conductor por presuntamente violar algunos artículos de dicha ley al considerar que los mensajes emitidos en dicho espacio se dirigen a “exacerbar los ánimos de la colectividad y a manipular a los usuarios receptores de dichos mensajes”. El Directorio también le habría solicitado a Conatel extender el procedimiento administrativo sancionatorio contra la emisora RCR 750 AM encargada de transmitir el programa . El artículo 27, uno de los mencionados, prohíbe “la difusión de los mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia […] fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público […] desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas” .

En una reunión con medios comunitarios y privados el 1 de junio el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, habría reconocido que habría utilizado en el 2013 “su poder como gobernador” para solicitar ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la destitución del periodista Horacio Contreras de su función de director de la emisora radial Studio 102.7 FM. El hecho tendría su origen en abril de 2013, cuando durante una ola de protestas en el país que habrían afectado este estado, el periodista habría realizado diferentes llamados al funcionario recordándole su función de garantizar la seguridad ciudadana. La gobernación habría amenazado ante Conatel con abrir un procedimiento administrativo, razón por la que la emisora habría decidido destituir al periodista de su espacio y dejarlo trabajando en la producción de su noticiero. El periodista también habría sido demandado por el funcionario por el delito de difamación, un caso que seguiría abierto, y habría recibido amenazas tras el incidente.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría cerrado la estación de radio Omega 104.9 FM que funcionaba en Socopó, estado Barinas, el 9 de julio. Funcionarios de la entidad habrían llegado hasta el medio con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y habrían procedido al cierre con el argumento de que la emisora no contaba con la “habilitación” que otorga el organismo. Según lo informado, en el municipio habría 10 emisoras de radio sin “habilitación”, pero seguirían funcionando. La emisora sería propiedad de Nikzal Azkoul, dirigente del partido opositor Voluntad Popular.

El 16 de agosto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría anunciado el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el operador Radio Caracas Radio C.A. (750 AM) y habría ordenado la suspensión del programa ‘Entre tú y yo con Nitu’, conducido por la periodista Nitu Pérez. El proceso habría iniciado por presuntas violaciones a lo señalado en los artículos 27 y 29 de la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, Ley Resorte, que prohíbe emitir por los medios radioeléctricos mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones políticas, fomenten zozobra en la ciudadanía o alteren el orden público y desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas. En el análisis del programa hecho entre febrero y agosto se habrían escuchado expresiones en las que se habría calificado al presidente Nicolás Maduro como “asesino, delincuente, dictador y narcotraficante”. La orden de suspensión del programa sería desde el 16 de agosto por el tiempo que dure el procedimiento administrativo.

El 19 de agosto la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría suspendido la señal de la radio Sensacional 94.7 FM del estado Barinas presuntamente con el argumento de que la concesión estaba vencida. Los funcionarios de Conatel habrían llegado en compañía de la fuerza pública. La propietaria de la radio habría asegurado que habría solicitado la renovación de la concesión, pero presuntamente Conatel no habría respondido, por lo que habría considerado que la suspensión de la emisora era una “decisión política” como consecuencia de su línea editorial. Una nueva emisora, llamada Radio Popular, habría comenzado a funcionar inmediatamente.

La CIDH recibió información sobre presuntos bloqueos al acceso y transmisión en vivo de medios de comunicación a través de Internet. En efecto, la CIDH fue informada de que el sitio web del canal internacional de noticias NTN24 habría sido bloqueado el 12 de febrero. Según lo informado, no habría sido posible el acceso a su portal dentro del territorio venezolano. El 17 de febrero, el director general de Conatel, Willliam Castillo habría confirmado que la página web de NTN24 fue bloqueada y afirmó que hasta tanto el canal no desista de sus intentos de apoyar activamente la desestabilización, la situación seguiría igual . El 18 de septiembre, el canal publicó un comunicado en el que informaba que el 16 de septiembre su portal web habría sido nuevamente bloqueado en el país. Esta vez el bloqueo habría sido más amplio y habría incluido todos los dominios del medio. El acceso desde Venezuela a toda la red de portales del canal, a sus aplicaciones y a su señal de streaming en vivo estaría inhabilitado. NTN24 también habría dicho que el bloqueo se habría originado dentro de la red de la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), y se habría expandido a otros operadores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en un comunicado de prensa habría señalado que esperaba que los problemas de señal del canal “obedezca a fallas técnicas y no, como lo han presentado las directivas del medio de comunicación, a una censura mediante un bloqueo tecnológico”. Asimismo, el Ministerio habría recordado al gobierno de Venezuela “que revise la decisión tomada el pasado mes de febrero, de suspender la señal del canal transmitido a través de cable operadores”. RCN Radio habría anunciado que sus ingenieros habrían podido establecer que CANTV “habría bloqueado las direcciones IP, los nombres de los dominios y los registros DNS de todos los portales del sistema de noticias de RCN Radio”. La tarde del 21 de octubre el portal habría sido desbloqueado.

El 15 de marzo el portal de noticias almomento360.com habría informado que la señal en vivo que cubría desde hacía un mes las protestas en la Plaza Francia de Altamira en Caracas habría salido de la página por “razones ajenas a su voluntad”. La señal habría sido sacada del portal Vida & Negocios después de supuestamente haber sufrido bloqueos a la dirección URL del canal y un bloqueo parcial que habría impedido desde el 13 de marzo subir noticias normalmente. El portal habría informado que sus usuarios les habrían comunicado que en sus hogares no se lograba visualizar la transmisión o se reproducía con irregularidades. El portal habría anunciado que formularía una denuncia ante los entes correspondientes y habría dado a sus usuarios otro enlace para acceder a la transmisión.

