-2015-

Los eventos más resaltantes, para el año 2015 y que marcan elementos del agravamiento de la crisis política en Venezuela, incluirían: el reforzamiento de la posición negativa de Venezuela frente a decisiones del sistema interamericano de derechos humanos; el decreto de estado de excepción en las zonas fronterizas, el cierre de fronteras y el evento de desalojos y expulsión arbitraria de un alto número de ciudadanos de nacionalidad colombiana, que harán parte de la nueva estrategia de seguridad ciudadana implementada en 2015, denominada “Operaciones de Liberación del Pueblo” que profundizan la militarización de la seguridad ciudadana Además, se realiza un cuestionable “Plan nacional de derechos humanos”.

En el informe 2015, se presentan señales de la severa escases de insumos médico y alimentos, que se agravará en los años siguientes; conforme se agrava la crisis política, las decisiones oficiales comienzan a incidir aún más negativamente sobre otros derechos como los económicos sociales y culturales, al tiempo que los procesos de discriminación por motivos políticos se agravan. A este respecto la Comisión señaló:

En materia de Derechos económicos, sociales y culturales (DESC), si bien la Comisión habría reconocido y valorado los avances alcanzados en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales a través de políticas y medidas dirigidas a subsanar las falencias en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales que aquejan a vastos sectores de la población venezolana.  La Comisión señala su preocupación en los ámbitos del derecho a la alimentación y a la salud.

Respecto al derecho a la alimentación, la Comisión señaló “que la escasez de alimentos habría ocasionado que la población se abarrotara en supermercados y centros de distribución de alimentos para tratar de obtener alguno de los productos básicos que escasea.  Esto, a su vez, habría dado lugar a disturbios entre la población y como medida el Gobierno venezolano habría anunciado que el ejército y los cuerpos policiales custodiarían estos lugares para evitar más disturbios y para que la población se sienta más segura.”

La Comisión, también manifestó preocupación por “el impacto de la escasez de bienes básicos (alimentos, leche, fórmulas infantiles, medicamentos, etc.) en la infancia, particularmente en relación a la nutrición esencial para la primera infancia, lo cual pone en riesgo la salud de los NNA venezolanos.  El Comité de DESC de la ONU ha señalado que el alza súbita de precios alimentarios, debido a la inflación de la moneda, puede imponer serios daños al derecho humano a la alimentación en Venezuela. Las faltas de alimentos necesarios en la primera infancia preocupan considerablemente, en especial la escasez de leche maternizada”.

En relación al derecho a la educación, la Comisión reflejó que “desde el año 2001, el país habría dado inicio a un proceso de transformación de la educación, denominado “modelo comunal”, el cual incorpora tendencias sociales, organizativas y académicas que serían incompatibles con los tratados de derechos humanos[1] ratificados por Venezuela y la Constitución, y que además habría sido rechazado por la población en el referéndum del 2007.

Respecto a las elecciones celebradas el 7 de diciembre de 2015, la CIDH reflejó que: “el CNE reportó los resultados finales concediendo a la MUD 109 curules (65,27%); al PSUV, 55 (32,93%); y 3 (1,80%) a la representación indígena de las regiones Occidente, Oriente y Sur, obteniendo así la oposición venezolana la mayoría calificada en el ente legislativo nacional.”

Finalmente, el 2015 en vista de los resultados de las elecciones parlamentarias, donde la oposición, ganó la mayoría calificada de los escaños en la Asamblea Nacional, ocurrirán una serie de medidas que seguirán agravando la crisis política en los años siguientes, entre ellas la sustitución anticipada de un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sin cumplir las formalidades constitucionales, empeorando el problema de debilidad del estado de derecho en Venezuela.

Conforme reseñó la Comisión:

“Al hacerse públicos los resultados electorales, varios fueron los anuncios dados por el Gobierno, destacándose la anunciada restructuración del gabinete ministerial, la designación de la ex jueza Susana Virginia Barreiros Rodríguez [Jueza del caso Leopoldo López] como Defensora Pública General, la instalación del Parlamento Comunal, la designación de 12 magistrados del TSJ, la presunta investigación de supuestas irregularidades cometidas por la oposición política en las referidas elecciones , entre otros.”

