Informe CIDH 2006

-2006-

En su informe anual 2006, la Comisión señaló el cuestionamiento del Estado, sobre las fuentes de información utilizadas por la CIDH para elaborar el informe señalando que son “parcializadas o incompletas para la verificación de algunas de las temáticas analizadas por la Comisión”. Al respecto la Comisión ha señalado, no sólo en el caso venezolano sino en general que la información utilizada para la elaboración de sus informes se obtiene de diversas fuentes de información tales como prensa, información remitida por organizaciones de la sociedad civil venezolana, información de organizaciones internacionales e información presentada por el propio Estado en audiencias o solicitudes de información relacionadas con casos y medidas cautelares.

En este sentido, la Comisión reitera como lo seguirá haciendo en adelante la importancia y necesidad de una visita in loco a Venezuela, la cual ha sido negada por Venezuela desde 2002, y que sería fundamental para confrontar la información con la realidad.

El informe 2006, nuevamente la Comisión cuestiona la ausencia de garantías de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y del Ministerio Público. Así como afectaciones a la libertad de expresión, también relacionadas con el contexto político que incluyeron agresiones a trabajadores de medios de comunicación en el contexto de las campañas electorales de este año.

El año 2006 estará marcado por las elecciones presidenciales, en las cuales resultó reelecto el Presidente Hugo Chávez. En el marco del proceso electoral de 2006, la Comisión “saluda la significativa y pacífica participación de la ciudadanía venezolana en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006 que dieron como resultado la reelección al Presidente Hugo Chávez Frías”. Sin embargo, la Comisión señala que durante 2006 recibió quejas de trabajadores públicos “donde se indica que son presionados a asistir a actos del oficialismo con indumentaria que los identifiquen con el partido de gobierno bajo la posible amenaza de despido de no cumplir con las demandas de sus superiores”. Estas quejas incluyeron presiones en sus lugares de trabajo en contexto de la campaña electoral de diciembre de 2006.

Adicionalmente, aparece un patrón de ataques y restricciones al trabajo de la sociedad civil, relacionado con la percepción de oposición al gobierno, caracterizado por iniciativas legislativas y declaraciones de voceros oficiales estigmatizantes.

En particular, en el marco de la discusión sobre el anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional, un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintos temas habían hecho pública su oposición al proyecto de referencia en ejercicio de su derecho a participación en el proceso legislativo. Sin embargo, en sesión de la Asamblea Nacional de 13 de junio de 2006, donde se llevó a cabo la primera discusión de dicho anteproyecto, varios diputados se refirieron a las organizaciones como «golpistas» que «tienen fachadas de ser defensoras de derechos humanos y lo que hacen es recibir financiamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos para conspirar contra la República Bolivariana de Venezuela y contra la soberanía de nuestro pueblo». La Comisión se pronunció sobre este “cuestionable acontecimiento”.

 

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