El Estado explicó que no se trataría de manifestaciones pacíficas sino de disturbios callejeros que afectarían a 18 de los 335 municipios de la República de Venezuela. Afirmó que “una manifestación pacífica no intenta destruir edificios como el de la Procuraduría General de la Fiscalía, no incendia vehículos, no incendia cerca de un centenar de vehículos del transporte público, no incendia ni destruye 16 universidades; ¡por favor! esos no son procedimientos pacíficos, ni estudiantiles, ni juveniles, son procedimientos de sicariato. Las llamadas manifestaciones consisten […] en que un grupo de delincuentes encapuchados cortan los accesos de los barrios de clase media y captura prisionera ahí a toda la urbanización; no les permiten salir, no los dejan recibir asistencia médica, no los dejan llevar sus hijos al colegio”. Según informó el Estado, de los detenidos en las manifestaciones, “apenas un 30% resultaron ser estudiantes, casi el 90% de los manifestadores detenidos por actitudes violentas fueron liberados a las pocas horas, y entonces, quedaron retenidos algunos que llevaban porte de armas, estaban portando ilegalmente armas, cosa que es penalizada en Venezuela, o estaban destruyendo propiedades o habían reincidido”. Informó que en este contexto fueron hackeados portales de los ministerios y portales del gobierno. Asimismo, indicó que el bloqueo de las líneas de comunicación en el país habría sido consecuencia de “un sabotaje de hace pocos días [que] incendió una central eléctrica”.

El 5 de junio de 2014, el Tribunal admitió la acusación contra Leopoldo López Mendoza y ordenó el pase del proceso a juicio, además ratificó la medida privativa de libertad en su contra.

El 24 de marzo el presidente de la Asamblea Nacional acordó la pérdida de la investidura de la diputada de la oposición, María Corina Machado, tras haber intentado comparecer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con acreditación alterna de la República de Panamá para presentar “la realidad de lo que ocurre en Venezuela […] la represión brutal que [tuvo] lugar en [esos] momentos en las calles de Venezuela” . El 21 de abril, Machado interpuso un recurso de amparo contra esta decisión. El 9 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró “improcedente in limine litis” la acción y estimó que “al aceptar una representación alterna de otro país […] sin solicitar autorización del Presidente de la Asamblea Nacional y sin éste habérsela concedido, perdió, de pleno derecho o ipso iure, la investidura parlamentaria que le correspondía. De ello se infiere que el supuesto de hecho en el que incurrió la otrora parlamentaria no exige acto jurídico alguno posterior respecto de su persona, que no sea la acción del Estado venezolano en defensa del Texto Fundamental y del cumplimiento de las normas contenidas en el mismo”. Posteriormente, el 3 de diciembre, el Ministerio Público imputó a María Corina Machado el delito de conspiración, establecido en el artículo 132 del Código Penal, según el cual “cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho” . Al cierre de este informe, se mantendría la imputación del Ministerio Público en contra de Machado y no se le habría reintegrado en su cargo.

El 2 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) habría declarado inadmisible una acción de amparo interpuesta el 31 de mayo de 2013 por la periodista Marieugenia (Maru) Morales Pinto del diario El Nacional contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el entonces director de Comunicación e Información de esta entidad, Ricardo Durán, para que se le permitiera la entrada a la Asamblea Nacional. La periodista habría solicitado la acción de amparo tras haber alegado una violación de sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de expresión y comunicación y al trabajo luego de que se le hubiera prohibido el acceso al lugar entre el 21 y el 28 de mayo de 2013. Según la sentencia del TSJ, Morales habría señalado que esta prohibición podría estar relacionada con un artículo publicado el 7 de mayo titulado ‘Nuevas Restricciones a la prensa’ en el que la periodista habría denunciado las supuestas restricciones de los periodistas a circular por la entidad, y ante el cual Durán la habría señalado como “operadora política de la derecha para entorpecer los trabajos comunicacionales de la Asamblea Nacional”. El Tribunal lo habría declarado inadmisible argumentado “inepta acumulación de pretensiones”, y habría precisado que los funcionarios denunciados como presuntos agraviantes ostentan cargos diferentes en donde Diosdado Cabello era considerado como un alto funcionario del Estado con jerarquía constitucional, mientras que Ricardo Durán no gozaba de dicha jerarquía ni formaba parte de la categoría de alto funcionario. “[C]orrespondería a esta Sala conocer en única instancia de la acción de amparo incoada contra el ciudadano Diosdado Cabello, más no contra el ciudadano Ricardo Durán quien, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tomando en cuenta que el presunto hecho agraviante proviene de un funcionario público que no goza de alta jerarquía, correspondería el trámite de la acción a un Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Capital (…)” .

La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci) Delcy Rodríguez, en un comunicado del 25 de mayo, habría atacado al diario español ABC y su corresponsal en Caracas, Ludmila Vinogradoff. El hecho se habría relacionado con la publicación de una nota periodística en la que se explicaba la resistencia para mostrar el certificado de defunción del ex presidente Hugo Chávez. La funcionaria habría dicho que “el diario ABC lleva más de 100 años al servicio del fascismo, atacando toda gesta revolucionaria […] Solo hay que advertir a las nuevas generaciones de este viejo instrumento de la ultraderecha, y repudiar públicamente a ABC hoy y cada vez que vuelva a atacar a Venezuela”. De la periodista habría dicho que “se ha caracterizado por un periodismo novelado y la mentira explícita contra la Revolución Bolivariana”.

El 11 de junio, el gobernador del estado Carabobo y coordinador nacional de Estrategia Política y Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Francisco Ameliach, habría denunciado a través de su programa radial que el director del diario Notitarde, Laurentzi Odriozola, podría estar implicado en presuntos planes de asesinato. El funcionario habría difundido una grabación durante el programa en la que supuestamente se oye a Odriozola hablar de que se debería matar a una persona. El funcionario habría asegurado que presentaría las pruebas ante el Ministerio Público. Los trabajadores del diario habrían publicado un comunicado en el que rechazaban las acusaciones y en que habrían expresado que lo sucedido con el director “pareciera ser una presión más por parte del Gobierno, en evidente propósito de amedrentar y censurar los medios libres e independientes, propio de los regímenes totalitarios. El 16 de junio, los trabajadores del diario habrían marchado por las calles de Valencia en apoyo a su director y a la libertad de expresión.

El 27 de julio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, habría atacado a los dueños de los diarios El Nacional y 2001 luego de que publicaran información relacionada con el caso del general mayor retirado Hugo Carvajal quien habría sido investigado, detenido y liberado en Aruba. El mandatario habría señalado que El Nacional un “periódico del fascismo de la ultraderecha, sacó barbaridades” y habría dicho que su presidente utiliza y destruye “ese patrimonio que es de todos los venezolanos [diario El Nacional] que nos dejó Miguel Otero Silva y que él se ha encargado y empeñado en destruir la obra porque no la representa no tiene ni una pizca de los valores morales, intelectuales y éticos” de su progenitor. El mandatario también se habría referido a la “oligarquía mediática” y habría agregado: “Dónde se irá a meter el diario 2001 de hoy domingo el dueño del Bloque de Armas luego de haber calculado una mentira en contra de un venezolano”.

