La memoria puede plantearse como un legítimo derecho individual y colectivo, reconocido jurídicamente, que puede ser entendido como el derecho a entender y elaborar el pasado. De esta manera, la memoria resulta necesaria en el campo de la justicia, en tanto, del conocimiento de la verdad del delito, de su difusión pública y de la preservación del recuerdo de la víctima, depende en alto grado que la impunidad no se prolongue en el tiempo. Ver más

En este sentido, el derecho a la memoria hace parte de los derechos que continúa teniendo el individuo después de su muerte. Dentro de este contexto, autores como Felipe Gómez Isa, han sostenido que “la memoria se ha convertido en una categoría ético- filosófica, política y jurídica, convirtiendo al recuerdo en un auténtico deber moral, en un antídoto contra la barbarie y el olvido en que han caído muchas veces las víctimas de las violaciones de los derechos humanos más básicos”.

Existe, de forma clara, un derecho a la memoria que ha sido desarrollado por la jurisprudencia internacional protectora del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a través de la emisión de órdenes para la elaboración y ejecución de políticas de memoria de carácter público mediante ceremonias, monumentos y otras manifestaciones de reconocimiento a las víctimas. Dicha política de la memoria cumple principalmente dos funciones: la creación de una conciencia o memoria colectiva para evitar la repetición de los hechos y la reparación a las víctimas, a través de su recuerdo, para evitar que se posibilite el olvido que se traduce en impunidad.

“El derecho a la memoria”, Gómez Isa, Felipe (Dir.), Gipuzkoa, Alberdania, 2006. “La memoria, la historia y el olvido”, México, Fondo de Cultura Económica, 2000. Ver más…