La postura del estado frente al Sistema Interamericano

La Comisión reseñó en 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reafirmó su cuestionable criterio de considerar “inejecutable” una sentencia de la Corte IDH, en este caso se refería a la decisión correspondiente al caso Granier y otros contra Venezuela (Radio Caracas Televisión), reafirmando el criterio que “la actuación de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, atentan contra la soberanía nacional.”

Así, las cosas organizaciones de derechos humanos denunciaron, que defensores y defensoras de derechos de personas LGBTI que son críticos del Gobierno, son víctimas de represalias por parte del Gobierno y la organización estaría siendo considerada subversiva, por su acceso a la Comisión. Este patrón se verá reflejado en varias de las formas de hostigamiento contra defensores.

Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019

La Comisión señaló el anuncio público, de la elaboración de un “Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-2019”, si bien la CIDH “considera como un aspecto muy positivo que Venezuela se plantee como objetivo promover y afianzar su participación en los sistemas internacionales de derechos humanos (…)” también lamenta que no se hagan referencias a las obligaciones del Estado en el ámbito del sistema regional de protección de derechos humanos.” Así mismo señala que dicho plan “insiste en que el marco de aplicación de los tratados internacionales debe ser con base en la Constitución Nacional; sin embargo, el derecho internacional de tratados indica claramente que las obligaciones internacionales no están sujetas al derecho interno”.

Por otro lado, la CIDH también señala las observaciones de las organizaciones de la sociedad civil, respecto que la propuesta de Plan Nacional: “al ser redactada sin una amplia participación de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos del país, deja de lado un elemento fundamental del proceso que es la consulta exhaustiva (…) Consideramos que sin dicha participación esta propuesta es excluyente y contradice el sentido de cualquier Plan de Derechos Humanos violando el derecho fundamental a la participación.”

Militarización de la seguridad ciudadana

En julio de 2015 el Estado anunció su nuevo plan de seguridad destinado a combatir “el crimen y el paramilitarismo” en Venezuela, denominado “Operación Liberación y Protección del Pueblo” (OLP). Según reseñó la CIDH dicho plan comprendería el establecimiento de los estados de excepción en la zona fronteriza y la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en las operaciones.

Estado de Excepción

La Comisión señaló que el Presidente Maduro decretó el 21 de agosto la militarización y cierre de la frontera con Colombia en el área correspondiente al estado Táchira, por 72 horas, “luego de que tres miembros del Ejército y un civil resultaran heridos en enfrentamientos con y supuestos contrabandistas.  Dicho plazo fue luego prolongado “hasta nuevo aviso”.

La Comisión además señaló que:

“El 21 de agosto de 2015, el Presidente de la República, mediante Decreto No. 1.950, dictó el estado de excepción en “[…] los municipios de Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado de Táchira”, “como parte de las medidas para reestablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana”, por 60 días y prorrogable por 60 más.  El decreto establece que el objetivo del estado de excepción es “atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a diversas escalas para impedir la extensión o prolongación de sus efectos y garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos afectados por estas acciones”.

El cierre de frontera y los operativos militares en el contexto de la OLP, resultó en “la destrucción de viviendas de nacionales colombianos que residían en Venezuela y la deportación arbitraria de colombianos. Conforme información de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Colombia, “desde el 22 de agosto, en 4 días se habría deportado/repatriado 1088 personas colombianas.  Esta situación, a su vez generó una grave crisis humanitaria.  Al respecto, la Cruz Roja colombiana estimó que 4.260 personas adicionales habrían retornado a Colombia de forma espontánea en el marco de esta situación.  En este contexto se reportaron una serie de violaciones a los derechos humanos, como maltrato durante las detenciones y desalojos forzosos.”