El 3 de agosto el ministro del Poder Popular para el Turismo, Andrés Izarra, habría descalificado al jefe de redacción del diario El Universal, Elides Rojas, a través de su cuenta de Twitter. En diferentes tweets escribió que el periodista “es tremendo arrastrado. Le mueve la colita a cada nuevo amo”, “no renuncia porque tiene tremendo bozal de arepa” y “solo se mueve por plata”. El periodista le habría respondido: “No voy a renunciar a pedido de otros. Y menos si lo exige uno del clan corrupto. Pídele a los dueños que me boten”.

Durante un acto de entrega de viviendas y en cadena nacional de radio y televisión el 18 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro habría acusado de “terrorismo psicológico” y “terrorismo mediático”, entre otras expresiones, a los medios que reportaron sobre muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay como CNN En Español, El Nuevo Herald, NTN24, entre otros. El mandatario se habría referido a CNN En Español como “un laboratorio de mentiras y de guerra psicológica y basura contra el país”, a NTN24 como “un canal de televisión basura” y a El Nuevo Herald como el “depositario de todas las mentiras contra Venezuela”. El presidente Maduro habría llamado a los órganos de justicia a adoptar nuevas y mayores medidas nacionales e internacionales contra dichos medios, y a actuar con firmeza y severidad para “castigar” a todos los responsables y “perseguir al terrorismo”.

El 22 de octubre, el presidente Nicolás Maduro habría acusado a la agencia de noticias Reuters de estar “declarada en campaña para destruir a Venezuela” por la cobertura a diferentes temas del país, entre esos las muertes en el Hospital Central de Maracay. “Yo denuncio esta agencia de noticias Reuters porque hace daño todos sus cables internacionales, que corren, llegan a manos de los expertos, crean alarmas”. El mandatario habría hecho un llamado a unir “fuerzas nacionales” en contra de estas campañas.

El 30 de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro habría dicho que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) era víctima de ataques de la prensa luego de la publicación de dos caricaturas que harían referencia al aumento salarial del 45% para los militares que habría sido acordado en días previos. El mandatario se habría referido al diario El Carabobeño al que calificó como “un periódico de la oligarquía rancia de Valencia”, habría dicho “[a sus dueños] los repudio, los rechazo por bandidos” y les habría exigido que “aprendan a respetar la dignidad de la” FANB. También se habría referido a una caricatura de Roberto Weil que mostraría a un funcionario de las fuerzas armadas obeso y con los bolsillos llenos de billetes en contraste con gente pequeña y pobre. De él habría dicho “que responde a los peores y más oscuros grupos y grupúsculos que odian a nuestro país” y habría agregado que “está bajo investigación del Ministerio Público” por presuntamente haber anunciado en una caricatura “que iba a haber funerales en la Asamblea Nacional dos semanas antes del asesinato” del diputado Robert Serra. Esta caricatura representaba un funeral de ratas la cual habría sido asociada con el asesinato del diputado Serra y por la cual Weil habría sido despedido del diario Últimas Noticias.

La CIDH recibió igualmente información respecto que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estaría realizando descalificaciones en contra de trabajadores de la prensa, miembros de organizaciones de la sociedad civil y/u opositores a través de su programa ‘Con El Mazo Dando’ que se transmite por Venezolana de Televisión (VTV). Así por ejemplo, en junio habría dicho los apellidos de algunos periodistas a quienes habría señalado de recibir publicidad para hablar bien de un alcalde. El 31 de julio, habría señalado que apoyaría posibles acciones legales en contra de Sofía Nederr y Hernán Lugo Galicia, periodistas del diario El Nacional, luego de la publicación de un artículo relacionado con el caso del mayor general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hugo Carvajal quien fue investigado, detenido y posteriormente liberado en Aruba. Al diario lo habría catalogado de “irresponsable como siempre” . Sobre Lugo Galicia se habría vuelto a referir el 25 de septiembre al hacer referencia a los presuntos despidos del diario El Nacional: “Ay, Hernán Lugo, tanto adular y como que te van a botar […] dicen que Hernán Lugo es uno de los que se va. ¡Estás botado!” . El 30 de octubre habría leído un texto en el que señalaba a miembros de diferentes organizaciones no gubernamentales del país así como a la periodistas Laura Weffer de asistir a una reunión en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos para planificar “las acciones en materia de Derechos Humanos que emprenderán las ONG contra el Gobierno Bolivariano en el año 2015. Es decir, los planes son más denuncias infundadas, más mentiras en la prensa, más lobby para presionar a otras organizaciones y gobiernos derechistas, más viajes, más gastos, más dinero del imperio para las ONG, entre las acciones para que liberen al conspirador Leopoldo López”. Cabello habría llamado a uno de los miembros de una de estas organizaciones “mafioso de primera marca”. La periodista habría dicho que no pertenece a ninguna ONG y que no está invitada a ningún evento, pero de estarlo “no es ningún delito, aunque así lo quieran hacer ver” . El 6 de noviembre, Cabello habría leído información aportada por un “patriota cooperante” en la que se habría señalado que la ONG Espacio Público denuncia la situación de Derechos Humanos en el país con “intereses ocultos” y habría señalado a su director como “amigo de los prófugos de la justicia venezolana”. Cabello habría leído otros textos enviados por personas en los que se habría criticado la labor de personas miembros de otras organizaciones como la periodista Mariengracia Chirinos . Una semana después Cabello habría leído de nuevo información en la que señalaba que “la ONG Espacio Público se encuentra celebrando reuniones con los tuiteros detenidos por las ‘guarimbas’ y representantes de Human Rights Watch. Cuentan con el asesoramiento de una persona llamada Luis de León, pero en realidad se trata del prófugo Diego Arria, quien tiene gran afinidad y amistad con el director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa”.

El 20 de noviembre, el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, a través de su cuenta de Twitter habría acusado al diario El Nacional de llevar a cabo una “guerra psicológica” tras las publicaciones del medio relacionadas con las medidas tomadas por el gobierno en contra de la “guerra económica”. El funcionario habría señalado que el trabajo del medio “consiste en alterar la mente de los y las ciudadanas, asustarlos, enloquecerlos”.

