Corrupción
El desafío de combatir a la corrupción internacional en un escenario de globalización creciente subsidió a la concepción de la Convención sobre el Combate a la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
En el día 17 de diciembre del 1997, la Convención fue firmada por los Estados Miembros de la OCDE, a los cuales se sumaron Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile y Eslovaquia. La Convención entró en vigor en el 1999. En Brasil, la Convención fue ratificada en el 15 de junio del 2000, y promulgada por el Decreto no. 3.678 de 30 de noviembre del 2000. El principal objetivo de la Convención es el de prevenir y combatir el delito de corrupción de funcionarios públicos extranjeros en la esfera de transacciones comerciales internacionales.
La definición de la palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede darse en cualquier contexto, en este caso se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político.
Legislación internacional:
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
El principal instrumento internacional sobre la corrupción es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el 2003 por la Asamblea General. Con su entrada en vigor en el 14 de diciembre del 2005, la Convención se tornó el primer instrumento jurídico anticorrupción que establece reglas vinculantes a los países signatarios. La Convención ofrece un camino para la creación de una respuesta global a un problema regional.
Convención Interamericana contra la Corrupción
En la esfera de actuación de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana contra la Corrupción fue firmada en el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela. En Brasil, fue aprobada por el decreto legislativo de número 152, de 25 de junio del 2002, y promulgada por el decreto presidencial 4.410 de 7 de octubre del 2002.
Convención sobre el Combate a la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)