Luego del cierre de la frontera, el 19 de agosto de 2015, la CIDH solicitó autorización a los Estados de Colombia y Venezuela, para realizar una visita a la zona, recibiendo la respuesta afirmativa de Colombia, por lo que la visita sólo pudo realizarse en dicho país. De los resultados de dicha visita la Comisión pudo monitorear entre el 11 y 12 de septiembre de 2015 “la situación de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo de nacionalidad colombiana que fueron deportados o que retornaron a Colombia.  La CIDH pudo constatar la crisis humanitaria en la que se encontraban las personas deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor, y la situación que estaban viviendo en Venezuela. La Comisión recibió información preocupante sobre la forma en la que se realizaron las deportaciones desde Venezuela, incluyendo las expulsiones colectivas, la cual muestra la inobservancia a múltiples derechos humanos.

Entre los patrones detallados por la CIDH se encuentran:

• La persecución y criminalización de la disidencia política
• El respeto y garantía a la libertad de expresión; y
• El derecho a defender derechos de los y las defensoras de derechos humanos.
• Anomalías y falta de independencia por parte del CNE.

En materia de garantías para la independencia judicial, el debido proceso legal y el acceso efectivo a la justicia, la Comisión ha reiterado su preocupación por “el procesamiento de la jueza María Lourdes Afiuni, al igual que las destituciones de jueces provisionales, presuntamente por haber adoptado decisiones desfavorables al Gobierno, hayan impactado de forma negativa en la independencia de los demás jueces.” Así mismo en este patrón se inscribe el uso de la justicia contra opositores políticos.

La CIDH, señala la sentencia contra el señor Leopoldo López, emanada del Tribunal 28 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, a la cabeza de una jueza provisional,[2] como culpable de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional, asociación para delinquir, y se le sancionó con más de 13 años 9 meses de prisión.

En el mismo caso del señor Leopoldo López fueron condenados, también por hechos ocurridos durante las protestas de 2014:

Christian Holdack, a más de 10 años y 6 meses por los delitos de incendio y daños, instigación pública y agavillamiento;

Demian Martin García y Ángel de Jesús González, a 4 años y 6 meses por el delito de instigación pública.

La Comisión se refirió además a la situación del señor Daniel Ceballos, detenido en marzo de 2014. Ceballos fue “condenado [en única instancia] a 12 meses de prisión por desacato a la medida ordenada por el TSJ de impedir la colocación de barricadas durante las protestas, mediante una sentencia que la oposición identifica como “condena express” luego de una sesión de 8 horas de duración.  Al cumplirse los 12 meses de prisión inicialmente ordenados por el TSJ, este informó que Ceballos continuaría recluído, ahora en forma preventiva, mientras se realiza el juicio por rebelión y asociación para delinquir.

Además, la Comisión señaló que “el 12 de febrero de 2015 un grupo de más de 30 agentes estatales, fuertemente armados, vestidos de negro y con pasamontañas, irrumpieron en las celdas donde se encontraban detenidos Leopoldo López y Daniel Ceballos en el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL) conocido como “Ramo Verde”.  Los agentes, quienes vestían uniformes con las iniciales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, habrían destruido y requisado pertenencias personales, para luego trasladarlos a celdas de castigo.

El 19 de febrero de 2015, agentes del SEBIN fuertemente armados detuvieron al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un operativo en el que allanaron sus oficinas sin orden judicial de detención.

En marzo de 2015 fue destituido Enzo Scarano, alcalde de San Diego en el estado Carabobo, y condenado a 10 meses de prisión mediante una sentencia emitida por el TSJ, [en única instancia] luego de concluido un procedimiento catalogado por líderes de oposición como “sesión express”.

El 23 de mayo de 2015, Daniel Ceballos fue trasladado desde “Ramo Verde” a una cárcel común ubicada a unos 150 kilómetros de Caracas, por lo cual dio inicio a una huelga de hambre, la cual levantó el 11 de junio.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

En julio, la Contraloría General de la República nuevamente[3] emitió una serie de resoluciones administrativas de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra dirigentes opositores. Dichas resoluciones fueron dictadas contra

María Corina Machado, Enzo Scarano y Daniel Ceballos por 12 meses; y

Pablo Pérez por 10 años.