Sobre este tipo de declaraciones estigmatizantes, la Comisión Interamericana ha señalado que: “los funcionarios públicos tienen el deber de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos y deben atender al contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”.

Responsabilidades ulteriores

El 6 de marzo la jueza 29 de Control de la jurisdicción de Caracas, Bárbara César Siero, habría admitido una demanda penal contra el director y el resto de los miembros de la junta directiva y un columnista del diario TalCual interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la que se declara víctima de “difamación agravada” por parte del diario y de uno de sus columnistas. La demanda iría en contra de los directivos del diario Teodoro Petkoff, Manuel Puyana, Francisco Layrisse y Juan Antonio Golía, y contra el columnista Carlos Genatios. La magistrada también habría dictado medidas cautelares contra los demandados a quienes se les prohíbe la salida del país y los obligaa a presentarse al tribunal cada semana. Según lo informado, la demanda tendría su origen en un artículo de Genatios en la que atribuye a Diosdado Cabello la frase “si no les gusta la inseguridad, váyanse”, un hecho que el parlamentario niega. De fallar en contra del diario y del columnista, los demandados podrían enfrentar penas de prisión de cuatro años y el pago de multas millonarias. Al cierre de este informe, el proceso seguiría abierto.

El 15 de octubre, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al diario El Nacional y a las periodistas Hercilia Garnica e Ibeyise Pacheco a pagar una indemnización total de 4 millones 500 mil bolívares (aproximadamente US$ 714 mil) a un médico por daño moral. El TSJ declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por los acusados en contra de una sentencia dictada el 15 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. El caso se remonta a unos artículos publicados en 1991 cuyo contenido señalaría mala praxis por parte del médico lo que fue considerado por él como una campaña de desprestigio y deshonra en su contra. El Tribunal también ordenó que la C.A. Editora El Nacional permitiera el derecho a réplica por parte del médico a través de cinco remitidos que el profesional decida en la primera página de uno de los cuerpos del medio, sin ningún costo.

Entre el 22 de agosto y el 15 de octubre, se habrían detenido al menos a siete personas luego de haber expresado su opinión a través de la red social Twitter y habrían sido trasladas a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Inés Margarita González habría recibido una citación de parte del Ministerio Público luego de publicar un tweet sobre la muerte del diputado oficialista Robert Serra. En su audiencia de presentación, la fiscal del tribunal 13 de control le imputó los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje a funcionario público, por los que estaría recluida desde el 8 de octubre. Otras seis personas habrían sido detenidas luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, los acusara durante su programa ‘Con El Mazo Dando’ de enviar “mensajes de amenazas y burlas por el asesinato de Robert Serra y María Herrera”. El Foro Penal habría señalado que los tuiteros estarían detenidos por presuntos mensajes de “instigación pública”. Según lo informado, se habría detenido a Ginette Hernández, estudiante de Artes, acusada de fraude informático y crear pánico y zozobra en la colectividad por presuntamente escribir un tweet que habría predicho la muerte del diputado Serra. Lessy Marcano, presunto tío de Hernández, estaría acusado de los mismos delitos y de usar la misma cuenta. Leonel Sánchez Camero investigado por el hackeo de las cuentas de Twitter de Jacqueline Faría, ministra de Comunicaciones, Gabriela del Mar Ramírez, Defensora del Pueblo, y el diputado Eduardo Lima. Víctor Ugas detenido por difundir las imágenes del cadáver del diputado Serra. Abrahan David Muñoz, estudiante de ingeniería, detenido por hacer comentarios sobre la muerte del diputado Serra. Muñoz ya estaría en libertad. Daniely Benítez, estudiante de Artes, habría sido detenida por estar vinculada a la cuenta que habría predicho la muerte del diputado Serra, sin embargo habría sido liberada al no demostrar ninguna vinculación

Censura de material periodístico, despidos y renuncias de periodistas

La CIDH señala que: “tras la venta de algunos medios de comunicación decenas de periodistas habrían perdido su trabajo. Estas personas habrían sido despedidas o forzadas a renunciar en algunas ocasiones luego de pronunciamientos públicos por parte de funcionarios en contra de sus trabajos. Otras personas habrían renunciado por presuntos casos de censura de material periodístico por parte de las directivas. Algunos hechos habrían generado pronunciamientos públicos o protestas por parte de los trabajadores de dichos medios.” Son representativos de este patrón:

David De Matteis, periodista de Globovisión, habría sido despedido el 26 de febrero tras la publicación de unos tweets relacionados con el presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con el periodista, unos comentarios que habría escrito durante la cobertura de una rueda de prensa el 21 de febrero, habrían generado inconformidad en la ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Delcy Rodríguez, por lo que habría presionado su salida del canal. De Matteis señaló que el canal le habría llamado la atención, y unos días después le habría comunicado que prescindiría de sus servicios .

El 17 de marzo, la jefa de Investigación de la Cadena Capriles, Tamoa Calzadilla, habría renunciado a su cargo en el grupo editorial un día después de la supuesta censura por parte de la junta directiva que decidió no publicar en uno de sus diarios (Últimas Noticias) un trabajo investigativo de la periodista Laura Weffer sobre las protestas en la plaza Altamira del municipio Chacao, Caracas. Según lo informado, la nota iba a ser publicada el domingo 16 de marzo y en ella figuraban entrevistas con estudiantes y ciudadanos que encabezan las protestas, y con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Luego de la renuncia, los periodistas de la cadena se habrían reunido en asamblea para decidir las acciones a tomar y habrían iniciado una protesta en su oficina al poner carteles en sus escritorios con la frase “el periodismo primero”. La nota supuestamente censurada habría sido publicada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.

Los corresponsales de la cadena Globovisión para el estado Zulia Jesús González y Madelyn Palmar, y para el estado Lara, Doricer Alvarado, habrían renunciado tras el despido del equipo técnico en estas ciudades. Los corresponsales además habrían explicado que habrían sido víctimas de censura tras la venta del canal o que se presentaban irregularidades al momento de publicar los reportajes sobre las protestas.

