El Informe ONU/DDHH en Venezuela en el contexto de la Justicia Transicional

Marcos Gómez, Director de Amnistía Internacional Venezuela: “No es lo mismo que un Fiscal General de la República diga que tiene una persona presa por haber torturado, a que dé la buena noticia de que se eliminó el patrón que permitía la tortura”.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa: “La justicia venezolana ya no es funcional, ya no da las respuestas necesarias a las víctimas y, justamente la justicia transicional es la fórmula que existe a nivel de post-conflicto para dar respuesta a lo que serían las necesidades y demandas de las víctimas”.

El pasado 2 de octubre, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa tuvo una conversación (Ver Live Instagram) con Marcos Gómez, Director de Amnistía Internacional Venezuela para analizar el impacto del Informe de la Misión independiente de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La Misión llevó a cabo 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados/as, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Se examinaron, 2 mil 891 casos de violaciones de los derechos humanos en las cuatro (4) áreas de su mandato: a) Ejecuciones extrajudiciales; b) Desaparición forzada; c) Detención arbitraria, y d) Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La investigación desarrollada por la Misión Independiente de la ONU, es resultado de un mandato de la ONU, según la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019 (1).

“Lo que uno esperaría como respuesta del Estado, es algo de un nivel de responsabilidad que pueda desactivar el patrón que permite la tortura en el tiempo de detención preventiva, que es donde los organismos de seguridad son señalados de aplicar torturas”, comentó Marcos Gómez, Amnistía Internacional Venezuela.

Definitivamente, “es un paso más en el logro de un establecimiento de verdad de lo que ocurrió en Venezuela, de lo que viene ocurriendo desde el 2014. Todos sabemos que en el año 2013 el Estado Venezolano pretendió salirse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, al tomar esta decisión parece que se prepararon para un gran proceso de represión que fue el que vimos en el 2014 y 2017, lo que llevó a una reacción de la Organización de los Estados Americanos – OEA a denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional – CPI”,preciso el representante de Amnistía Internacional Venezuela.

Explica Gómez, que “este Informe es un paso muy importante porque establece cadenas de mando y señala ya a responsables, que normalmente por el Sistema de la Comisión y la Corte Interamericana, esto no ocurre, ya que esos sistemas de derechos humanos regionales establecen la responsabilidad del estado en su conjunto. Resalta que “en cambio, con este Informe, estamos hablando que toda la justicia internacional si procura establecer responsabilidades individuales y desactivar los patrones que lleva a que ocurran estas violaciones”.

Por su parte, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa, señaló que muchas organizaciones estamos trabajando e investigando para tener claro, cómo esa justicia transicional va a funcionar en nuestro país, cuando llegue el momento.

“Se preguntan por qué comenzar a transitar por este tipo de justicia? Porque Venezuela está pasando por una etapa del conflicto muy aguda y justamente cuando hablamos de transiciones hablamos de la justicia y de cómo vamos a responder a todas esas violaciones de derechos humanos”, comentó Cedeño. “La justicia venezolana ya no es funcional, ya no da las respuestas necesarias a las víctimas y, justamente la justicia transicional es la fórmula que existe a nivel de post-conflicto para dar respuesta a lo que serían las necesidades y demandas de las víctimas”, precisó.

En relación con el sistema de justicia venezolano, el Director de Paz Activa, señaló que en Venezuela existe “una justicia que está realmente comprometida en su funcionalidad, en sus lealtades y justamente la Justicia Transicional es lo que nos va a permitir de alguna manera soslayar esas grandes dificultades que tiene la justicia formal, de este sistema de justicia que esta hipotecado a intereses, al régimen”.

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Hay que considerar que este tipo de justicia trabaja en cuatro pilares fundamentales: 1. VERDAD, 2. JUSTICIA, 3. REPARACIÓN, y 4. Garantías de NO REPETICIÓN.

La denominada Justicia Transicional, nace para dar una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Son mecanismos que la justicia internacional pone a la disposición de países que dejan atrás períodos de conflicto y represión para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.

La reciente publicación de los resultados de una Misión independiente de la ONU en un Informe sobre DDHH, reafirma la necesidad de comenzar a tomar en consideración los mecanismos que nos ofrece la llamada Justicia Transicional o Justicia en Transición, que se remonta a la postguerra de la Segunda Guerra Mundial (1945-1950), época en la que hubo una etapa de transiciones hacia la democracia en el mundo.

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(1) En la resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela”) “para que investigue las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014, a fin de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. El Consejo de Derechos Humanos pidió a la Misión de determinación de los hechos que presentara un informe sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en su 45o período de sesiones, en septiembre de 2020.