Estigmatización y descalificación de personas percibidas o identificadas de la oposición

El 25 de noviembre de 2015, el dirigente de oposición Luis Manuel Díaz, Secretario General del partido opositor Acción Democrática en el Estado Guárico, fue asesinado en Altagracia de Orituco durante un acto de campaña electoral para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.[4]

El derecho a la protesta social

La Comisión reflejó cifras del Observatorio de Conflictividad Social (OVSC), de acuerdo con las cuales habría un incremento sólo en el mes de enero de 14% de protestas, señalando además que “la motivación de estas protestas estaría más relacionada al rechazo a la escasez de alimentos, medicinas, y productos de higiene (28%); derechos laborales (22%); seguridad ciudadana, detenciones arbitrarias y derecho a la justicia (15%); rechazo al Gobierno (6%); y exigencias educativas (3%).”

La Comisión señaló además que respecto a las protestas ocurridas en el año 2014 donde 43 personas resultaron fallecidas y miles detenidas entre las cuales fueron enunciadas varios casos de tortura y otras formas de trato cruel, la sociedad civil aportó información “según datos del Ministerio Público, en el 85,3% de los casos iniciados por denuncias de presuntas torturas, no se continuó el proceso y no contaron con actos conclusivos. Consideraron, por lo tanto, que esto ha generado un marco institucionalizado de impunidad.”

Igualmente, la Comisión señaló que según información del Foro Penal Venezolano (FPV), hasta el 31 de mayo de 2015 se registraron 3.758 detenciones e indicaron que de dicho número, 296 fueron privados de libertad por orden de un tribunal y estuvieron o están privados de libertad y las demás personas estuvieron detenidas entre 1 y 4 días, siendo puestas en libertad por orden judicial. Asimismo, se reportó que “a mayo de 2015 2,048 personas se encontraban en libertad restringida o bajo medidas cautelares; que 767 personas detenidas les fue otorgada la libertad plena; y que al menos 638 personas fueron puestas en libertad sin haber sido presentadas ante un tribunal.  Reportó además que para el 31 de mayo de 2015 se mantenían 31 personas encarceladas como consecuencia de las manifestaciones y otras 46 por motivos políticos”.

El 24 de febrero, el estudiante Kluibert Roa, de 14 años de edad, recibió un disparo en la cabeza en una protesta que devino en enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de seguridad del Estado en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira.  La información recibida indica que Kluibert Roa no participaba de la protesta.  El Ministerio Público informó de la detención de un agente policial por estos hechos, y anunció la apertura de una investigación.[5]

Agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación

La Comisión, señala que “durante 2015, se registraron numerosas agresiones contra periodistas que cubrían manifestaciones, protestas por escases de productos, o las filas que las personas hacían frente a supermercados para poder comprar alimentos y demás productos para el hogar. Le sucedió a periodistas de Televen, Globovisión, Canal 11, Contrapunto, InfoVzla, El Nuevo País, Nueva Prensa de Oriente, Últimas Noticias, La Mañana, Diario Visión Apureña, El Norte, En Pauta y NTN24, entre otros. En algunas de esas ocasiones los reporteros fueron detenidos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo integrante de las Fuerzas Armadas, que en algunos casos también destruyeron el material grabado o fotografiado.”

Pableysa Ostos, periodista del diario Notidiario del estado Delta Amacuro, denunció que fue hostigada por concejales del municipio Casacoima el 21 de enero, por un artículo que había publicado días antes.

El 18 de febrero un equipo del programa Zurda Konducta fue atacado por un grupo de personas durante una manifestación en Caracas por el encarcelamiento del dirigente político opositor Leopoldo López.

El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales Briceño, fue detenido el 6 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), luego de que denunciara en medios de comunicación la carencia de insumos básicos en centros de salud. Fue puesto en libertad unas horas después de su detención.

En otro caso, periodistas del canal de televisión VerTVNoticias.com fueron retenidos por dos horas el 20 de febrero en la sede del Sebin cuando cubrían la noticia de la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El periodista Luis Córdoba, del diario El Tiempo, denunció haber sido “salvajemente golpeado” por efectivos de la Policía Municipal de Anaco y de la Policía Nacional Bolivariana el 30 de abril mientras cubría una protesta frente a la alcaldía del municipio de Anaco, estado de Anzoátegui.