La periodista Shirley Varnagy habría renunciado al canal Globovisión el 30 de abril luego de que presuntamente el medio hubiera censurado parte de la entrevista que la comunicadora hizo con el Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa. Según informó la periodista, la decisión la habría tomado tras notar que durante la transmisión de la entrevista se habrían censurado ciertas partes de ésta, especialmente las relacionadas con la pregunta sobre la percepción de ex presidente Hugo Chávez. La periodista habría dicho también que desde que realizó la entrevista el 24 de abril, el canal habría puesto obstáculos para la transmisión de la entrevista. La periodista y otros medios habrían publicado la entrevista completa.

El 2 de abril, el presentador y periodista de ‘Noticias Globovisión’ Reimy Chávez Perche presentó su renuncia en vivo señalando “razones ajenas a [su] voluntad y diferencias de criterios”. Durante los comerciales, y sin acabar la emisión del noticiero, guardias de seguridad lo habrían desalojado y no lo habrían dejado ingresar a las oficinas de los directivos para entregar formalmente su renuncia. El periodista señaló que no había sido agredido físicamente. Posteriormente, Vanessa Ugueto, periodista y productora del canal, habría sido despedida presuntamente por un tweet en que se solidarizaba con Chávez Perche y con los corresponsales que habían renunciado en días anteriores aduciendo censura en el canal.

El 30 de mayo, la periodista Lisseth Boon del diario Últimas Noticias habría informado a través de su cuenta de Twitter que antes de renunciar a su trabajo en el periódico habría escrito un reportaje que habría sido censurado. En su reportaje titulado ‘La canasta alimentaria se compra en más de 3 días’ la periodista explicaría la dificultad de las familias para comprar la lista básica de alimentos fijados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El trabajo periodístico habría sido programado para salir tres semanas atrás del anuncio, pero hasta ese momento no se habría publicado. Este sería el segundo trabajo presuntamente censurado por este diario.

El 8 de mayo, Juan Carlos Figueroa, reportero de la fuente política del diario Últimas Noticias, habría renunciado a su cargo posiblemente por la censura que se presentaría al interior del medio. La noticia la habría dado a conocer el periodista a través de su cuenta de Twitter en donde habría escrito “La censura en @Unoticias es innegable. Mis compañeros dan la batalla todos los días. Hasta hoy di la mía. Fuerza para ustedes” .

El 26 de mayo los directivos del grupo Últimas Noticias habrían despedido a los periodistas Erys Wilf Alvarado, quien se desempeñaba como director general de la redacción única del conglomerado, y a Jován Pulgarín, director del diario Líder, periódico deportivo que pertenece al grupo, al parecer por razones relacionadas con la cobertura informativa. Según informó Pulgarín las directivas le habrían informado que estaban en desacuerdo con la cobertura que el diario habría hecho sobre los Juegos Sudamericanos de Playa, razón por la que prescindirían de sus servicios. La directora de Periodismo Gráfico y Audiovisual del grupo, Carmen Riera, habría renunciado en rechazo a lo que habría considerado un despido arbitrario vinculado a razones informativas. Tras el despido, se habría realizado una asamblea con los trabajadores donde se habría informado de la situación. El día anterior, el presidente Nicolás Maduro habría expresado en su cuenta de Twitter su inconformidad por la cobertura hecha por los medios de estos juegos.

Directivos del grupo de medios Últimas Noticias habría retirado la columna semanal del economista y profesor universitario José Guerra de su diario Últimas Noticias el 9 de junio. Según informó el columnista, lo habrían llamado a notificarle que por órdenes superiores no volvería a escribir, pero la decisión se la harían llegar de manera formal en los días siguientes. El columnista solía abordar de manera crítica escenarios específicos de la economía venezolana y al parecer sus dos últimas columnas habrían sido especialmente críticas.

El 10 de junio directivos del canal privado Televen habrían ordenado retirar del aire el programa de opinión y humor político de Luis Chataing, ‘ChataingTV’. Según la información recibida, el periodista habría estado preparando la emisión de esa noche cuando le habrían anunciado esa decisión que incluía no emitir el programa de ese día. Según el periodista, se habrían tratado de “presiones” externas al canal lo que habría obligado a tomar esta decisión de las cuales habría tenido conocimiento semanas antes.

Hecmiry Lugo, periodista del canal Dat TV, habría anunciado su salida del canal el 10 de julio luego de que le prohibieran entrevistar a la líder política opositora María Corina Machado. La periodista habría querido entrevistar a Machado para el programa ‘Dos visiones, Un país’ que se transmite todos los domingos en la noche ante lo que el canal le habría puesto muchos obstáculos. Posteriormente se habría enterado de que era una orden del canal el no realizar la entrevista y tras una reunión con representantes del canal le habrían anunciado que ya había sido sustituida: “Prácticamente me dijeron vete”.

Artículos de la sección ‘Más Vida’ del diario Últimas Noticias habrían sufrido censura o cambio de información por lo menos en tres ocasiones durante el mes de julio. Dicha sección que refleja los problemas de las comunidades, sería una de las más afectadas en el medio .

La CIDH recibió información sobre la salida del diario El Universal de al menos 26 articulistas de opinión luego de denunciar presuntas censuras por parte de las nuevas directivas del diario. Según lo informado, algunos de los articulistas habrían decidido dejar de colaborar con el diario luego de que no publicaran sus escritos o que se les prohibiera hablar sobre determinados temas. El 5 de agosto el diario habría informado en un editorial que en los últimos días se habrían “presentado una serie de inconvenientes” en la sección de Opinión relacionados con “la entrada en vigencia de nuevas normas para el tratamiento de los artículos” así como de “retomar el Manual de Estilo”. En este sentido, habría señalado que el diario habría declinado de publicar dichos artículos que “no responden al código ético establecido y conocido”. El 4 de julio se habría hecho oficial la venta del medio al grupo español Epalisticia por una cifra de 90 millones de euros (aproximadamente US$ 123 millones). El diario es uno de los más antiguos con 105 años y de los últimos medios opositores que se mantenían en el país. Su nuevo presidente Jesús Abreu Anselmi habría dicho que no cambiaría la línea editorial, que no se producirían despidos y que la empresa no tendría vínculos con el gobierno nacional. En mayo de 2013 se habría realizado la venta de Globovisión y en octubre del Grupo Últimas Noticias.

