Amnistía
Según el documento sobre los “Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto de la Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, se designa con la palabra amnistía las medidas jurídicas que tienen como efecto:
- La posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o
- La anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada. Las amnistías no impiden que se haga efectiva la responsabilidad jurídica respecto de una conducta que todavía no ha tenido lugar, que constituiría una invitación a violar la ley.
La amnistía (del griego amnestia, olvido), es un instrumento jurídico que es en carácter de Ley expedida por el poder Legislativo y que tiene por efecto, la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada.
Luego de las rupturas constitucionales y los enfrentamientos internos ocurridos en América Latina durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, en algunos países se dieron las circunstancias políticas para dictar “leyes de amnistía”, caso de Argentina, Uruguay, El Salvador y Perú.
En Argentina y Uruguay se dictaron durante los primeros años del primer Gobierno democrático luego de la dictadura. En el caso de Perú, el Gobierno de Fujimori, dictó las Leyes de Amnistía el 14 de junio de 1995.
En El Salvador, como parte de los Acuerdos de Paz, se creó una Comisión de la Verdad, cuya acción fue minimizada con la aprobación de Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz.
Según la CIDH, los casos de Argentina y Perú son los que mejor muestran el efecto positivo ya que en ambos casos, la CIDH, los Estados y la sociedad civil se entrecruzaron en un diálogo que permitió a las víctimas y familiares encontrar un espacio donde fueran escuchados.