El periodista Saúl Acevedo denunció que el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, ordenó una campaña de desprestigio en su contra desde la cuenta en Twitter de la Gobernación. El 25 de mayo se publicaron mensajes en ese perfil que aseguraban que el periodista ordenó una quema de unidades de transporte público.

El camarógrafo Alejandro Ledo y la periodista Elena Santini, del equipo de prensa de la alcaldía del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado de Aragua, fueron golpeados y lanzados desde un segundo piso el 2 de junio por un grupo de funcionarios presuntamente afines al oficialismo que protestaban contra el alcalde. Los manifestantes irrumpieron en la sede del gobierno local e intentaron quitarle la cámara a Ledo, que estaba registrando la protesta.  periodista Pedro Hjansser de la oficina de prensa de la Alcaldía, también fue golpeado. Un año y medio antes, Ledo había sido operado de la columna luego de ser atropellado en una manifestación.

Gabriela Di Giancaterino, periodista del diario La Nación, fue detenida el 19 de junio por tomar fotos durante procedimientos contra el contrabando en la ruta que une San Cristóbal con San Antonio, en el estado de Táchira, en la frontera con Colombia. La reportera fue trasladada a un puesto militar donde permaneció por más de una hora y donde le advirtieron que podía tener consecuencias legales.

Al periodista Pedro Carvajalino, conductor del programa “Zurda Konducta”, del canal estatal VTV, le hackearon su cuenta de Twitter el 10 de agosto, lo insultaron y amenazaron con eliminar su usuario de la red social.

La cuenta de Twitter de la periodista Ibéyise Pacheco también fue hackeada el 12 de agosto.

El 26 de agosto al periodista Damián Prat, fue acusado pro el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello de estar vinculado con un supuesto plan para desestabilizar al gobierno. “Wilson Castro, dirigente de Primero Justicia en el Estado de Bolívar, (…) junto al concejal Julián Briseño, el periodista Damián Prat, Igor Naranjo Rojas y Muhamad Yusef Díaz, actualmente se están realizando reuniones muy secretas en El Callao (…) dirigidas por el concejal de Voluntad Popular, Luis Espinoza. (…) Impulsarán acciones de calle en toda Guayana, con el argumento de supuesto desabastecimiento de productos alimenticios”, dijo el alto funcionario.

La reportera de FM Center Ingrid Bravo Balabú dijo haber sido despedida el 27 de enero “por presiones del Gobierno” tras cubrir una marcha opositora en Caracas días antes.

La periodista Sugeidy Parra dijo que un artículo que había escrito para el diario Notitarde, donde trabajaba, sobre un homenaje a una estudiante asesinada en una manifestación, fue censurada en el periódico.

El diario Últimas Noticias le pidió al periodista Víctor Amaya que renunciara a su cargo por lo que, según le manifestaron las autoridades, era una “reducción de costos”. El trabajador dijo creer que el motivo real fue que una nueva administración del periódico no quería publicaciones críticas del gobierno. También Últimas Noticias despidió al periodista Jesús Hurtado pese a tener fueros sindicales.

El programa “Al Rojo Vivo”, de Radio Anaco y 104.3 FM en el estado de Anzoátegui, fue cancelado el 25 de marzo luego de 18 años al aire. De acuerdo a un grupo de vecinos de Anaco, ese programa era uno de los pocos espacios donde se hablaba de los problemas de la comunidad.

La periodista Eliana Andrade fue despedida del programa de opinión “Polos Encontrados”, transmitido por la televisora TVS, del estado de Aragua, luego de criticar en Facebook un comentario negativo sobre el cambio en las políticas para la adquisición de divisas. De acuerdo a su relato, en la emisora le dijeron que no podía “ser más la imagen” del programa. Andrade reconoció que los comentarios que había hecho eran inapropiados

La periodista Geisha Torres denunció que el canal Tves, luego de haber acordado verbalmente con ella que firmarían un contrato laboral, decidió no contratarla porque, según declaró, circulaban unas fotos de ella junto al político opositor Henrique Capriles .