El 15 de agosto, Ramsés Siverio, corresponsal del diario El Universal en el estado Bolívar, habría señalado haber sido censurado por parte del medio luego de que presuntamente el diario decidiera no publicar una noticia sobre la protesta laboral por parte de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco ‘Alfredo Maneiro’ (Sidor) que tuvo lugar el 14 de agosto. La nota se habría sacado al cierre de la edición sin ninguna explicación y se habría publicado información basada en una nota realizada por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) . Por este hecho, los trabajadores del diario habrían emitido un comunicado el 17 de agosto en el que expresaban su “preocupación por los cambios que se han registrado en los lineamientos dictados para el ejercicio de nuestras labores, a raíz del cambio de propietarios, por todos conocido” y que tuvieron su “clímax” con la supresión de dicha nota.

El 17 de septiembre, la caricaturista Rayma Suprani habría sido despedida del diario El Universal presuntamente por haber publicado una viñeta en la que ilustra la situación del sector salud del país empleando, como parte de la viñeta, la firma del fallecido expresidente Hugo Chávez. Suprani, quien trabajó para el diario 19 años, habría dado a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. Los periodistas del diario habrían emitido un comunicado en el que expresaron su decisión de defender “los espacios para informar al país, a pesar de las restricciones y la censura crecientes”. El 3 de agosto, la caricaturista habría denunciado ser objeto de censura del diario El Universal cuando la caricatura que habría hecho para la edición del día no habría sido publicada, y en su lugar se habría publicado una viñeta de su autoría de archivo. En la caricatura presuntamente censurada, Suprani habría dibujado a los próceres independentistas de Colombia y Venezuela, Francisco José de Paula Santander y Simón Bolívar respectivamente, bajo el título “La Gran Colombia” y debajo, con un vestuario parecido al de Charles Chaplin, los rostros de los actuales presidentes, el venezolano Nicolás Maduro y el colombiano Juan Manuel Santos, y lo titula “La Gran Comedia”. El diario habría escrito en Twitter que a la periodista se le habría dicho que “era irrespetuoso poner a Santos con cara de cochino. Había aceptado el cambio de caricatura”. En su informe anual de 2013, la Relatoría Especial registró denuncias de amenazas de muerte, insultos y descalificaciones contra Suprani. También tomó nota del anuncio de una acción legal contra la caricaturista por parte de un funcionario público .

El 1 de octubre, funcionarios de seguridad del Grupo Últimas Noticias habrían intentado desalojar a la fuerza al periodista Odell López, de la fuente política del diario Última Noticias, luego de que se negara a renunciar a su puesto el 30 de septiembre cuando habría sido solicitado por el departamento de Recursos Humanos. Para el periodista la solicitud estaría relacionada por el apoyo que le habría dado a un periodista de El Nacional a través de su cuenta de Twitter quien habría sido hostigado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, durante uno de sus programas ‘Con El Mazo Dando’ . El 2 de octubre, el periodista habría presentado una denuncia ante la Fiscalía por las agresiones del día anterior y por acoso laboral. En agosto, el periodista habría denunciado una presunta censura por parte del director del diario luego de que no se publicara un reportaje sobre la disputa en la soberanía de Venezuela sobre Guayana Esequiba . El 10 de noviembre, el reportero habría anunciado su renuncia al circuito radial FM Center, presuntamente por presiones de la directiva quienes habrían solicitado su renuncia tras el episodio en la sede del Grupo Últimas Noticias. Según informó el periodista, desde dicho incidente, a pesar de que continuaba reporteando para FM Center no lo habrían vuelto a sacar al aire, sin darle ninguna explicación. Sus notas eran narradas por otra persona.

El 6 de octubre, el Grupo Últimas Noticias habría despedido al caricaturista Roberto Weil, colaborador del suplemento Dominical insertado en el diario Últimas Noticias, presuntamente por la molestia que habría generado la publicación de una caricatura entre el oficialismo. Dicha caricatura, divulgada en las redes sociales el 5 de octubre, luego de que el medio decidiera eliminarla de la publicación, mostraba el velorio de una rata, el cual habría sido interpretado como una alusión al asesinato del diputado Robert Serra ocurrido el 1 de octubre. Tras su publicación, Weil habría recibido insultos a través de redes sociales por parte de funcionarios y otras personas, entre ellos el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quien lo habría llamado “miserable”, “basura” y “fascista” entre otros improperios. Asimismo, el comisionado presidencial para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, habría dicho que “[c]onviene investigar cómo se coló el ejemplar fotografiado y qué ‘inspiró’ al autor para dibujar esto 15 días atrás” . Weil habría señalado que la caricatura se entregó 15 días antes, siguiendo el proceso normal de las publicaciones anteriores. La revista habría emitido un comunicado en el que señalaba que esta revista suele estar impresa dos semanas antes de su circulación. La revista no habría circulado en algunas ciudades y en otras habría circulado sin la página que contenía la caricatura.

Un texto del periodista Eligio Rojas que iba a ser publicado en el diario Últimas Noticias el 15 de octubre no se habría publicado sin ninguna explicación. La nota informaba sobre que un presunto involucrado en el asesinato del diputado Robert Serra y su asistente estaría herido y se encontraría en cuidados intensivos. También se habría eliminado una entrevista de Fabiana Ortega con la periodista de CNN en Español Patricia Janiot. La entrevista habría sido eliminada de la versión impresa, pero estaría disponible en la versión digital. El hecho se produciría luego de que el Ministerio Popular para la Comunicación y la Información negara el permiso a Janiot y a su equipo de trabajar en el país.

El 11 de noviembre, Carmen Rosa Gómez, jefa de la sección de Economía, y Roberto Deniz, reportero de la misma sección del diario El Universal, habrían anunciado su renuncia del medio presuntamente por presiones desde la directiva del periódico para censurar información. De acuerdo con Gómez, en el diario se habrían presentado cambios en la cobertura de estos temas que llevarían al cambio de titulares, cambio de información o la no publicación de ciertas noticias sin consulta alguna. Por diferentes hechos, Gómez se habría manifestado por escrito en tres ocasiones, la última de ellas el 10 de noviembre. Al no recibir respuesta, habría presentado su renuncia. En el caso de Deniz un título y sumario de una nota ya habrían sido cambiados en octubre, mientras que en su última nota publicada una de las fuentes, que habría advertido sobre una profunda crisis económica, habría sido eliminada.

El 7 de mayo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habrían retenido al presidente de la ONG promotora de derechos humanos ‘Un Mundo sin Mordaza’, Rodrigo Diamanti, en el aeropuerto de Maiquetía, cerca de Caracas, el 7 de mayo. La información habría sido difundida por miembros de la ONG y otras personas a través de las redes sociales en donde habrían señalado que la captura se habría realizado sin ninguna orden. La captura se habría realizado tras las declaraciones dadas por el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, en las que habría señalado a Diamanti de presuntamente financiar y apoyar las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En días anteriores, el 1 de mayo, la sede de esta ONG y de ‘Humano Libre’ habrían sido allanadas por presuntos funcionarios de la Sebin quienes tras registrar el lugar habrían detenido a un joven que cuidaba el lugar. Diamanti habría permanecido detenido hasta la noche del 9 de mayo, el Tribunal 27 de Control del Área Metropolitana de Caracas le habría otorgado la libertad con medidas cautelares y le habría prohibido salir del país. El Ministerio Público lo habría acusado de dos delitos previstos y sancionados en el Código Penal: obstrucción de la vía pública y tenencia de artefactos explosivos (que habrían sido encontrados en el allanamiento a la sede de la ONG).

Ataques contra la sociedad civil

El 27 de julio de 2014 Yonatan Matheus y Wendell Oviedo, representantes de la organización Venezuela Diversa, habrían sido robados y habrían recibido amenazas de muerte debido a sus trabajos de denuncia en relación con las situaciones de violencia y discriminación contra las personas trans en Caracas. Basados en la nota de prensa publicada por la Comisión Interamericana en relación al asesinato de la mujer trans Lulu en 2012 y por los comentarios incluidos por la CIDH en el Capítulo IV del informe anual de 2013, Matheus y Oviedo denuncian que estarían sufriendo represalias por parte del gobierno y la organización estaría siendo considerada subversiva. El objeto sería deslegitimar el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos a favor de las personas y grupos LGBTI y cerrar la posibilidad de articulación y exigibilidad de derechos ante el Estado y sus instituciones. La CIDH también recibió información que Matheus y Oviedo, habrían tenido dificultad en un inicio para conseguir autorización estatal para realizar una caminata contra la homofobia, pero que finalmente habrían logrado realizarla.

Asimismo, la CIDH recibió información preocupante sobre el caso de Rosmit Mantilla, defensor de los derechos de las personas LGBTI y fundador del Movimiento Pro inclusión de Voluntad Popular (partido de oposición al gobierno) y defensor de la comunidad sexo-diversa, que habría sido arbitrariamente detenido el 2 de mayo de 2014. Señala la información que un “patriota cooperante” habría informado al gobierno que Mantilla estaría cometiendo delitos que pudieran afectar la estabilidad de las instituciones del Estado. Durante su presentación al tribunal, Rosmit Mantilla fue acusado de instigación e intimidación pública; obstaculización de vías; incendios de edificios públicos y privados; daños violentos; y asociación para delinquir. La información presentada indica que no han sido presentadas pruebas en su caso, y que el fiscal no ha podido indicar cuándo Mantilla realizó los hechos de los que se le acusan. Según información de público conocimiento, al 4 de diciembre de 2014, el defensor Rosmit Mantilla continúa detenido.

Situación de defensores y defensoras de derechos humanos

Se ha recibido información sobre una serie de agresiones y detenciones de trabajadores y líderes sindicales en el contexto de manifestaciones en reclamo por sus derechos laborales. Al respecto, la organización PROVEA ha señalado que entre 2002 y 2014, 150 sindicalistas y aproximadamente 3.000 trabajadores han sido sometidos a juicio por protestar. Así por ejemplo el 11 de agosto de 2014 se desarrolló una protesta en los portones de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) que habría sido dispersada de forma violenta por la Guardia Nacional mediante el uso de gas lacrimógeno y perdigones. Según información de público conocimiento el trabajador William Castillo resultó herido de perdigón y Johan Pérez habría sido herido en el pecho y en la cara.  Asimismo, según la información disponible varios dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) fueron detenidos, entre ellos se encontrarían Leonardo Azócar, Secretario de Trabajo y Reclamo y Joaquín Salazar, Secretario de Formación Sindical. Adicionalmente, 19 trabajadores habrían sido detenidos el 12 de agosto en las inmediaciones del Comando Regional 8, quienes posteriormente habrían sido liberados.

Adicionalmente, en el contexto de reclamaciones laborales se tuvo conocimiento de que el 3 de febrero de 2014, diez dirigentes sindicales de la industria petrolera fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana mientras protestaban en el portón principal de la refinería de Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, exigiendo la firma del contrato colectivo. Entre los detenidos estaba el Secretario General de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas y los directivos de Sinupetrol Moisés Párica, William Párica y David Párica. También habrían sido detenidos el dirigente sindical Bladimir Carvajal; los operadores de planta Endy Torres, Jesús Girado y Emiro Millán, el delegado de prevención Leonardo Ugarte y el ingeniero Rafael Pereira. Los trabajadores petroleros habrían estado protestando de forma pacífica con pancartas y gritando consignas, razón por la que habrían sido detenidos y presuntamente golpeados por la Guardia Nacional Bolivariana.

Según denunció la coordinadora del movimiento sindical Unión Nacional de Trabajadores (ÚNETE), Marcela Máspero, dichas acciones estarían relacionadas con los testimonios presentados en días anteriores ante la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo. Tras su detención, los sindicalistas fueron acusados por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y promoción a la suspensión del trabajo, previstos en los artículos 218 y 193 del Código Penal Venezolano. El Tribunal de Control N° 4 del estado Anzoátegui, les otorgó libertad bajo régimen de presentación cada 30 días y prohibición al grupo hacer reuniones y manifestaciones en cualquier instalación de la industria petrolera, así como obstruir el tráfico en las vías de acceso.

El 12 de febrero de 2014 el coordinador de medios del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Inti Rodríguez, habría sido “secuestrado” presuntamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y agrupaciones parapoliciales del oeste de Caracas. Según lo informado, Rodríguez fue trasladado hacia un sector del oeste de la ciudad (barrio “23 de enero”) donde habría sido golpeado e interrogado por un grupo de aproximadamente de 20 personas. Luego de dos horas de secuestro, lo habrían liberado tras despojarlo de sus pertenencias. Adicionalmente Rodríguez habría sido amenazado de muerte en caso de interponer alguna denuncia sobre los hechos.