Mariana de Barros, periodista de Globovisión, fue despedida luego de que el 20 de mayo publicara en la cuenta de Twitter del canal información de un estudio que criticaba la cobertura del medio sobre el encarcelamiento del político opositor Leopoldo López. Según dijo la periodista, la noticia había sido publicada en la web del canal y le habían encargado tuitear sobre ese informe.

La periodista Génesis Arévalo fue despedida el 10 de junio del diario La Verdad, del estado de Vargas, luego de publicar un artículo sobre presuntas irregularidades en la construcción de un estadio. Según la versión de la reportera, el gobernador del estado pidió que la despidieran. La Verdad fue clausurado en forma temporal el 12 de junio por el gobernador de Vargas, quien alegó que el medio debía cumplir con las obligaciones impositivas y de otros entes estatales. El domingo 14 retomó su circulación.

La humorista Vanessa Senior denunció que fue despedida del canal de televisión Canal-i tras publicar unos videos en los que se quejaba de la escasez y de las restricciones para adquirir ciertos productos.

El diario El Universal fue acusado de censurar dos columnas escritas por el defensor de derechos humanos Rafael Garrido, quien había escrito un artículo en marzo sobre declaraciones contra funcionarios homosexuales por parte de un diputado y otro en junio que denunciaba la falta de protección estatal para lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en Venezuela .

El periodista y locutor Manuel Naveda informó de la salida del aire el 31 de julio de su programa “Al Son de la Kalle”, de La Kalle 107.3 FM, del estado de Falcón, presuntamente por cuestionamientos al gobierno de su municipalidad. “Lo único que he hecho es dar a conocer las denuncias emitidas por los radioescuchas”, dijo.

La CIDH además, solicitó al Estado venezolano el 9 de noviembre la adopción de medidas cautelares a favor de Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional; Alberto Federico Ravell, director de La Patilla, y su hija Isabel Cristina Ravell; y Teodoro Petkoff, director de Tal Cual, tras una serie de hostigamientos iniciados por funcionarios contra esos medios y sus directivos, caracterizadas como ”reiteradas declaraciones estigmatizantes realizadas por altos funcionarios, actos de seguimiento y vigilancia, procesos penales y civiles expeditos por difamación iniciados por Cabello, prohibición de salir del país, prejuzgamiento de parte del TSJ y embargo de inmuebles.”

La defensa de los derechos humanos y la situación de defensores y defensoras de derechos humanos

Durante 2015, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de varios defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela:

Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes del FPV, y

Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora regional del Foro Penal Venezolano (FPV) del estado Táchira

Marco Antonio Ponce, director del OVSC

José Vicente Haro y Pierina Alejandra Caposeo, abogados defensores de personas privadas de libertad por motivos políticos; y

Marino Alvarado, Rafael Uzcátegui, Esperanza Hermida e Inti Rodríguez de PROVEA.

En todos estos casos, fue alegado que “se encontrarían en riesgo en vista de sus actividades como defensores de derechos humanos y una serie de presuntas amenazas, declaraciones estigmatizantes u hostigamientos realizados por funcionarios del Estado.”

Agresiones, amenazas, hostigamiento y criminalización

La CIDH fue informada que entre el 20 y 23 de marzo, tras su regreso de Washington D.C. a Venezuela, las y los defensores habrían sido vigilados, seguidos, fotografiados y filmados con celulares por sujetos no identificados en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Venezuela.  En el portal de Internet de Radio Sur TV y del programa “Con el mazo dando”, se publicó la fecha y la hora de llegada al aeropuerto de Caracas de varias personas que participaron en las audiencias y otros eventos de la CIDH.  Entre las y los defensores señalados se encontrarían

Francisco Valencia, Luisa Rodríguez y Feliciando Reyna, de la Coalición de organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida);

Yonatan Matheus y Quiteria Franco, de la Red LGBTI de Venezuela;

Marianella Balbi, directora del Instituto Prensa y Sociedad (IPyS);

Rafael Uzcátegui, Coordinador General de PROVEA;

Marco Ponce del OVCS; Ligia Bolívar, (CDH UCAB);

Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC); y

Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

El 27 de mayo de 2015, el Coordinador de PROVEA, Rafael Uzcátegui y el director general de Espacio Público, Carlos Correa habrían denunciado ante el Ministerio Público la intervención ilegal de las comunicaciones privadas de ambas organizaciones por parte de altos funcionarios del Gobierno nacional por considerar que dicha información únicamente habría podido ser obtenida mediante la intervención de sus comunicaciones privadas.  Los defensores de derechos humanos de dichas organizaciones habrían solicitado que les fuera informado si existe una investigación en contra de las organizaciones que haya autorizado que un tribunal emitiera orden judicial de interferir con sus comunicaciones y de no existir dicha orden solicitaron el inicio de una investigación en contra de Diosdado Cabello por violación del artículo 48 de la Constitución.

El 21 de octubre de 2015, el programa “Con el mazo dando” habría señalado a los defensores participantes en las audiencias sobre Venezuela, como personas que “no tienen patria” ya que “se la pasan viajando y hablando mal de su país.”  Como parte de dicho programa, se habría divulgado información específica sobre sus reuniones, su ubicación, fechas de regreso al país, detalles sobre sus oficinas en Venezuela, y fotografías de los participantes en el aeropuerto de Caracas.  En este evento fueron señalados:

Tinedo Guía (Colegio Nacional de Periodistas);

Liliana Ortega (COFAVIC);

Marco Ponce (OVCS);

Marino Alvarado e Inti Rodríguez (PROVEA);

Carlos Correa (Espacio Público); Humberto Prado (OVP);

Marianela Balbi (Libertad de Expresión y Periodismo de Investigación); y

Mercedes de Freitas (Transparencia Venezuela).

Asimismo, la Comisión tomó conocimiento que el 21 de agosto de 2015, el Presidente de la República, habría reiterado en una alocución a través del sistema nacional de medios públicos, los ataques contra Marino Alvarado y PROVEA. La Comisión tomó conocimiento del presunto robo y agresiones sufridas por el defensor de derechos humanos Marino Alvarado, ex coordinador general de PROVEA y su hijo de 9 años de edad, el 1ᵒ de octubre de 2015.

 

[1] Los peticionarios indicaron que el nuevo modelo presenta, entre otras, las siguiente problemáticas: i) resulta discriminatorio contra aquellos padres que desean educar a sus hijos bajo una corriente de pensamiento diferente a la socialista; ii) el currículo que implementa no sería el oficial, puesto que este fue rechazado en 2008 por varios sectores de la sociedad, en razón de su contenido ideológico y por fallas académicas; iii) anula la actuación de las asociaciones de padres negándoles reconocimiento estatal y en su lugar impone figuras organizativas que incorporan grupos político-partidistas en la gestión administrativa y pedagógica de la escuela; y iv) obliga a docentes a interrumpir sus actividades académicas para asistir a manifestaciones políticas pro gubernamentales bajo supuestas amenazas de separación del cargo.

[2] La Jueza Susana Barreiros, fue designada Defensora Pública Nacional, por la saliente mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, en diciembre de 2015.

[3] La CIDH habría dado cuenta de esta modalidad de restricción indebida de los derechos políticos en su informe anterior (2014). Sobre las cuales la Corte Interamericana se habría pronunciado declarándolas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Cfr. Caso Leopoldo López Mendoza versus Venezuela.

[4] La CIDH refleja la opinión del Presidente Maduro, quien indicó que “el asesinato habría sido un ajuste de cuentas entre dos pandillas rivales y, frente a los postulados del Secretario Almagro, [refiriéndose al comunicado de prensa del 26 de noviembre de 2015, el Secretario General de la OEA donde condenó tal hecho de violencia] lo llamó “basura” al haber brindado pronunciamiento sin haber transcurrido 12 horas de ocurridos los mismos.”. Pese a esto se incluye dadas las características en que ocurrió. Finalmente, a principios de diciembre de 2015 el Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Justicia informaron que habían sido detenidos los responsables de la muerte de Díaz, ratificando la tesis del sicariato.

[5] En el caso de Kluivert Roa, el agente de la Policía Nacional Bolivariana Javier Osias Mora Ortiz, fue condenado a 18 años por el homicidio de Roa, el 8 de mayo de 2015.