El 22 de abril de 2014 se tuvo conocimiento de que el abogado del Foro Penal Venezolano (FPV), Marcelo Crovato, habría sido detenido mientras asistía a unas familias a quienes les habrían allanado sus viviendas. A raíz de su detención, la Fiscal 59 del Área Metropolitana de Caracas le habría imputado los delitos de instigación a delinquir, obstrucción de la vía pública y posesión de elementos incendiarios. Actualmente Crovato está recluido en el centro penitenciario Yare III y hasta la fecha no se ha realizado la audiencia preliminar sobre el proceso penal que se inició en su contra ya que la misma habría sido diferida en dos oportunidades . Según información aportada por el Foro Penal Venezolano, Crovato padece cáncer en la piel, habría perdido 20 Kg. y tendría limitadas las visitas de familiares a solo una vez al mes. El 3 de septiembre el tribunal habría autorizado que recibiera atención del médico especialista, pero según lo informado, todavía no se habría permitido su traslado a tal efecto.

Al respecto, según información allegada por el Foro Penal Venezolano, tres funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar habrían acudido a la casa de Luis Armando Betancourt, abogado FPV, que ha representado gratuitamente a varios de los estudiantes detenidos en las protestas. Adicionalmente, la abogada Liliana Cuza habría sido detenida por un corto tiempo al arribar a la sede de la Guardia Nacional donde se encontraban estudiantes detenidos. La abogada habría sido obligada a retirarse del lugar y se le habría negado visitar a los detenidos. Adicionalmente, la abogada Tamara Sujú, coordinadora de asuntos internacionales del FPV, habría sido citada al SEBIN para rendir declaración sobre un caso en el que presuntamente no estaría involucrada. La abogada habría recibido dicha citación un día después de presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas.

También varios abogados del FPV a nivel regional habrían sido acosados o amenazados. Así por ejemplo, la Coordinadora del Estado Zulia, Celia Dao, habría sido trasladada a la sede del SEBIN por funcionarios de este cuerpo, quienes la habrían interrogado sobre las actividades del FPV y sus directores. Por otro lado, Omar Ernesto Silva Martínez, denunció que desde el mes de septiembre ha recibido siete llamadas amenazantes presuntamente relacionadas con su labor como defensor privado del estudiante Lorent Saleh, Director de la Organización Operación Libertad, quien actualmente está privado de libertad en la sede del SEBIN y siendo juzgado por los presuntos delitos de “divulgación de información falsa, “intimidación del orden público” y “expedición indebida de certificación falsa” . Esta organización estaría compuesta por aproximadamente 200 abogados en todo el país, con coordinaciones en todos los estados y 1200 activistas de derechos humanos, quienes han prestado asistencia jurídica en más de 2500 casos de personas detenidas por protestar.

El 7 de mayo el Presidente de la Organización “Un Mundo sin Mordaza” Rodrigo Diamanti habría sido detenido por funcionarios SEBIN en el aeropuerto de Maiquetía cuando se dirigía a presentar un informe de derechos humanos en el exterior. Esta organización también trabaja con casos de personas detenidas y presuntamente torturadas en el contexto de las protestas en el país. Diamanti habría permanecido detenido durante tres días y posteriormente habría sido liberado. Adicionalmente, la sede de la organización habría sido allanada por funcionarios del SEBIN esa madrugada por funcionarios del SEBIN, quienes habrían registrado sus equipos.

El 13 de febrero de 2014, Humberto Prado, Director del OVP habría sido nuevamente objeto de una campaña difamatoria por parte del Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quien lo habría acusado de formar parte de un plan de conspiración que tendría por objetivo la perpetración de un golpe de Estado y de recibir financiamiento internacional para desestabilizar las cárceles venezolanas. Cabe destacar que Humberto Prado es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos humanos mediante resolución de 24 de febrero de 2009.

El 2 de mayo el Ministro de Interior, Justicia y Paz, en rueda de prensa transmitida por cadena nacional de radio y televisión, señaló a Humberto Prado, Director del OVP; Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión, así como a Gonzalo Himiob y Tamara Suju abogados del Foro Penal Venezolano, de ser actores de un supuesto plan de insurreccional y conspirativo en contra del gobierno. Ante estas declaraciones las organizaciones de derechos humanos exigieron se respetase la labor que realizan.

El 12 de mayo el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el programa de televisión del canal del Estado VTV “Con el mazo en la mano” habría acusado a 14 personas de conspiradores que serían puestas a la orden de la justicia venezolana. Entre los acusados habría señalado a Alfredo Romero, Director del FPV.  Por otra parte se tuvo conocimiento que durante el programa del 6 de noviembre de 2014 el Presidente de la Asamblea Nacional habría emitido declaraciones en contra las organizaciones que asistieron a las audiencias ante Comité contra la Tortura de Naciones Unidas entre las personas señaladas figurarían el Director del OVP Humberto Prado y el Coordinador General de PROVEA, Marino Alvarado. Asimismo habría señalado que la ONG Espacio Público “es una de las 12 ONG que impulsan con intereses ocultos denuncias de torturas y tratos crueles contra el gobierno venezolano”. Seguidamente se habría referido al Director de la ONG, Carlos Correa, como “amigo de los prófugos de la justicia venezolana”.

Adicionalmente, se tuvo conocimiento de las declaraciones del diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Henry Ventura, en contra la Organización StopVIH en el marco de la discusión de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus Familiares. El diputado habría señalado que debía investigarse a dicha organización por el incremento de VIH en el país. Adicionalmente, el diputado habría acusado a la organización de causar zozobra por presentar cifras de mortalidad, de mantener una actitud terrorista y de ser financiada por el Gobierno de Estados Unidos. La organización ha venido denunciado el desabastecimiento de antirretrovirales para tratar la infección por VIH y de reactivos para la realización de pruebas especiales para el monitoreo y control de la epidemia, que se registra en el país. Adicionalmente, según información pública disponible, en el foro de la página de noticias Reporte Confidencial se habrían publicado una serie de amenazas y ataques públicos en contra de Jonathan Rodríguez, presidente de la organización StopVIH.

[1] Daniel Ceballos y Enzo Scarano, respectivamente.